La sanidad española ya no es de las 10 mejores del mundo: cae al puesto 19

MADRID.- De estar entre los diez primeros al puesto 19. Esa ha sido la significante caída que ha sufrido la atención sanitaria en España en tan solo un año según un estudio publicado por la revista The Lancet y recoge Redacción Médica.

El portal se hace eco de una investigación que mide la calidad del sistema sanitario de los 195 Estados del mundo mediante la comparación de datos de 32 causas de muerte curables con una atención médica adecuada, como la tuberculosis o el tétanos, para adjudicar una puntuación de 0 a 100.

Las cifras de 2016 sitúan a España, con sus 92 puntos, en el puesto número 19 lo que supone un descenso de diez posiciones respecto a la estadística de 2015.

Las naciones que encabezan la tabla son Islandia, Noruega y Holanda, mientras que a la cola se quedan la República Centroafricana, Somalia y Guinea-Bissau. En la clasificación, España se encuentra por delante de Francia y Grecia. Del otro lado, Andorra, Italia e Irlanda superan al SNS coordinado por Dolors Montserrat.

La llamativa diferencia puede tener su explicación en que, en este nuevo trabajo, The Lancet toma más variables para establecer la puntuación. Además, hay que tener en cuenta que la media global ha aumentado considerablemente debiéndose, principalmente, a las mejoras sanitarias de las zonas del África subsahariana y del sudeste asiático.

En el caso de España, la peor puntuación la obtiene el parámetro que mide la atención al cáncer de piel, con un 57; seguido de cáncer de cervis, con un 60, y testicular, con un 79 sobre 100. 

Por el contrario, enfermedades como el tétanos, la diabetes, la apendicitis o las hernias son resueltas dentro del SNS de la mejor forma posible, pues se valoran con los cien puntos posibles.

La ministra española Mato dice que retirar la tarjeta sanitaria a los emigrados "acaba con los fraudes"

MADRID.- La ministra español de Sanidad, Ana Mato, ha dicho hoy que retirar la tarjeta sanitaria a quienes salen fuera de España por más de tres meses "acaba con los fraudes", ya que "no parece lógico" que el extranjero que vuelve a su país siga disfrutando de una "sanidad pagada por todos los españoles" sin límite de tiempo.

Mato ha respondido así al senador socialista Jacinto Varela, quien le ha acusado de "cebarse con los colectivos más castigados por la crisis" al "dejar en una situación de indefensión" a los parados que salen de España en busca de trabajo.

"Fátima Báñez los coloca fuera de nuestro país y usted los remata retirándoles la asistencia sanitaria", ha matizado en referencia a la ministra de Empleo.

La titular del Ministerio de Sanidad ha garantizado que los españoles que se trasladen temporalmente a otro país podrán recuperar su tarjeta sanitaria cuando vuelvan "sin ningún requisito más", y ha pedido al PSOE que deje de "sembrar miedo y confusión" entre los ciudadanos.

En referencia a los trámites que esto implica, Varela ha denunciado que quienes se vean en dicha situación "van a tener que pasar un calvario para recuperar su tarjeta sanitaria".

Mato también ha defendido que esta medida pretende "poner solución a irregularidades" y establecer el límite de tiempo en el que España debe hacerse cargo de la sanidad de los inmigrantes retornados o los españoles que se establecen en otro país.

Por otra parte, la senadora del PSOE María Victoria Chivite ha pedido al Gobierno que retire los distintos copagos sanitarios y ponga en marcha "medidas que no afecten a la salud y la vida de los ciudadanos".

La ministra ha respondido que su partido busca establecer los "pilares" de la "sociedad del siglo XXI" con la reforma sanitaria y ha acusado a los socialistas de "mirar para otro lado" ante la "insostebilidad" del Sistema Nacional de Salud.

Según ha comentado, su intención es que todas las personas "tengan acceso a los mismos medicamentos" en condiciones de igualdad y en todas las comunidades autónomas, ya que se debe evitar que haya "ciudadanos de primera o de segunda".

Casi 900.000 personas perdieron gratuidad sanitaria en España

MADRID.-  Unas 875.000 personas perdieron la asistencia sanitaria gratuita en España por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, denunció hoy la central sindical Comisiones Obreras. La responsable de Empleo y Migraciones de la organización, Paloma López, indicó a reporteros que el estimado se realizó a partir de abril de 2012, cuando se modificó el modelo vigente hasta entonces. La afectación abarca a inmigrantes sin permiso de residencia, que ahora sólo pueden ser atendidos en caso de urgencia, partos o si son menores de edad, y a residentes desempleados que salieron del país en busca de trabajo. Comisiones Obreras considera que las limitaciones agravan la situación de sectores ubicados entre los más desfavorecidos y aseguró que 2013 fue el tercer peor año para el empleo en España, luego de 2009 y 2011. Recientemente, el secretario general de la central sindical, Ignacio Fernández Toxo, advirtió del riesgo que en 2014 no crezca el empleo pese al cambio de ciclo económico dado con el fin de la recesión. Fernández Tojo advirtió que salir de la recesión no implica el fin de la crisis y estimó que en caso de no tomarse medidas adecuadas se tardará al menos 15 años en recuperar el nivel de empleo de 2007. Con seis millones de parados, el trabajo precario asociado a salarios bajos no es la solución, alertó el dirigente sindical en alusión a la tendencia actual de la economía española.

La Sanidad española, la quinta más eficiente del mundo

MADRID.- La Sanidad española sigue siendo de las mejor valoradas del mundo. Así queda de manifiesto en un ranking elaborado por la agencia Bloomberg, que sitúa al Sistema de Salud de España como el quinto más eficiente. Sólo Hong Kong, Singapur, Japón e Israel están por delante.

Este particular ranking de eficiencia sanitaria se ha hecho teniendo en cuenta sólo a países con poblaciones de al menos cinco millones de habitantes, un PIB per cápita de por lo menos 5.000 dólares y una esperanza de vida de al menos 70 años.

De esta forma, la Sanidad española obtiene una calificación de eficiencia de 68,3, una cifra que sin ser mala (se trata de una relación de 48 países), está muy alejada del 92,6 otorgado por Bloomberg a Hong Kong. España, con una esperanza de vida de 82,3 años, gasta en Sanidad un 10,4% del PIB per cápita. Por su parte, Hong Kong tiene una mayor esperanza de vida (92,6) con un menor gasto (3,8%).

En el sexto puesto se encuentra Italia, con una esperanza de vida de 82,1 años y un gasto del PIB per cápita igual que el de España, mientras que otros países europeos se sitúan más debajo de la tabla. Este es el caso de Reino Unido (puesto 14), con una calificación de eficiencia de 55,7; Francia (puesto 19), a la que Bloomberg ha calificado con un 52,3; y Alemania (puesto 30), que obtiene un 45,5.

La agencia de información ha elaborado este listado en base a los últimos datos, correspondientes al 19 de agosto de 2013, y usando diversas fuentes (como World Bank, International Monetary Fund, World Health Organization, Hong Kong Department of Health).

El PSM avisa por burofax a empresas interesadas en externalización sanitaria que si gobierna anulará los contratos

MADRID.- El portavoz del Grupo Socialista Madrileño en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha anunciado este martes que contactará por burofax con las empresas que estén interesadas en la próxima externalización de los hospitales para que "no reclamen ni un solo euro a los madrileños" si gobierna ya que, en ese caso, anularía los contratos que hayan firmado.

   En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gómez ha avisado a los responsables de estas compañías "que no se lleven a engaños" porque si gobierna el Partido Socialista "no podrán reclamar lucro cesante".

   Asimismo, el líder de los socialistas madrileños ha insistido en que recurrirá los pliegos de condiciones sobre la externalización sanitaria aprobada por la Comunidad y apoyarán todos los recursos y acciones de partidos y sindicatos en el mismo sentido. Además, ha señalado que estarán presentes en todas las movilizaciones que tengan como objetivo "paralizar el desmantelamiento de la Sanidad Pública".

   "Estos pliegos responden a una enorme chapuza y a intereses inconfesados, que ponen en riesgo la Sanidad Pública para que algunos pocos puedan hacer negocio", ha añadido el portavoz del PSOE en la Cámara autonómica.

   Según sus datos, la Sanidad Pública española es "la que más barata y la que menos cuesta y la que tiene mejores resultados" de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

   De hecho, ha indicado que frente al 10 por ciento del PIB que destinan a la salud pública en Alemania o el 9 en Francia, en España se dedica un 7,5 por ciento. "Comparado con el resto de estos países, nuestra Sanidad es una de las mejores del mundo", ha añadido.

   Por eso, Gómez cree que la externalización de la gestión de nuevos hospitales pretende "sólo que algunas empresas ganen 500 millones de euros, empresas con las que después tienen vinculación miembros del PP, que han tenido la responsabilidad de gestionar la Sanidad con gobiernos del PP".

   "En ningún sitio se ha demostrado que la gestión privada sea más eficiente que la pública. De hecho, la gestión privada es a medio y largo plazo bastante más cara que la gestión pública", ha añadido.

   El líder de los socialistas madrileños también ha hablado de la defensa de la equidad que, a su juicio, sólo puede garantizar el sistema sanitario público. "Cuando la sanidad privada se convierte en sustituta de la sanidad pública, la privada lleva a que haya ciudadanos de primera y de segunda. De primera, aquellos que se pueden pagar el médico y de segunda aquellos que no tengan recursos económicos", ha añadido.

UPyD tacha de "intolerable" que PP "suprima ayudas a CCAA para trasplantes y permita gasto en televisiones autonómicas"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha calificado como "intolerable" que el Gobierno del PP "suprima ayudas a las comunidades autónomas para trasplantes y permita el gasto en televisiones autonómicas y embajadas en el extranjero". 

   Sánchez se ha referido a la posición que este martes defendió el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, "en la que se opuso a la Proposición no de Ley (PNL) de UPyD en la que la que se pedía un compromiso de lealtad constitucional de las comunidades autónomas que se acogiesen a los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA)".

   La PNL de UPyD también reclamaba que "esos fondos no se pueden utilizar para financiar proyectos o iniciativas políticas de secesión o para gastos en embajadas en el extranjero o televisiones autonómicas".

   Por eso, Sánchez considera "irresponsable y oportunista" la actitud del PP de "no aplicar la misma vara de medir en todos los capítulos a las comunidades autónomas que incumplen la cifra de déficit".

   Así, considera "contradictorio" que el Gobierno "sí tenga autoridad para suprimir las ayudas a los trasplantes a las comunidades que no cumplen con la cifra de déficit, pero descalifique a UPyD cuando se reclama esa misma autoridad para impedir que los fondos públicos vayan a gastos innecesarios y prescindibles, que en algunas CCAA van asociados a procesos soberanistas".

   Sánchez ha recordado la posición de UPyD en la Región, contraria a que el Gobierno regional "destine 12 millones de euros en 2013 para el nuevo contrato de la televisión autonómica".

   A su juicio, "sería incomprensible que se gastase esa cantidad para la televisión y que, al mismo tiempo, viésemos suprimidos los programas de trasplantes que tan buenos resultados están dando en la Comunidad Autónoma de Murcia".

Los Colegios de Enfermería vigilarán que los centros sanitarios no vulneran las "líneas rojas" de seguridad del paciente

MADRID.- Los presidentes de la Organización Colegial de Enfermería han acordado elevar a la asamblea general la estrategia 'Líneas rojas' de la seguridad del paciente en hospitales y centros sanitarios por la cual se van a crear observatorios en los Colegios Provinciales de Enfermería, que trabajarán en red con el Consejo General, para vigilar que los centros sanitarios no vulneran Las "líneas rojas" de seguridad del paciente, y advierten de que actuarán de oficio si esto sucede, "incluyendo la vía judicial".

En el seno de las Jornadas 'Enfermería: situación crítica', de la Organización Colegial de Enfermería, celebradas este domingo, se ha analizado la necesidad de velar por que los hospitales y centros sanitarios "cumplan escrupulosamente las ratios enfermera/paciente que recomienda la agencia de calidad del SNS", y los presidentes han mostrado "suma preocupación" porque la situación crítica actual podría estar multiplicando el número de eventos adversos en hospitales y centros sanitarios.

En este sentido, se ha presentado una ponencia en la que se han mostrado evidencias científicas internacionales de que un mayor número de enfermeras genera una menor mortalidad; un menor número de enfermeras genera un mayor número de complicaciones y muertes, y más horas de dedicación de enfermería supone menor número de complicaciones y muertes. "Hechos contrastados científicamente que chocan de lleno con la destrucción indiscriminada de plazas de enfermería en hospitales y centros sanitarios que están realizando las administraciones públicas", advierten desde la organización.

En este contexto se inscribe la estrategia "Líneas rojas", que analizará las consecuencias que está suponiendo para la seguridad del paciente las medidas anticrisis adoptadas en los últimos dos años por las administraciones públicas.

Durante la jornada se han recordado los datos del estudio APEAS (Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud), según los cuales el 70% de los eventos adversos que se producen en atención primaria son evitables o claramente evitables, entendiendo como evento adverso la definición de la Agencia de Calidad del SNS: "toda lesión, daño, incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte relacionado con el proceso asistencial", puntualizan.

Asimismo, respecto a la atención hospitalaria, el Estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización) señala que en este ámbito asistencial, el porcentaje de eventos adversos que son evitables asciende al 42%. Y si nos atenemos a las Unidades de Cuidados Intensivos, áreas asistenciales que merecen un análisis independiente por el riesgo vital del paciente ingresado, el Estudio Seguridad y Riesgo en el enfermo crítico (SYREC), pone de manifiesto que el riesgo de sufrir un evento adverso por ingresar en una UCI es del 40%, y que el 60% de los que realmente se producen, son evitables.

Para articular esta vigilancia del cumplimiento de los ratios y de la atención al paciente, la Organización Colegial de Enfermería va a poner en marcha una Plataforma web desde donde enfermeros y pacientes podrán denunciar con garantías de confidencialidad aquellos servicios asistenciales donde se vulneren las recomendaciones y estándares mínimos de ratios establecidas por el SNS en cada uno de los supuestos, para garantizar que la seguridad de los pacientes no corre ningún riesgo.

Los profesionales de enfermería han aanalizado, igualmente, la "abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra cómo la utilización de Guías Clínicas y la adopción de Estrategias de seguridad consigue reducir fehacientemente los eventos adversos para el paciente". Entre los ejemplos de implantación de Guías Clínicas que han conseguido demostrar que son una apuesta clara por la seguridad de los pacientes. Así, por ejemplo, se ha ahondado en el Proyecto Bacteriemia Zero que ha supuesto una disminución del 50% del riesgo de infección por catéter, un total de 742 Sepsis menos en 18 meses, un total de 66 muertes evitadas y un ahorro de casi 28 millones de euros del SNS.

El Consejo de Estado ve inconstitucional el euro por receta

MADRID.- El Consejo de Estado considera que la implantación del pago de un euro por receta, vigente ya en Cataluña desde julio y que estará en vigor también en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 1 de enero, es inconstitucional, ya que "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias".

   El dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó en el Senado el pasado martes el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos", que recoge el euro por receta.

   El Consejo considera que la norma contraviene el orden constitucional de distribución de competencias y "excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación"".

   Montoro explicó el pasado martes en el Senado en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez

--quién a su vez anunció un recurso contra esta tasa ante el Tribunal Constitucional-- que el Gobierno cuenta con este informe, que va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "a partir de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma".

   El dictamen solicitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que el Gobierno pueda promover recurso de inconstitucionalidad contra la medida y emitido por mayoría con dos votos particulares, considera que esta tasa "puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado".

   En este sentido, recuerda que corresponde al legislador estatal garantizar esa unidad mínima en las condiciones de acceso a los fármacos "con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introdicción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud". Y, en este sentido, considera que la tasa del euro por receta constituiría "sin duda" una desigualdad entre los beneficiarios de esta prestación.

   Asimismo, el Consejo considera que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública por ser esta un cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución", por lo que "no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes cuya exacción comporte en última instancia un incremento del coste que los ciudadanos haya de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".

   Por otra parte, también recuerda que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) prohíbe la doble imposición que también considera que se produce en este caso al estimar que "los actos configurados como hecho imponible en la norma catalana quedan comprendidos dentro de la norma del Estado".

   A pesar de la solicitud de este informe para un eventual recurso de inconstitucional, tanto el ministro Montoro en el Senado, como antes la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han apostado por la vía del diálogo para la retirada de esta tasa antes de llegar al Constitucional. Ese diálogo ya se ha iniciado con el Gobierno catalán, que la puso en marcha el pasado mes de julio, y el Ejecutivo ha formulado un requerimiento previo de diálogo con la Comunidad de Madrid para comenzar las conversaciones cuando entre en vigor esta tasa el próximo 1 de enero.

Médicos catalanes trampean el euro por receta a pacientes con problemas económicos

BARCELONA.- Médicos de familia catalanes han dado con una fórmula para evitar el abono de la tasa del euro por receta a pacientes con dificultades económicas, consistente en recetar varias cajas de fármacos con menos dosis del mismo medicamento, para no superar con ningún envase los 1,67 euros a partir del que se cobra el llamado tique moderador.

   Este método se está difundiendo boca oreja por las consultas de los médicos de cabecera catalanes, a través de un documento que recoge el listado de fármacos y los respectivos envases con los que se puede trampear esta tasa.

   Así, los facultativos pueden prescribir a un paciente que requiera un tratamiento intensivo de un antibiótico como la 'amoxicilina' dos cajas de antibiótico con 12 dosis en cada una, en lugar de una caja de 24 dosis que sí supera el precio de 1,67 euros.

   Esta fórmula se puede aplicar a usuarios con problemas económicos que no puedan costear esta cantidad, ha explicado el vicepresidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic), Jordi Daniel.

   Daniel ha señalado que "la prescripción de estas presentaciones en la receta electrónica puede comportar ir más veces a la farmacia, pero supone un ahorro para el paciente" que realmente no puede costear este gasto.

   "Existen presentaciones de fármacos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tienen un precio inferior a 1,67 euros" y, por tanto, están exentos de pagar la tasa cuando se retiran de las farmacias, ha observado Daniel.

   Por ello, ha defendido que "utilizar estas presentaciones más baratas puede ayudar a pacientes con dificultades económicas", ha insistido el vicepresidente de la Camfic.

   El listado contiene las indicaciones, peso, dosis y precio de 17 principios activos de fármacos comunes en los que se puede evitar por esta vía el euro por receta como el paracetamol, el diazepan, la levotiroxina, el haloperidol, sales de hierro, omeprazol, clorpromazina, acido acetilsalicilico y furosemida, entre otros.

El Gobierno aprueba la exclusión de la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular en España

MADRID.- El Gobierno español ha dado hoy luz verde, en el último Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren en España en situación ilegal.

   El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, liderado por Ana Mato, ha dado a conocer que el Gobierno ha aprobado su propuesta de excluir de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentre en España en situación ilegal.

   De esta forma, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud.

   Con esta medida, Mato afirma que se ha dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población. Además, considera que se garantiza de esta manera "un mayor control y transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios.

   Por otro lado, otro de los objetivos que el Ministerio de Sanidad señala que se van a cumplir gracias a la aprobación del Real Decreto es asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas. Añadido a ello, se va a poner fin "a la multiplicidad de normas que han regulado la prestación", indican desde este organismo.

   En cuanto a la tarjeta sanitaria, ésta "será interoperable en todos los servicios de salud del territorio nacional, y junto con la historia clínica digital, servirá de herramienta para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia".

   Por otra parte, fuentes del Ministerio aseguran que con al ver luz verde la medida, España "se adapta a la normativa europea y pone freno al turismo sanitario". Con ello, se evita "el uso fraudulento" por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud, manifiestan.

   Además, esta cartera pretende generar un ahorro de 1.000 millones de euros con la aplicación de la reforma, lo que "redundará en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros", subrayan.

   Pero las modificaciones no acaban ahí, ya que tras escuchar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se va a impedir que el sistema de salud siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta. Del mismo modo, los españoles que se encuentren en esta coyuntura sufrirán la misma situación en el extranjero.

   No obstante, el Real Decreto si contempla la atención de urgencia, por enfermedad o accidente; la atención en el embarazo, parto y postparto; y la asistencia sanitaria a menores de 18 años en ciudadanos en situación irregular. Gracias a esto, la cobertura ofrecida "se trata de una más amplia que la de la mayoría de los países europeos", sostienen desde la institución.

   Por último, la titular de la cartera de Sanidad se ha mostrado satisfecha de la base de datos del Sistema Nacional de Salud, algo que considera "histórico". Gracias a ella, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el organismo único encargado de tramitar y resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario.

   Además, será el encargado de detectar irregularidades como los 800.000 titulares que "constaban como beneficiarios de otras personas, cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían ser titulares, las 200.000 de estas personas que figuraban como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos o las 150.000 tarjetas sanitarias activas que se han detectado de personas ya fallecidas".

El sistema sanitario español acumula pérdidas millonarias por la mala gestión

MADRID.- El sistema sanitario español está plagado de fallos administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la atención sanitaria a extranjeros.

Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.

La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.

Uno de los principales "agujeros" se encuentra en la facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en atención primaria.

Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.

Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal, las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados de otros países.

En este caso, la facturación no realizada por las comunidades autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.

Otro de los "agujeros" por el que el sistema sanitario española pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada comunidad en la atención sanitaria a extranjeros.

Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.

Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de Extremadura.

El Tribunal también ha detectado "incoherencias" en la base de datos de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros procedentes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.

En su informe también denuncia que las bases de datos de los pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar muchas de las facturas en sus países de origen.

Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes.

En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), algo incompatible.

El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE, periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y recibir allí atención médica con cargo a España.

Así, explica puede darse el caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país se desplacen a Ceuta o Melilla a recibir atención sanitaria con cargo al sistema español.

El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos el campo relativo a la nacionalidad "estaba vacío", y tampoco figuraba la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe utilizando tarjetas caducadas.

Según el informe, los servicios de Salud de las comunidades autónomas emitieron, en 2009, 1.112.085 tarjetas sanitarias individuales a extranjeros procedentes de países del Espacio Económico Europeo y Suiza.

No obstante, 59.088 de estos extranjeros, figuran en las bases de datos como personas sin derecho a asistencia sanitaria.

En este caso, advierte de la dificultad añadida de conocer qué comunidades autónomas emitieron las citadas tarjetas.

También advierte de más de un centenar de extranjeros que tienen la tarjeta sanitaria de su país y la tarjeta sanitaria individual española, dos documentos incompatibles.

Además, la mayoría de centros sanitarios españoles dispensan a extranjeros con tarjetas sanitarias temporales tratamientos que no son urgentes y que pueden posponerse hasta la vuelta a sus países como mecanoterapia, masoterapia, cinesiterapia o termoterapia, entre otros.

Estos tratamientos cuestan miles de euros que, por otra parte, y según el órgano fiscalizador, nunca se facturaron o cobraron a los países afectados.