BRUSELAS.- El Tribunal de Cuentas de la UE
ha denunciado este miércoles que alrededor de 7.000 millones de euros
del presupuesto comunitario de 2013 (cifra equivalente al 4,7% del gasto
total de 148.500 millones de euros) se utilizaron de forma irregular,
incumpliendo la legislación europea. Los auditores comunitarios han
reclamado por ello a los Estados miembros y a la Comisión que mejoren
los controles y garanticen la obtención de mejores resultados con sus
gastos.
El porcentaje de errores en el gasto detectado por el Tribunal
de Cuentas es ligeramente inferior al de 2012 (cuando se situó en el
4,8%), pero está muy por encima del mínimo del 3,3% que se registró en
2009. Los auditores han aprobado las cuentas de la UE de 2013, pero
subrayando que "la gestión de su gasto no es aún suficientemente
satisfactoria en términos generales, ni en la Unión ni en los Estados
miembros".
"La Comisión Europea y los Estados miembros han de prestar más
atención a cómo gastan el dinero de nuestros contribuyentes", ha
reclamado el presidente del Tribunal de Cuentas, Vítor Caldeira. Los
auditores censuran en particular que se conceda prioridad "a gastar los
fondos disponibles" y no a "conseguir buenos resultados".
La mayoría de los errores se produjeron en los ámbitos de gastos
de gestión compartida por los Estados miembros y la Comisión Europea.
En particular, en la política regional, la energía y los transportes,
donde el mal uso de los fondos comunitarios ascendió al 6,9 por ciento.
En segunda posición se sitúa el desarrollo rural, el medio ambiente, la
pesca y la salud, con un 6,7% de errores.
En conjunto, los ámbitos de gestión compartida arrojaron un
porcentaje de error estimado del 5,2%, frente al 3,7% de los programas
de gasto gestionados mayoritariamente de forma directa por la Comisión.
El mal uso del presupuesto comunitario se limitó al 1 por ciento de los
propios gastos administrativos de la UE.
El porcentaje de error estimado por el Tribunal de Cuentas no
mide el fraude, la ineficacia o el despilfarro, sino los fondos que no
deberían haberse abonado con cargo al presupuesto de la UE porque no se
utilizaron con arreglo a sus normas. Los ejemplos que ponen los propios
auditores son casos como el de una empresa que presentó una declaración
en calidad de PYME cuando en realidad pertenecía a una gran compañía, o
la ampliación de un contrato público existente sin dar a otros
licitadores la posibilidad de presentar ofertas.
Según los auditores de la UE, las medidas correctoras y de
recuperación de fondos de la Comisión y de las autoridades nacionales
redujeron el porcentaje de errores del 6,3% al 4,7%. No obstante, el
Tribunal de Cuentas denuncia que las autoridades nacionales disponían de
información suficiente para haber corregido muchos de ellos antes de
solicitar el reembolso a la Comisión, lo cual habría reducido el
porcentaje de error estimado. Por ejemplo, en desarrollo rural, medio
ambiente, pesca y salud, donde habría pasado del 6,7% al 2%.
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