MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización del
Instituto Cervantes de 2012, aunque ha puesto de manifiesto
incumplimientos en materia de personal y de contrataciones y
deficiencias en sus sistemas de control de gestión.
En un comunicado hecho público, el Tribunal de Cuentas destaca un
"importante número de deficiencias" de gestión detectadas en áreas como
la cultural, la docente, la gestión de la tesorería por parte de los
centros del Instituto Cervantes o los procedimientos para la
autorización de los gastos de viaje. Por ello, sostiene el tribunal que
el funcionamiento de los sistemas de control interno y de gestión del
Instituto Cervantes no fueron suficientes en 2012 para cumplir con sus
objetivos.
En materia de personal, señala que hubo incumplimientos que afectaban
fundamentalmente a la plantilla de los centros y a las contrataciones
de personal directivo, tanto en la sede como en los centros del
Cervantes.
En concreto, según concluye el informe, el Instituto no había
aprobado las cuantías efectivas para las retribuciones, fijas y
variables, de aquellos puestos directivos de la sede que no estaban
sujetos al convenio colectivo. Además, señala el tribunal, el Cervantes
no cumplió determinados aspectos que recoge la normativa, como la
inclusión en los pliegos de los criterios que habían de servir de base
para las adjudicaciones.
En el contrato de arrendamiento de su sede en Atenas, dice, no
constaba ni la autorización de la sede para la realización de las obras
adicionales, ni la modificación presupuestaria necesaria para poder
asumir el coste de las obras. Otra de las deficiencias detectadas por el
tribunal es que la entidad no cumplió con la obligación de aprobar el
inventario al cierre de cada ejercicio y remitirlo a la Dirección
General de Patrimonio del Estado.
Asimismo, añade el comunicado, el Instituto Cervantes no respetó la
obligación de ingresar directamente en el Tesoro Público las cantidades
devengadas que, de acuerdo con la ley de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, no debían ser percibidas por algunos
miembros de su Consejo de Administración.
Tampoco comunicó al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la percepción de las dietas por asistencia a las reuniones de
su Consejo de Administración, ni solicitó a ese departamento
autorización de la cuantía de las dietas que abonó en 2012
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