PALMA DE MALLORCA.- El exdirector general de Presupuestos y
actual miembro de la Sindicatura de Cuentas Bernat Salvà, quien ha sido
interrogado como testigo por el juez José Castro en torno a la
contratación del arquitecto Santiago Calatrava para elaborar el
anteproyecto de una Ópera que nunca llegó a ser construida, ha afirmado
que fue el expresidente del Govern Jaume Matas quien dio la orden
directa de contratar al ingeniero valenciano y quien, además, fijó el
precio para ello: 1,2 millones de euros públicos.
Así lo ha puesto de manifiesto ante el magistrado, el fiscal
anticorrupción Pedro Horrach y varios letrados personados en el
procedimiento, en el marco de la ronda de declaraciones iniciada este
lunes en relación a las presuntas irregularidades que rodearon a la
adjudicación a Calatrava del anteproyecto para ejecutar un palacio de la
Ópera en la Bahía de Palma, que nunca llegó a ver la luz y que fue
proyectado al término de la última legislatura de Matas (2003-2007).
En su comparecencia, el testigo ha señalado que el expresidente
balear dio la orden a través de su exconseller Francesc Fiol, quien
transmitió las instrucciones al Consejo de Administración del Instituto
de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec),
organismo que tramitó la contratación del arquitecto.
Durante este lunes han sido interrogados un total de seis
testigos, mientras que este martes declararán otros diez, entre los que
se encuentran numerosos proveedores que intervinieron en la preparación
del proyecto para la construcción de la Ópera, y quienes cargaron
diversas facturas al Govern por trabajos que presuntamente no llegaron a
ejecutarse.
También declararán la que fuera secretaria general técnica de la
Conselleria de Vicepresidencia en la última legislatura de Matas, Jane
King, y el exconseller de la Generalitat Valenciana y director del
estudio de Calatrava, Fernando Villalonga.
En el marco de estas pesquisas, que constituyen la pieza número 3
del caso Palma Arena, Castro archivó el pasado mes de julio la
imputación tanto de Calatrava como de Francesc Fiol, conseller de
Educación y Cultura bajo el mandato de Matas, mientras que acordó
mantener el encausamiento del expresidente del Govern.
Sobre Matas pesa por estos hechos una fianza de responsabilidad
civil de 1,6 millones de euros, impuesta a petición de la Fiscalía
Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron
de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el
exministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales
públicos, fraude y prevaricación.
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