MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, ha asegurado este martes que la institución ha mantenido
reuniones con representantes de la banca española en las que ha
trasladado "firme y claramente" que "no debe haber desahucios de
familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas por razones explicadas y motivadas de buena fe".
Becerril
ha informado de estos encuentros durante su intervención en la Comisión
Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los
Diputados, en la que ha tratado, entre otros asuntos, el informe elaborado por la institución sobre viviendas protegidas vacías.
Según
ha indicado, la Administración debe contribuir para "evitar los
lanzamientos de personas deudoras de buena fe". En este sentido, ha
celebrado la decisión del Gobierno de prorrogar los efectos del decreto
de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios, que
vence este mes de noviembre.
Pero también ha llamado a movilizar a
través del alquiler la bolsa de casi 14.000 viviendas protegidas vacías
que gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos.
Según datos
de 2012 que maneja la institución, sólo las comunidades autónomas
gestionan 13.500 viviendas protegidas sin ocupar, de las que cierto
número no sería posible adjudicar por cuestiones de conservación,
mientras que los ayuntamientos contarían con otras 427 viviendas.
Así,
Becerril ha calculado que, contando con que cada familia cuenta con
cuatro miembros de media, habría 52.000 personas que podría beneficiarse
de una de estas viviendas. "Son muchas las personas que podrían tener un
techo adecuado con un precio posible", ha recalcado.
Por ello, ha llamado a la administración a "buscar salidas"
y a establecer los mecanismos necesarios para dar salida a este parque
de viviendas protegidas vacías. "Que estas viviendas se pongan en
alquiler sigue siendo nuestra preocupación", ha añadido.
A la
espera de evaluar sobre el terreno la acogida de las recomendaciones que
la institución viene realizando en esta dirección desde hace tiempo,
Becerril cree que ya se están dando pasos al respecto, y ha recordado,
por ejemplo, que el Ministerio de Fomento ya ha incluido en el último
Plan Estatal de Vivienda la necesidad de elaborar un registro claro y
con un mínimo común entre comunidades autónomas y ayuntamientos, para
poder tener un mapa inicial de las viviendas protegidas disponibles.
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