MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha observado una "excesiva, y en
ocasiones, injustificada subcontratación" de empresas para el
desarrollo de formación subvencionada por parte de la patronal y los
sindicatos.
Así lo asegura en su 'Informe de Fiscalización sobre
la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo',
en relación con el subsistema de formación profesional de oferta, con
cargo al ejercicio presupuestario 2010.
El Tribunal señala que
esta excesiva subcontratación hace que determinadas empresas "se hayan
convertido 'de facto' en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las organizaciones empresariales y sindicales".
Concretamente,
el informe apunta que se ha superado el porcentaje de subcontratación
establecido en la Ley General de Subvenciones, fijado en un 50%. Hasta en 227 de los 300 convenios
formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010, el
75,6%, superaba ese límite, mientras que en el 25,3% de los mismos (76
convenios) se llegó a subcontratar la totalidad de la subvención
concedida.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas subraya la necesidad
de estudiar la idoneidad de mantener la excepción a la Ley General de
Subvenciones, que permite obviar el principio general de solicitud de
ofertas a diferentes proveedores para proceder a la subcontratación de
las actividades subvencionadas, "lo que en la práctica está ocasionando
una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras de
formación".
Así, la CEOE contrató de forma directa, al menos, 4,3 millones de euros sin solicitud previa de
tres ofertas de proveedores, mientras que Cepyme lo hizo por importe de
6,1 millones de euros, a los que habría que añadir 1,6 millones de
euros imputados a su plan de formación sin formalizar instrumento
jurídico alguno entre esta entidad beneficiaria y las empresas
subcontratadas.
Por su parte, UGT contrató, al menos, 1,1 millones
de euros de forma directa, lo que, según el Tribunal, "vulnera los
principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la
utilización de los recursos públicos, mientras que la Fundación Laboral
de la Construcción lo hizo por, al menos, un importe de 12,2 millones de
euros.
Asimismo, el informe señala que la Federación Nacional de Clínicas Privadas subcontrató
el 100% de su plan de formación con una empresa proveedora, lo que, a
pesar de contar con la autorización previa de la Dirección General del
SEPE, resulta para el tribunal "de difícil justificación, ya que
convierte a dicha federación a un mero intermediario".
Tampoco hay evaluación
El
informe del Tribunal de Cuentas observa además incumplimiento también a
la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación,
obligatoria por ley, que se limitó sólo a medir mediante encuestas la
satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero
análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la
productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los
trabajadores.
"La entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían de medios internos
o sistemas de control horarios para determinar, de forma objetiva, el
número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la
ejecución de los planes de formación", añade.
La consecuencia de
esta ausencia de controles es que no es posible verificar la exactitud
del coste en personal de los planes de formación, así como de las
acciones de apoyo y acompañamiento, fijado en 2010 en un total de 50,2 y
4,02 millones de euros, respectivamente.
El Tribunal de Cuentas
entiende que los rendimientos financieros de los recursos públicos
percibidos por las entidades beneficiarias para la ejecución de planes
de formación y de las acciones de apoyo a la misma fueron "muy escasos",
en concreto apenas 197.390 euros en relación a 412,3 millones de euros
de fondos transferidos para los planes de formación en 2010 y 23.307
euros en relación a un total de 14,1 millones de euros de fondos para la
segunda de estas partidas.
Y es que sólo el 44,6% de las
entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación y el 30,4%
de las que desarrollaron las acciones de apoyo declararon la obtención
de dichos rendimientos financieros.
Además, finaliza el Tribunal
de Cuentas, ni el SEPE ni la Fundación Tripartita han requerido a estas
entidades beneficiarias los motivos de esta falta de obtención de
rendimientos financieros, lo que ha generado un "menoscabo de caudales públicos".
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