BARCELONA.- La defensa de Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola, ha calificado la denuncia de Manos Limpias como un "ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades", aderezado con "rumorología" y con abstractas y gratuitas "conjeturas", que tienen como objetivo abrir una suerte de "causa general o 'inquisitio generalis'" contra ellos, algo que el Tribunal Constitucional "deplora".
Los
abogados del matrimonio, Cristóbal Martell y Alberto Carrillo, se
expresan así en el escrito en el
que solicitan el archivo de las diligencias previas abiertas en el
Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona puesto que el relato de
Manos Limpias es "inidóneo" para sustentarlas.
A su juicio, la denuncia de Manos Limpias esboza "brochazos" y
presenta un "deslavazado conjunto" de hechos heterogéneos, acusando a
los Pujol de cobrar comisiones a cambio de contratos de la Generalitat y
atribuyendo sus fondos residenciados en el extranjero a un "ejercicio
torcido y enriquecedor de la función pública".
Pues bien, añade que ese "juicio de valor" está "huérfano"
de la más mínima concreción y critica que Manos Limpias pretenda
dirigir una "suerte de causa general o 'inquisitio generalis'
incompatible con los dictados del Estado de Derecho".
"El querellante
propone un escrutinio general, una investigación prospectiva en términos
que nuestro Tribunal Constitucional deplora", remacha.
"La
denuncia plantea así una pretensión exorbitante de iniciar una
'inquisitio generalis' o causa general proscrita y que un Estado de
Derecho abomina", resume.
Dicho
esto, defiende que el ex president regularizó la fortuna familiar y que
esta circunstancia es atípica en el Código Penal puesto que el artículo
305.4 exime de responsabilidad al que regulariza su situación
tributaria antes del inicio de actuaciones inspectoras o la
interposición de una denuncia en su contra. Ello, impide que pueda
construirse sobre tal cuota un delito de blanqueo de capitales.
Sostiene que la acusación tampoco ha concretado qué funcionario ha podido ser destinatario de un posible delito de tráfico de influencias,
ni ha detallado qué dádiva ha podido constituir un cohecho. Por todo
ello, cree que la denuncia se trata de una especie de "sospecha
genérica" sobre el origen de unos fondos regularizados.
Por todo
ello, los abogados de la defensa critican que el juzgado haya asumido
"íntegramente" la argumentación de la acusación en un caso de
"trascendencia social y mediática" pese a no haber ninguna 'notitia
criminis' y tan solo una denuncia aderezada con "rumorología de
conocimiento general, público y notorio".
Por otra parte, la defensa también ha recurrido los autos por los que el juzgado remitió comisiones rogatorias
a Andorra y Suiza para investigar sus cuentas bancarias e instrumentos
financieros ya que los delitos invocados habrían prescrito según los
cómputos anteriores a la reforma de 2010 y además esas comisiones aluden
a "unos inexistentes e ignotos" hechos.
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