MADRID.- La Asamblea constituyente 'Sí Se Puede' que
Podemos ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre ha
aprobado cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras
cosas, a trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de
la deuda pública, y para conseguir la paralización de todos los
desahucios.
Estos cinco documentos, que entran desde hoy a formar parte de la
línea política de Podemos, han sido los más votados del centenar de
resoluciones presentadas, que entre el jueves y el sábado se han
sometido a una votación en la que han participado más de 38.000
personas.
En concreto, la resolución titulada 'Auditoría y reestructuración
de la deuda: una propuesta para Podemos', promovida por los economistas
de cabecera de la formación Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea
García y Nacho Álvarez Peralta ha sido la quinta más votada, al recibir
8.981, votos -23'46 % del total- y defiende, por un lado, realizar una
auditoría desarrollada por "expertos independientes" bajo "control
ciudadano" que, además, "determine el grado de corresponsabilidad de los
gobernantes y acreedores".
En este punto se expone que "se trata de dilucidar qué deudas
pueden considerarse ilegítimas, ya sea en función de su origen
(fundamentalmente aquellas derivadas de gastos que favorecieron
intereses particulares en vez de generales), a causa de un proceso de
endeudamiento irregular (es el caso de las cláusulas abusivas o los
problemas de información), o a causa de elementos derivados de su
ejecución".
Por otro lado, la resolución destaca que se deberá hacer una
reestructuración de la deuda pública que, para que sea "efectiva" deberá
abarcar "la renegociación de tipos de interés y, en su caso, periodos
de carencia, el alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización
de la misma y, finalmente, las quitas parciales".
En cuanto a la deuda privada, se establece que la reestructuración
de la deuda empresarial y especialmente de la hipotecaria, es lo que
puede conducir a un recuperamiento de la demanda interna y "una
reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas en
el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales es un
buen punto de partida".
La cuarta propuesta más votada, titulada 'Por el derecho a la
salud: Sanidad pública para tod@s y tod@s", elaborada por Mónica García
Gómez, Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño, ha
obtenido un 31'69% de los votos -12.129- y plantea el desarrollo de una
financiación sanitaria suficiente y finalista, la universalización de
la asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin
exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles.
Además, entre los puntos clave de esta resolución se encuentran
también la eliminación de los copagos, la derogación de las leyes de
gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de ordenación sanitarias
de las comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los
recursos sanitarios, el desarrollo de un plan que redefina los objetivos
de salud y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad
(1986).
Asimismo, promueve la dotación de recursos para la reducción de
las listas de espera y la derivación de pacientes a urgencias, la
gestión pública de los recursos, control del marketing farmacéutico y
del gasto a través del control de precios y otras estrategias de
reducción del gasto farmacéutico, reapertura de los centros públicos de
salud mental, acabar con la privatización, la exigencia de
transparencia informativa y asegurar derecho a salud de los ciudadanos
en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTCI) por encima
de los beneficios empresariales.
En cuanto a la primera resolución más votada, "Defender la
educación pública, nuestro derecho y no su negocio", ha obtenido un
45'17% de los votos -17.289-, y resume la paralización y derogación de
la LOMCE, la apertura de un proceso asambleario abierto a toda la
comunidad educativa para conseguir una reforma educativa integral, la
redacción de nuevas Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento
inmediato de los recursos que aseguren el acceso universal a la
educación y la articulación de mecanismos de garantía de condiciones
laborales dignas.
La segunda por mayor número de votos, "Medidas Urgentes de
Anticorrupción", ha sido elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex
eurodiputado de Podemos, Calros Jiménez Villarejo, ha obtenido un
42'28% de los votos -16.186- y sostiene que se eliminen las tasas
judiciales, el aumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de
influencias, malversación y fraude, la tipificación penal de la
financiación ilegal de los partidos políticos.
También, incluye la tipificación expresa como "organización y
grupo criminal" de la asociación entre responsables políticos y actores
económicos para cometer delitos de cohecho y prevaricación, la
eliminación de los aforamientos -salvo para los parlamentarios y jueces,
que queda restringida al ejercicio de sus funciones-, la obligación
legal de total transparencia de renta y patrimonio para cargos electos y
responsables públicos o la redefinición de las instituciones de
control.
Por último, la tercera resolución más votada, avalada por el
Círculo de Vicálvaro, 'Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la
impunidad financiera', que ha obtenido un 38'9% de los votos -14.889-,
apoya los derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con
los estándares internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la
dación en pago con carácter retroactivo, el establecimiento de unos
procedimientos judiciales con todas las garantías y el fin de la
impunidad financiera y la apertura de una auditoría social.
Además, promueve el fin de los desalojos forzosos sin alternativa y
el reconocimiento del derecho al alquiler social. "Debemos acabar de
forma definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa
habitacional, que vulneran los compromisos internacionales en materia de
DDHH. Es necesario reconocer el derecho al alquiler social, y la
obligación de garantizar alternativas habitacionales estables en los
casos en los que se realice un desalojo forzoso por ausencia de recursos
económicos suficientes.
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