MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, sin el acuerdo con los
agentes sociales, el Real Decreto-Ley de reforma de la formación
profesional, con la que se persigue una mejora de la calidad de los
cursos para el acceso a empleos más cualificados y dotar al sistema de
mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito.
Para ello, el texto, entre otras cosas, abre la gestión directa de
los fondos y la impartición de cursos de formación de oferta -financiada
con cuotas, fondos públicos y europeos- a la libre concurrencia y
relega a patronal y sindicatos a un papel de planificación de estos
programas. Esto evitará que, como hasta ahora, los agentessociales sean
juez y parte en la formación, y permitirá, según el Gobierno, que sea el
mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas de
formación.
Este cambio ha imposibilitado el acuerdo, según han confirmado fuentes de patronal y sindicatos. No obstante, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprovechado la rueda de
prensa tras el Consejo Europeo de Primavera para asegurar que la reforma
nace tras "un largo e intenso diálogo con los agentessociales".
Antes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado tras el
Consejo de Ministros, que la reforma se ha dialogado por las partes
"hasta la extenuación" --a lo largo de un año en el que se han sucedido
más de 50 reuniones- e incorpora muchas aportaciones de todos". Además,
ha recordado que, como se había avanzado en los último borradores, las
empresas siguen pudiendo elegir el impartir, incluso con más
"flexibilidad", la formación directamente en su seno, a través de lo que
se conoce como formación bonificada.
Además, Báñez ha mostrado la
vocación del texto de reforzar esta labor en el ámbito de las pymes.
Ahora bien, si en los últimos años se adelantaba la financiación de
estas subvenciones directas a las empresa en un 100%, a partir de ahora
sólo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude. "La reforma del
sistema de formación es buena los trabajadores porque aumenta la calidad
de formación, es buena para las empresas, porque les permitirá mayor
competitividad, y mejor para la sociedad porque introduce más control y
transparencia, así como una evaluación permanente", ha añadido Báñez.
Líneas maestras de la reforma
A partir de ahí, Báñez ha pormenorizado los objetivos estratégicos de
la reforma y ha confirmado que el texto aprobado otorga una papel
"trascendente y relevante" a patronal y sindicatos, pero abre la gestión
de los fondos de formación de oferta al 100% a la libre concurrencia.
Esta medida se ha venido introduciendo progresivamente en la última
oferta de formación dando como resultado, según ha enfatizado Báñez, que
las ofertas se han duplicado con una reducción de costes del 20%. De
este modo, el principal papel de patronal y sindicatos en relación con
la formación de oferta será ahora el de anticiparse y detectar las
necesidades de formación para introducirlas en un escenario de
planificación plurianual que garantizará la formación continua de los
trabajadores.
Por otro lado, la reforma introduce la 'cuenta de formación' que
acompañará al trabajador durante toda su vida laboral y que certificará
toda su formación. Además, se crear el 'cheque formación', con el que el
desempleado podrá costear su formación en el centro que prefiera.
Otra de las novedades de la reforma es la de introducir procesos de
evaluación permanente. "Queremos asegurarnos de que cada euro que se
destine se dedica a la formación", ha dicho. Además, la reforma supone
la creación de una unidad especial de inspección en el ámbito de la
formación y un incremento de las sanciones para las empresas que
utilicen de forma irregular los fondos recibidos. Por ejemplo, las
empresas que así lo hagan, no recibirán nuevos recursos en los
siguientes cinco años.
Por último, la reforma introducir un sistema integrado de información
entre comunidades autónomas y Gobierno en favor de la transparencia, el
control y la evaluación permante.
El actual modelo de formación llega actualmente a más de cuatro
millones de personas y es empleado por más de 475.000 empresas, con una
inversión de 2.280 millones de euros, con cifras de 2014. Sin embargo,
en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "era mejorable" en
relación con esos dos objetivos prioritarios.
Así, ha señalado que el modelo ha adolecido de una planificación
estratégica que asegurara una formación continua de calidad de los
trabajadores, y de un sistema integrado de información para poder
controlar quién imparte y recibe los cursos, qué programas o dónde.
A modo de ejemplo, Báñez ha señalado que, según el último informe de
la Fundación Tripartita para la formación, el 60% de los beneficiarios
no ha percibido un impacto positivo sobre su empleabilidad. Además, los
datos ponen de manifiesto que ha habido una brecha entre la formación
impartida y las necesidades de las empresas, al tiempo que la falta de
libre concurrencia ha encarecido en el tiempo estos servicios.
Mirando al futuro, la ministra de Empleo ha recordado que la UE prevé
que se creen en Europa durante los próximos años 19 millones de empleos
de alta cualificación y que se reduzcan los de media y baja. Más aún,
Báñez ha explicado que el paro y los salario bajos están directamente
asociados a los empleos de menor cualificación. "Por tanto, formar a
trabajadores en un mundo cada vez mas global es imprescindible", ha
dicho.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, ha apuntado que éstas son las dos "claves" de lo que ha
considerado una reforma estructural "de primer orden", a la que se ha
dado impulso después de que en los últimos años se hayan conocido,
asociados a la formación, "algunos de los casos de fraude más graves y
llamativos de la Democracia".
