MADRID.- Las asociaciones de jueces
Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial
Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional
Independiente de Fiscales han reclamado este miércoles una revisión del
Código Penal para que se sancione como delito la financiación ilegal de
partidos políticos.
En una nota de prensa conjunta, las cinco asociaciones aseguran
que "la situación de máxima alarma" por la que atravieda la sociedad
española ante continuas noticias sobre casos de corrupción política
requieren una reacción de los jueces y fiscales, que, agregan "no pueden
permanecer ajenos a esta grave situación".
Por ello, los colectivos de jueces y fiscales reclaman distintas
medidas que podrían contribuir, a su entender, a una lucha más eficaz
contra la corrupción y sus ramificaciones. Además de la penalización de
la financiación irregular de las formaciones políticas solicitan la
puesta en marcha de mejoras para incrementar la "eficacia de la lucha
contra el fraude fiscal" a través de un incremento de medios personales y
materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
Piden también una reducción del número de aforados en el ámbito
político y la limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el
ejercicio del cargo y una reforma de la Ley del Suelo y de las leyes
que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia
en su ejecución.
Los jueces y fiscales ponen de manifiesto la importancia de evitar
"inaceptables injerencias" del poder político en la elección de los
integrantes del órgano del Poder Judicial y reclaman un incremento
inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de
jueces y fiscales en España a la media europea.
También consideran necesaria la dotación de medios materiales
adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha
contra la corrupción y el refuerzo especial de los órganos judiciales y
fiscales que investigan causas relacionadas con la corrupción como son
las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y
de la Intervención General del Estado.
Otro de los puntos que proponen es la instauración de un nuevo
modelo procesal penal, "apto y eficaz" para combatir las formas de
criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de
delincuencia organizada y corrupción.
Las cinco asociaciones de jueces apelan "a la lealtad
institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de
los poderes públicos" para lograr, "de una vez por todas", atajar esta
situación.
"Los continuos episodios de corrupción política que han visto la
luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en
nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de
nuestro Estado de Derecho", indican en su comunicado.
Los colectivos indican que no puede permitirse un "debilitamiento
del Poder Judicial", único garante para corregir las desviaciones de
poder, "que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad
española".
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