Todo parecía
ir por el mejor camino en el Principat d´Andorra. El antaño considerado
paraíso fiscal había salido de la lista negra de la OCDE. Francia y
España habían firmados convenios de doble imposición, abriendo la vía a
implantación de empresas de ambos países en el Principado. La temporada
de esquí anunciaba nuevos récord de ingresos.
Y
el primer ministro, Toni Martí, había renovado su mandato, tras
las elecciones generales, preparando un acuerdo de asociación
con la Unión Europea, en el marco de los pequeños Estados europeos,
no miembros de la UE.
Pero, de repente, llegó el castañazo
desde los Estados Unidos, al declarar la Banca Privada de Andorra (BPA)
como entidad blanqueadora de capitales mafiosos. Y, con ello,
cundió el pánico por el impacto sobre la imagen del pequeño país de
los Pirineos. Un pánico que se transformó en temblor para miles de
depositantes catalanes que, tradicionalmente, tienen cuentas,
declarados, o no, en Andorra.
¿Por qué ha llegado ahora? Tal
es el principal interrogante de un escándalo que, de rebote se
lleva por delante a su sucursal en España, el Banco de Madrid,
dejando también malparadas a las autoridades bancarias
españolas que, se supone, debían haber ejercido mayor control.
El
inicio de las investigaciones por parte del controlador bancario
estadounidense, el FinCEN, la división de crímenes financieros
del Tesoro de EE.UU., surge a raíz de las revelaciones policiales
españolas. Primero por el caso de la mafia rusa, con el caso Andrei
Petrov, residente en Lloret de Mar, por el que está imputado el ex
alcalde y diputado de CiU, Xavier Crespo, y el ex regidor de
Urbanismo, Josep Valls, por la operación Clotilde.
Después, por
la trama de la mafia china, desvelada por la Fiscalía Anticorrupción
que investiga la trama de blanqueo de capitales del caso
supuestamente liderada por el chino Gao Ping, en el caso
denominado Emperador.
Otro elemento importante fueron las
cuentas en el Banco de Madrid, sucursal del BPA de la familia del ex
presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Cuentas procedentes de
una herencia paterna, según testificaron siempre el matrimonio
Pujol y cinco de sus hijos, ante la Comisión de Investigación del
Parlament de Catalunya, y de la que continúa una causa judicial
abierta. En su momento las autoridades andorranas se negaron en
facilitar información.
¿Lo mantendrán ahora?
Si las
autoridades andorranas sufren por la imagen del país a nivel
internacional, mientras intentan poner orden con una eventual
liquidación ordenada del conflictivo banco, en Cataluña hay
escalofríos en más de una espalda por la repercusión que puede
tener el caso.
Desde la década de los años 1960, cuando la
economía española empezó el despegue, aún bajo la dictadura
franquista, el Principat d´Andorra –bajo patronazgo de los co
príncipes, el presidente de la Republica de Francia y el obispo de
la Seu d'Urgell– siempre fue un destino favorito como refugio para
cuentas opacas procedentes de acaudalados ciudadanos catalanes.
Así siguió la tónica hacia un paraíso fiscal vecino y atractivo,
tanto para compras sin impuestos, deporte de esquí y, para los
adinerados, refugio antaño en pesetas y, más adelante, euros.
El
problema ahora es que, ante la larga mano del controlador bancario
estadounidense, cada vez más cauto con la banca internacional,
sobre todo después de los atentados del “11-S”, la onda expansiva
puede llegar hasta quienes, tradicionalmente, han tenido cuentas
ocultas en el Principat d´Andorra. Sobre todo si no las legalizaron
en su momento ante la Agencia Tributaria. De ahí que haya pánico en
Andorra, con colas ante el BPA, y temblor entre miles de
depositarios catalanes. Un asunto que, sin duda, coleará.
(*) Periodista
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