'El Corte Inglés' y 'Globalia' ganan el súpercontrato de viajes de funcionarios

MADRID.- Los trece ministerios del Gobierno de Rajoy ya tienen agencia de viajes para los desplazamientos de altos cargos y funcionarios de las diferentes carteras. El Ministerio de Hacienda acaba de adjudicar el famoso contrato CORA, es decir, el acuerdo centralizado para el servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado para los próximos dos años prorrogables por otros dos, según https://www.lainformacion.com. 

Durante las últimas horas el departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha ido notificando a los agraciados quiénes han sido los adjudicatarios de los cinco lotes. El montante total es de 285,6 millones de euros y los elegidos han sido El Corte Inglés, Halcón Viajes (Globalia) y, por último, IAG7.

El lote número 1, relativo a los desplazamientos que realizará el Ministerio de Defensa, será gestionado por IAG7 (que se ha aliado con Nautalia para este contrato), quien presentó la oferta más ventajosa. 

Así, la firma especializada en viajes de empresa se encargará de facilitar los vuelos de los militares y trabajadores de Defensa entre Madrid y Canarias, así como entre Barcelona, Sevilla y Málaga con destino al archipiélago canario. A nivel internacional, ofrecerá los billetes de avión entre la capital e Irak, Dakar, Incheon (Corea del Sur), Munich, París y Roma. 

Asimismo, la agencia pondrá a disposición de los trabajadores de Defensa una serie de hoteles de entre cinco y tres estrellas en Madrid, Zaragoza y Sevilla.

IAG7 también ha sido la compañía elegida para facilitar a los funcionarios del Ministerio del Interior -policías y guardias civiles- los desplazamientos y hoteles que necesiten. 

Así, la agencia se encargará de gestionar los vuelos de Madrid a Barcelona, Canarias, Vigo, Palma, Sevilla y Tenerife, así como billetes internacionales con destino a Amsterdam, Bogotá, París, La Valeta, Quito, Santiago de Chile, Santo Domingo y Viena. 

Los hoteles ofrecidos en Madrid, Barcelona y Sevilla también variarán entre las cinco y las tres estrellas.
El lote 2 y 3 ha sido adjudicado a Viajes Halcón, la compañía del grupo Globalia, que será la agencia de viajes de los ministerios de Economía (donde acaba de llegar Román Escolano), Energía, Hacienda, Exteriores, Presidencia, Educación y Justicia. Estos departamentos prevén viajes de funcionarios entre Madrid y varias ciudades españolas, así como vuelos internacionales a Amsterdam, Berlín, Buenos Aires, Ginebra, Lisboa, Luxemburgo, México DF, Nueva York, París, Santo Domingo, Viena y Washington, y hoteles en Madrid, Barcelona, Bruselas y París. 
El Corte Inglés, por su parte, se encargará de gestionar los viajes de los ministerios de Agricultura, Empleo, Fomento y Sanidad correspondientes al lote número 4. Estos departamentos prevén viajes tanto nacionales como internacionales a las ciudades anteriormente citadas y a otras adicionales como Colonia, Düsseldorf, Frankfurt, Luxemburgo y Lisboa.
Todas las empresas a las que ha contratado el Gobierno para los viajes ofrecen un seguro que debe cubrir las siguientes necesidades: fallecimiento o incapacidad permanente total del asegurado (750.000 euros), repatriación desde cualquier lugar del mundo, cobertura sanitaria con un límite de 15.000 euros, cobertura odontológica de hasta 750 euros, desplazamientos y estancia de acompañante en caso de hospitalización, y pérdida, robo o daño de equipajes de hasta 1.200 euros.

Un contrato polémico

El actual contrato por 285,6 millones supone un incremento económico notable respecto al actual acuerdo en vigor. En los últimos tres años, Globalia ha gestionado en exclusiva los viajes de los diferentes Ministerios por 171 millones, una etapa que se ha caracterizado por las quejas recurrentes de los funcionarios por un servicio que ha tenido algunas carencias. 

Ahora el Gobierno eleva un 67% el montante destinado a desplazamientos y alojamientos de los funcionarios y cargos de la Administración General del Estado, pero sigue confiando en Globalia para dos de los cinco lotes. Las tres agencias adjudicatarias en este nuevo acuerdo comenzarán a trabajar en los ministerios a partir del próximo 6 de abril.
Este contrato de viajes de funcionarios del Estado no ha estado exento de polémica. La Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV) presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al considerar que no existía igualdad de trato en la convocatoria. 

En concreto denunciaba que se producía alguna ventaja para aquellas agencias que ya tienen una línea aérea (como el caso de Globalia con Air Europa) ya que podrían ofrecer tarifas de vuelos en condiciones más económicas. El recurso no ha sido tenido en cuenta por el comité de expertos, compuesto por funcionarios de Hacienda, Agricultura y Defensa, que ha sido quien ha participado en la resolución este contrato marco.
Hay que recordar que Avoris, del Grupo Barceló, y Carlson Wagonlit Travel, de CWT, ya comunicaron a principios de año que renunciaban a pujar por este macrocontrato y denunciaron que las condiciones de Hacienda obligaban a los aspirantes a "asumir como pérdidas las diferencias de tarifas de los operadores al no depender el precio final de ella misma, lo que hace que el concurso ponga en riesgo claramente a los licitadores".

El número de empleados en las distintas administraciones públicas españolas se ha reducido en un 6% desde 2012

MADRID.- Las administraciones públicas contaban hasta el mes de julio con 2.522.631 empleados públicos frente a los 2.685.837 de enero de 2012, lo que supone una reducción de 163.206 empleados en dos años (-6,08%), según los datos del último Boletín Estadístico del personal del sector público, publicado por el Ministerio de Hacienda.

Esta disminución de empleados ha dejado las cifras del conjunto de las administraciones públicas en los niveles de 2007, antes de la crisis, cuando había 2.512.038 personas trabajado en este ámbito.

El mayor recorte se ha producido en la Administración del Estado, donde trabajan 540.462 empleados públicos, un 7,1% menos que en 2012, mientras que el descenso en el caso de las comunidades autónomas ha sido del 5,5%, hasta los 1.277.212 empleados. En los ayuntamientos, las plantillas se han reducido en un 6,8%, hasta los 556.260 trabajadores.

Sólo en el primer semestre, el conjunto de las administraciones públicas ha reducido el número de empleados en 28.492 (-1,1%). En Administración Central, este descenso ha sido del 3,2%.

Más en detalle, en la Administración General del Estado (AGE), que incluye ministerios, organismos públicos y áreas de actividad, el recorte de empleados ha sido del 0,56%, hasta los 219.324 empleados.

Los trabajadores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también se han reducido un 0,57%, hasta los 144.385; los de las Fuerzas armadas, un 1,6%, hasta los 119.856; y los de las entidades públicas empresariales y organismos con régimen especial, un 31,3%, hasta los 32.000. Sólo la Administración de Justicia cuenta con un 1% más de empleados, con 24.897 personas.

En las comunidades autónomas, los empleados públicos se han reducido en un 0,5% entre enero y julio de 2014, y en la administración local este retroceso se ha situado en el 0,8%. Por otro lado, el personal de las universidades se ha reducido hasta las 148.697 personas, lo que equivale a un descenso del 1,2%.

De este modo, la 'tarta' del personal público se repartía en julio de este año entre el 50,6% en las comunidades autónomas, el 22% en los ayuntamientos, el 21,4% de la Administración Pública Estatal y el 5,9% en las universidades.

Por otro lado, el boletín detalla que en el ámbito de la AGE, de los 201.978 empleados públicos, el 70,8% es funcionario, el personal laboral representa el 27% y el resto del personal el 2%. Un 75% de toda la plantilla se sitúa entre los 40 y los 59 años.

Además, un 52% de los empleados públicos son hombres y un 48% son mujeres, pero si se considera sólo a los funcionarios de carrera, el porcentaje anterior se invierte, con un 47% de hombres y un 53% de mujeres.

Los grupos mayoritarios dentro de los funcionarios de carrera pertenecen al Grupo C1 (administrativos y similares), con casi un 40%, seguido de los grupos A1 y A2 (licenciados y diplomados), con un 32,5%.

El Gobierno español revela que toda la cúpula de Red.es cobra sueldos por encima de Rajoy

MADRID.- Toda la cúpula de la entidad pública Red.es, compuesta por un director general, un secretario general y seis altos cargos, cobra sueldos que van de 108.762 a 93.500 euros anuales, muy por encima de la retribución del presidente del Gobierno y de los ministros según admite el Ejecutivo, que alega que, eso sí, son cantidades "ajustadas" a las limitaciones retributivas para altos cargos de la Administración.

Así lo asegura el Ejecutivo en respuesta al portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, quien el pasado mes de octubre registró una pregunta parlamentaria por escrito para conocer el organigrama de Red.es, sus salarios y los criterios por los que se selecciona a los altos directivos.

En su texto, el Ejecutivo señala que el director general de Red.es, César Miralles, cobra 108.762 euros brutos al año, mientras que su secretario general, Luis Florencio Santa-María, percibe 102.690 euros brutos al año, muy por encima de los 78.185,04 euros que percibe el presidente Mariano Rajoy en doce mensualidades.

Además, el Gobierno afirma que la entidad "cumple escrupulosamente" las limitaciones en cuanto al número de altos directivos, que como entidad del grupo 2 del sector público empresarial tiene fijados en seis.

Estos son el director Económico Financiero, Octavio Falcón; el director de Sistema de la Información y Servicios Compartidos de Administración Electrónica, Víctor Izquierdo; el director de Programas, Francisco Javier García Vieira; el director de RedIRIS, Tomás de Miguel; el director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, Carmelo Muñoz; y la directora de Comunicación, Teresa Cruz.

Todos ellos han sido nombrados durante esta legislatura, entre febrero de 2012 y septiembre de 2013, con la excepción de Tomás de Miguel, que lleva en su cargo desde julio de 2005, cuando aún gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

Según afirma el Ejecutivo en su respuesta, los salarios brutos anuales de estos altos directivos oscilan entre 93.500 y 95.800 euros, "dependiendo de criterios objetivos", si bien no precisa cuáles son esos criterios ni qué cantidad percibe exactamente cada uno de los cargos mencionados. Lo que sí asegura es que estas retribuciones se ajustan a las previsiones legales, y que las indemnizaciones para estos directivos están suprimidas.

En su respuesta, el Gobierno explica que el presidente de Red.es, a la sazón secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín -también con un sueldo que supera al de los ministros- propone los nombramientos del Comité Ejecutivo del organismo en función de los siguientes criterios: "las capacidades del candidato para un óptimo desempeño del puesto y la responsabilidad profesional del mismo". 

Junto con los altos cargos, en Red.es trabajan 195 efectivos y un trabajador eventual en prácticas. La asignación total reservada a este organismo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 se eleva a 132 millones de euros, de los cuales 7,7 millones son para la gestión de RedIRIS y otros 15.000 euros para la ampliación de capital de Inteco.

Hacienda inicia los trabajos para elaborar una nueva legislación de contratación pública en España

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado los trabajos para elaborar la nueva legislación de contratación pública en España, tras aprobar la Unión Europea un nuevo paquete de directivas comunitarias en esta materia. La legislación que incorpore al ordenamiento español las directivas será elaborada por un grupo de trabajo formado por expertos.

   La Unión Europea ha aprobado un total de tres directivas referentes a la contratación, contratación  de las entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la directiva de adjudicación de contratos de concesión. Estas directivas deberán ser incorporadas por los Estados miembros en un plazo de dos años, para lo que necesariamente deberán modificar la legislación vigente de contratos del sector público.

  La nueva legislación profundizará en la apuesta del Ejecutivo por implantar una mayor transparencia en la actuación pública, en línea con la reciente Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, la nueva Ley de Contratos se aplicará, tal y como posibilita la Directiva europea, a los partidos políticos que se financien mayoritariamente con fondos públicos.

   La nueva legislación facilitará el acceso a la contratación pública de las pymes al suprimir cargas administrativas y económicas para ellas, y generalizando cuando sea posible la división en lotes de los contratos, lo cual redundará en una mayor presencia de las mismas en las licitaciones.

   Por otro lado, se contemplará una mayor preocupación en la contratación por las implicaciones medioambientales, y se profundizará en el apoyo a la I+D, a través del establecimiento de procedimientos para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública, como las nuevas "asociaciones para la innovación". En el proceso que ahora se inicia para la elaboración de la nueva normativa se contará con las aportaciones que  las comunidades autónomas, entidades locales y entidades empresariales consideren oportuno realizar.

   El grupo de trabajo, que elaborará las nuevas leyes de contratos para incorporar las novedades incluidas en las directivas comunitarias, estará  presidido por el director general del patrimonio del Estado. En él participarán especialistas en materia de contratación del ámbito de la administración general del Estado y del ámbito académico, la abogacía general del Estado o la intervención general de la administración del Estado, además del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El Govern catalán pide destituir a Llanos de Luna por homenajear a la División Azul

LÉRIDA.- La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, ha pedido este viernes la destitución de la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, por haber participado en un homenaje en el que se entregó un diploma a la Hermandad de Combatientes de la División Azul, unidad de voluntarios que sirvió con el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

   En declaraciones en una visita a Esterri d'Àneu, se ha sumado así a la demanda de todos los partidos, salvo PP y C's, de cesar a Llanos de Luna, tras acusarla de "tener la virtud de herir constantemente el sentimiento de los catalanes".

   Según Ortega, no es la primera vez que De Luna hiere el sentimiento de los catalanes, y ha asegurado que, incluso en sede parlamentaria, ha destacado que "en un momento de racionalización, lo que sería necesario sería poner en evidencia aquellas administraciones que, o no tienen trabajo o no tienen sentido de Cataluña".

   Así, Ortega ha reiterado que la Delegación del Gobierno en Cataluña es "totalmente innecesaria", por lo que ha abogado por su supresión para evitar duplicidades.

   A su juicio, ya ha demostrado "que no tiene un trabajo puramente de respuesta y de solución de problemas de los ciudadanos, sino que generalmente los crea".

Aguirre pide una "reforma radical" de las administraciones públicas

MADRID.-   La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que la experiencia de los últimos meses muestra que las políticas de subidas de impuestos que se han llevado a cabo no han servido para aumentar los ingresos, y ha defendido que ha llegado la hora de hacer una "reforma radical" de las administraciones públicas y de "reducir el peso del sector público".

   En un post de su blog, la expresidenta de la Comunidad de Madrid afirma que ante la mala noticia sobre las previsiones macroeconómicas anunciadas en el último Consejo de Gobierno, "lo peor que puede pasar es que los ciudadanos caigan en una actitud fatalista" y que piensen que "no hay ninguna alternativa eficiente para salir del hoyo en el que está sumida la economía española" cuando, en su opinión, sí la hay y pasa por reducir los gastos.

   A su juicio, "todos los economistas y los políticos están de acuerdo en que el primer paso hacia la recuperación económica tiene que ser la reducción del déficit público", pero "hasta ahora se ha intentado reducir aumentando los impuestos y la experiencia de estos meses ha demostrado que esas subidas de impuestos no han servido para incrementar los ingresos".

   Frente a esto, considera que "ha llegado la hora de explorar la otra variable del déficit: la reducción de los gastos, como estaba previsto en el programa electoral del PP".

   Para ello, sostiene que, en primer lugar, hay que "acometer una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas. Y eso sí que es una alternativa. La hay, y es la que llevaba el Partido Popular en su programa", subraya.

   "Ha llegado la hora de aplicarla: reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y familias para sacar a España de la crisis", concluye.

Avisan de que las Diputaciones españolas son "refugios" para los aparatos de los partidos y nadie sabe cómo se eligen

TOLEDO.- El alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que, "en muchos casos", las diputaciones provinciales españolas resultan ser "refugios de los aparatos de los partidos políticos" y, debido a que no se conforman mediante el voto directo de los ciudadanos, "casi nadie sabe cómo se elige" a sus representantes.

   García-Page ha mencionado el caso de la Diputación de Orense, ahora de actualidad tras la imputación de José Luis Baltar por un delito de prevaricación continuada, ya que se le acusa de colocar a 104 personas en la Diputación sin seguir ninguno de los procedimientos legales.

   "En muchos casos, las diputaciones, no digo el de Orense que es el caso más evidente, son refugios de los aparatos de los partidos políticos", ha señalado el regidor.

   Aunque ha dicho no ser "un fanático de las diputaciones, ni a favor ni en contra", García-Page sí se ha preguntado si "no sería más razonable", en caso de que se tuvieran que suprimir administraciones, "empezar por aquellas que no tienen el voto directo de los ciudadanos".

   "Casi nadie sabe cómo se elige un presidente de diputación. Nadie les vota, nadie les exige cuentas. A mí me parece que si tenemos que depositar competencias y cada día más presupuesto público en unos señores que casi nadie sabe cómo se les elige, digo yo que estamos invirtiendo los términos... No es lo mejor en términos democráticos", ha explicado.

   Así se ha manifestado el líder de los socialistas castellano-manchegos a raíz de la propuesta del Gobierno para reformar la administración local, según la cual se refuerzan el papel y las competencias de las diputaciones en detrimento de los municipios.

   En su opinión, aquellos políticos que quieran ser presidentes de diputación deberían "presentarse a las elecciones como un alcalde" y que "si se está haciendo un planteamiento de recorte administrativo, habrá que empezar, si somos lógicos, por aquellas instituciones que son más opacas desde el punto de vista democrático" porque empezar por los ayuntamientos le parece "una irrealidad, un absurdo".

   Además, se ha preguntado "con qué dinero van a asumir" la prestación de servicios de algunos municipios "si las diputaciones ya  tienen como cometido desde su nacimiento la función de cooperar y asesorar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".

   "Ahora, lo que están haciendo las diputaciones es, las que tenían un hospital, quitárselo de encima, las que tenían un psiquiátrico, quitárselo de encima. Al final, se quedan para asesorar al alcalde. Pero, para ser sinceros, ¿de verdad alguien piensa que las diputaciones son la solución a la crisis económica de este país? Si alguien está apostando por las diputaciones es porque detrás tiene un interés estrictamente interno de partido y electoral", ha apuntado.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de que los sueldos de los alcaldes sean fijados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, García-Page ha afirmado que no le gustaría que "parezca que la culpa de la crisis la tienen los alcaldes".

   A su juicio, "lo razonable" sería que el Ejecutivo acordara este tipo de cosas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en lugar de que sean "imposiciones". 

"Nadie se pregunta por el sueldo del seleccionador de fútbol, pero todo el mundo se pregunta sobre el sueldo de los alcaldes", ha añadido.

   Por todas estas razones, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha acusado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de "ningunear" a los ayuntamientos porque "los está recluyendo a un esquema de negociados de cuarta".

   "Yo no he visto nunca un desprecio tan tremendo a una autonomía municipal. Es verdaderamente increíble. Lo que no termino de entender bajo ningún concepto es que los alcaldes del PP no le digan al Gobierno de España que ya está bien de ninguneo", ha subrayado.

   En su opinión, "tendría que ser obligatorio que uno para llegar a ser ministro haya sido concejal como mínimo", ya que considera que Montoro "no tiene ni idea de lo que es un ayuntamiento, ni de lo que es una ciudad, ni de lo que le importa a la gente en la calle".

Las administraciones públicas españolas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas españolas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".

   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.

   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.

   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.

   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.

   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.

   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.

   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.

   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.