Las 18 medidas para acabar con el paro en España

MADRID.- Los expertos del Future Trends Forum, de la Fundación de la Innovación Bankinter, proponen 18 medidas para acabar con el paro en España. Las 18 reformas propuestas por el XVIII Future Trends Forum para revertir la actual situación del  mercado de trabajo en España son las siguientes:

1. Potenciar, incentivar y favorecer el desarrollo de las ventajas comparativas españolas en el mercado global.

2. Reposicionar la marca España mediante una campaña global de comunicación que resalte las ventajas comparativas señaladas en la primera propuesta.

3. Reformar y simplificar la legislación española para favorecer las inversiones extranjeras y la unidad de mercado.

4. Reformar el sistema educativo acercándolo más a la realidad anglosajona.
Favorecer la formación en capacidades.

5. Incentivar la educación a través de la Formación Profesional. Establecer esquemas fiscales más favorables para quienes decidan contratar -o
acogerse- a esta opción formativa.

6. Adaptar el calendario de reducción del déficit público para hacerlo
más asumible y minimizar sus efectos sobre la demanda agregada.

7. Promover la creación de Eurobonos que permitan mutualizar el
riesgo soberano dentro de la Eurozona, como contrapartida a las necesarias medidas de austeridad.

8. Incrementar la liquidez en el sistema financiero a través de procesos
de recapitalización de las entidades y de inyecciones de fondos por parte del Banco Central Europeo.

9. Acelerar el desapalancamiento del sector privado, facilitando el incremento del consumo y la inversión por parte de ciudadanos y empresas.

10. Establecer incentivos fiscales para las empresas, trabajadores y sponsors participantes en actividades económicas relacionadas con el denominado “cuarto sector”.

11. Potenciar y desarrollar los intermediarios privados participantes en el
mercado de trabajo. Favorecer su colaboración con el sistema nacional de
empleo a través de contratos para acciones concretas y beneficios fiscales.

12. Simplificar la legislación laboral existente y crear un nuevo “contrato único” con una indemnización creciente por año trabajado.

13. Separar la indemnización por despido de la percepción del
subsidio por desempleo.

14. Rediseñar las políticas activas de empleo existentes en España, dirigiéndolas especialmente hacia la reducción del desempleo juvenil.

15. Rediseñar las prestaciones por desempleo para limitar su efecto negativo sobre la creación de empleo y  la movilidad de los trabajadores.

16. Crear el nuevo “área de emprendimiento” en el que startups y nuevos emprendedores puedan beneficiarse de una legislación más sencilla y de incentivos para la puesta en marcha de su compañía.

17. Rediseñar el sistema de incentivos legales para la creación de nuevas
empresas. Reducir las trabas administrativas y burocráticas que limitan
el emprendimiento en España.

18. Acordar con todas las universidades españolas la instrucción de formación emprendedora obligatoria, adaptada a las condiciones y a las necesidades de cada una de las ramas formativas ofrecidas. 

ACNUR critica la falta de solidaridad de Europa con los refugiados

MADRID.- La representante de ACNUR en España, Maricela Daniel, ha lamentado las restricciones que mantienen los países ricos para los solicitantes de asilo. La responsable de esta agencia de la ONU, que ha presentado el informe «La situación de los refugiados en el mundo» desde 2006 a 2011, ha destacado la «enorme solidaridad» de los países pobres que acogen al 80 por ciento de los refugiados del mundo.

 

Del medio millón de refugiados sirios que hay en Jordania, Líbano, Turquía e Irak, a Europa han llegado unos 20.000. Según Maricela Daniel, «los países desarrollados tienen controles más estrictos en sus fronteras y para determinar la condición de refugiado hacen unos controles muy estrictos y persona a persona», lo que dificulta que muchos puedan encontrar asilo en esos países. 

Otros gobiernos aplican medidas más restrictivas para disuadir e impedir la llegada de solicitantes. «Es legítimo, ha dicho Daniel, que los gobiernos protejan sus fronteras pero pedimos que instauren mecanismos de control más rapidos para poder identificar a los peticionarios de asilo y evitar un retorno a su país de origen donde su vida está en riesgo».

Pakistán e Irán son los países que más refugiados han acogido en sus territorios, principalmente iraquíes y afganos. Otros países de acogida masiva son Níger, Burkina Faso o Jordania. Maricela Daniel, ha destacado que esos gobiernos acogen a decenas de miles de personas «a costa de su seguridad interna».

Pero tanto unos como otros, se resisten a la integración local o les ofrecen muy pocas plazas de reasentamiento, lo que obliga a muchas de estas personas ha permanecen durante muchos años cerradas en un campo de refugiados sin ninguna posibilidad de trabajo o de progreso personal. Además los países receptores, los de origen y los donantes se muestran poco dispuestos a trabajar juntos para encontrar soluciones.

Una de las cosas que más preocupan es precisamente la perpetuación de algunos de esos conflictos que hacen que «el 70 por ciento de los refugiados (7,5 millones) mantengan un exilio prolongado, que les lleva a vivir más de 5 años en un campo de refugiados». Para ellos la integración local o el reasentamiento, se vuelven cada día más difíciles.

En el informe presentado en Madrid, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) destaca en la actualidad cuatro países que sufren un conflicto bélico interno y que están provocando la mayoría de refugiados. Son Siria, los dos Sudán, Malí y República Democrática del Congo. Estos conflictos, junto a las revueltas árabes han provocado en los últimos dos años, casi 1,5 millones de nuevos refugiados, lo que eleva el número de desplazados en el mundo a 42 millones. Para la representante de ACNUR en España «lo más preocupante es la tendencia actual a la multiplicación de nuevos conflictos que se añaden a los que todavía no se han resuelto».

También preocupa las dificultades con las que trabajan muchos responsables humanitarios, en zonas de alto riesgo para su seguridad y la de la población a la que asisten. En ese sentido Maricela Daniel ha recordado a las dos cooperantes españolas secuestradas hace más de 1 año en los campos de refugiados de Dadaab (Kenia), para las que ha pedido su liberación, lo antes posible.

Según el informe «las tendencias sociales y económicas mundiales indican que el desplazamiento seguirá aumentando en la próxima década» y que los desastres naturales relacionados con el cambio climático van a producir movimientos masivos de desplazados, tanto internos como externos.

En relación a la crisis económica que sufren los países tradicionalmente donantes, como es el caso de Europa, los responsables de ACNUR reconocen que «en épocas de dificultades económicas los Estados tienden a centrarse, comprensiblemente, en el bienestar de sus propias poblaciones», pero recuerdan que «los retos globales del desplazamiento forzado requieren más cooperación y solidaridad internacionales».

España y Cuba acuerdan el traslado a España de Ángel Carromero

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado el traslado a España de Angel Carromero, después del acuerdo alcanzado con Cuba, para que éste cumpla aquí la condena impuesta por las autoridades cubanas, que es de cuatro años. Carromero fue juzgado en Cuba después de un accidente de tráfico del vehículo que el conducía, en el que fallecieron los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.

   Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Angel Carromero firmó el pasado 6 de diciembre la solicitud de su traslado para cumplir la condena en España.

  El Gobierno, dijo, ha remitido a las autoridades cubanas toda la documentación que han solicitado y el 12 de diciembre la subdirectora general de Asuntos Jurídicos y Consulares, del Ministerio de Asuntos Exteriores y la subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional, del Ministerio de Justicia, se reunieron en La Habana con las autoridades cubanas, a requerimiento de las mismas.

   Añadió que, tras una reunión mantenida con la delegación española, el cónsul general de España en La Habana ha firmado un memorando en el que, entre otros aspectos, "se contempla el traslado a España para el cumplimiento de condena".

   Después de todos estos trámites, el Consejo de Ministros de hoy ha acordado la autorización del traslado a España para que cumpla la citada condena. Además, explicó que, junto con Carromero, se trasladará a otro ciudadano español apellidado Vives, condenado por tráfico de drogas y que se encontraba en Cuba.

   Santamaría no quiso precisar cuándo llegará a España de Angel Carromero. "Permítame ser prudente y no hablar de plazos", dijo y recordó la "cautela" que ha mantenido el Gobierno sobre este asunto durante todo el procedimiento desde que se produjo el accidente en el que murieron los disidentes cubanos.

El Papa critica la "mentalidad egoísta" del capitalismo financiero no regulado

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Benedicto XVI ha arremetido contra la mentalidad egoísta e individualista que se expresa en un "capitalismo financiero" no regulado, en su mensaje para la próxima Jornada por la Paz, que se celebra el de enero de 2013 titulado 'Bienaventurados los que trabajan por la paz'. 

Así, ha recordado los "focos de tensión y contraposición provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres" que genera esta mentalidad. Por ello, ha asegurado que "para salir de la actual crisis financiera y económica, que tiene como efecto un aumento de las desigualdades, se necesitan personas, grupos e instituciones que promuevan la vida".

Además, el Pontífice destaca los "sangrientos conflictos aún en curso y las amenazas de guerra" en diferentes partes del mundo que requieren "un compromiso renovado y concertado en la búsqueda del bien común y del desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre". Igualmente, resalta "las diversas formas de terrorismo y delincuencia internacional" que representan un peligro para la paz, así como los "fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión, llamada a favorecer la comunión y la reconciliación entre los hombres".

Sin embargo, en su mensaje también subraya las "numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo" y que atestiguan "la vocación nata de la Humanidad hacia la paz". Así, recuerda que el deseo de paz "es una aspiración esencial de cada hombre y coincide en cierto modo con el deseo de una vida humana, plena, feliz y lograda". En definitiva, destaca que el hombre está hecho para la paz.

El Supremo avala la Ley Hipotecaria a pesar de la ola antidesahucio

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) hace caso omiso de las sentencias que están dictando jueces de distintas instancias inferiores y avala sin ambages la Ley Hipotecaria y el marco jurídico sobre contratos vigentes. Así se desprende de sentencias recientes del Alto Tribunal que confirman la obligatoriedad de distintos contratos financieros, como préstamos hipotecarios o productos derivados, y rechazan la existencia de condiciones o intereses abusivos.

Si bien los tribunales tratan de aplicar la ley y los cambios los realiza el poder legislativo, desde 2010 se suceden las sentencias que fuerzan el ordenamiento vigente a fin de conseguir la protección del consumidor. Es el caso de la conocida sentencia la Audiencia de Navarra, que estableció que la entidad bancaria, en este caso BBVA, que se adjudique una vivienda hipotecada en subasta no puede continuar reclamando a su cliente la parte del préstamo no cubierta por esta vía.

De hecho, poco después, la Sección Tercera de la misma Audiencia enmendó este fallo, de la Sección Segunda, y reconoció que la adjudicación de la vivienda en subasta no es suficiente para saldar la deuda hipotecaria, y permite al banco, BBVA, ejecutar los bienes "en cantidad suficiente" para cubrir la suma reclamada. A estas sentencias se han sumado otras de juzgados de primera instancia y más tribunales sobre swaps, preferentes y otros productos.

De hecho, el Gobierno ha lanzado una moratoria sobre desahucios pero no ha reformado la Ley Hipotecaria. En esta línea, el Supremo se atiene a la legislación y, en una reciente sentencia, reconoce que, en los préstamos hipotecarios, no es posible entrar a valorar el equilibrio de las prestaciones entre las partes ni moderar los intereses en función de la legislación de consumidores o la ley contra la represión de la usura. Y lo hace en un fallo en el que juzga un caso en el que se pedía la nulidad de un préstamo hipotecario por haberse fijado un tipo de interés del 20%.

Además, en otra sentencia, el Alto Tribunal resuelve un asunto en el que unas personas habían comprado unas viviendas con el fin de venderlas sin haber escriturado siquiera y especular así con ellas. Con la caída del mercado inmobiliario decidieron finalmente no adquirirlas y la promotora les demandó exigiendo que cumplieran con su obligación contractual. Los compradores alegaron que no podían comprar porque no les era posible subrogarse en el préstamo hipotecario. El banco, por su parte, se negó a permitírselo ante su escasa solvencia.

En este fallo, el Supremo rechaza la posición de los clientes y sostiene que "los compradores adquirieron con fines especulativos, lo que les podría haber generado una rápida ganancia, obteniendo un precio superior al pactado con la promotora que había dirigido el largo proceso de construcción".

Pero, prosigue el TS,"los compradores cuando se integran en un proceso de rápida obtención de beneficios con la consiguiente disposición urgente de la inversión se están sometiendo a una situación de riesgo aceptado que no pueden intentar repercutir sobre la vendedora, que ningún beneficio obtiene de las ulteriores ventas".

Así, concluye el Supremo, "los recurrentes pretenden aceptar los beneficios de la especulación, pero repercutiendo a la vendedora las pérdidas que se pudieran causar, lo que es contrario a la buena fe".

En definitiva, se puede afirmar que el Supremo pone freno a la especulación con esta resolución. Y lo hace desde la aplicación de la norma.

Luis Jiménez-Asenjo Sotomayor, abogado del bufete Giménez-Salinas especializado en asuntos que afectan a la banca, insta a "no confundir el drama personal de muchos con la anarquía jurídica".

Según Jiménez-Asenjo, "el Poder Judicial debe juzgar según la ley vigente, y no es bueno que retuerza su interpretación como en algunos casos se ha hecho para tratar de impartir una supuesta justicia material, pues con ello se degrada un principio básico del Estado, como es la seguridad jurídica".

Por ello, este abogado llama a "aplaudir, aunque parezca impopular, que el Supremo dictamine que los contratos deben cumplirse de forma implacable, y que nos recuerde que gran parte de las compraventas de inmuebles que se realizaron tenían un trasfondo especulativo".

Sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que abrió la veda, Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, ha recalcado que, "aunque es llamativa", no debe "concedérsele mayor importancia", ya que "no constituye jurisprudencia y se encuentra indisolublemente ligada a las incidencias de un proceso concreto en el que la entidad no pudo aportar una tasación más actualizada que, sin duda, hubiera arrojado un resultado distinto".

Bankia cede 300 viviendas a la Generalitat para alquilarlas a familias que han perdido su hogar

VALENCIA.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha firmado este viernes el acuerdo por el que cederá entre 250 y 300 viviendas a la Generalitat valenciana para que las alquile, por un máximo de 200 euros mensuales, a familias que han perdido su vivienda habitual por un proceso de ejecución hipotecaria o por otras circunstancias excepcionales derivadas de la actual crisis económica. 

   Así lo ha señalado en su intervención tras suscribir su primer protocolo de colaboración de estas características con la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en un acto que ha estado presidido por el jefe del Consell, Alberto Fabra.

   Esas viviendas, cuya titularidad conserva Bankia, se incorporarán a las 600 que integran el parque público de la Generalitat y se destinarán al Programa Extraordinario de Arrendamiento de Interés Social. En concreto, será la Red Alquila quien realice las labores de mediación y prepare los contratos de arrendamiento, mientras que Bankia bonificará hasta un 50 por ciento el alquiler durante los primeros cinco años de contrato, y tres si cambia la legislación, y el alquiler de esas viviendas cedidas no podrá superar los 200 euros.

   Según señala la entidad, la bonificación de Bankia llegará a la mitad de la renta del inquilino durante el primer y el segundo año de alquiler, mientras el tercer año se situará en el 40 por ciento, el cuarto en el 30 por ciento y el último, en el 20 por ciento. Además,  adecuará las viviendas para que cumplan con los criterios de habitabilidad antes de la entrada de los inquilinos.

   Las condiciones para acceder a este arrendamiento son haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o estar en proceso de reclamación judicial, así como estar en riesgo de exclusión social, en situación de desempleo con cargas familiares o con ingresos limitados. También se atenderá a mayores, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

   Goirigolzarri ha subrayado que "la sensibilidad por parte de Bankia respecto al problema del impago de hipotecas viene de hace tiempo" y ha apuntado que, en los dos últimos años, ha redefinido las cuotas a pagar en 80.000 hipotecas, con lo que ha renegociado "prácticamente el 10 por ciento" de su cartera. Además, la entidad ha aceptado "más de 4.400 daciones en pago" en el último año y medio.

   Según la entidad, cada día cerca de 70 familias han conservado su hogar gracias a haber adecuado la letra a su capacidad de pago y más de 15.000 de las 80.000 "adecuaciones" corresponden a la Comunitat.

   Entre las alternativas que les ofrece Bankia figuran alargamientos de plazos y carencias en el pago del principal y, en último caso y en ausencia de cualquier ingreso, acepta la dación en pago. De las cerca de 4.300 daciones aceptadas desde 2011, 700 han sido en la Comunitat.

   Goirigolzarri ha subrayado que este primer convenio supone "un paso muy importante" para enfrentar "de forma coordinada" el problema del impago de hipotecas, tal y como propuso él mismo en el congreso de APD celebrado en Valencia hace apenas un mes, motivo por el que asegura sentir una "satisfacción tremenda" por firmado en Valencia.

   En este sentido, ha indicado que "hoy es un día de gran satisfacción por un doble motivo", por el acuerdo alcanzado y por hacerlo en la Comunitat Valenciana, que es "fundamental" para Bankia como "entidad de referencia en la región" y porque, además, "representa casi una cuarta parte" de su negocio total en España.

   El dirigente de Bankia también ha valorado la "capacidad de respuesta" y la "agilidad" mostradas por la Generalitat valenciana.

   Por su parte, Fabra ha agradecido la "sensibilidad" mostrada por Bankia y ha valorado que, con este acuerdo, ofrecerán "tranquilidad y sobre todo un halo de esperanza" y tenderán "muchas posibilidades nuevas" a "muchas familias que en estos momentos ven con mucha angustia la dificultad de tener que atender el pago de la hipoteca".

   "Bankia juega en casa en la Comunitat Valenciana", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha celebrado que haya firmado en esta autonomía su primer convenio de este tipo, como parte de una sociedad en la que "todos debemos arrimar el hombro y mostrar sensibilidad".

   A su juicio, instituciones, agentes sociales y sociedad deben unir esfuerzos ante las "situaciones muy acuciantes" vividas para "el pago de la hipoteca y sobre todo, ante la falta de pago, los desahucios".

   Fabra ha defendido que la Comunitat Valenciana "fue de las primeras en darse cuenta de esta situación" y que, a mediados de año, puso en marcha el Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social o de Arrendamiento de Vivienda Pública a Familias en Riesgo de Exclusión Social y creó el registro inicial de demandantes, en el que se han inscrito 150 familias de la Comunitat hasta este momento.

   Ha argumentado, en este punto, que se trata de "una cuestión social" y las administraciones deben ser "sensibles a esa angustia" y garantizar los derechos de las personas más vulnerables. En el caso de la Generalitat, ha dotado cinco millones de euros para reformar viviendas públicas para destinarlas a arrendamiento social, 462.000 euros más que en 2012, ha firmado ocho convenios con ayuntamientos y tiene previsto suscribir otros 31 acuerdos de este tipo en 2013.

Una mujer con una orden de desahucio fallece en Málaga tras arrojarse al vacío

MÁLAGA.- Una mujer ha fallecido en la barriada malagueña de Los Corazones tras arrojarse desde el balcón de su vivienda, situada en una cuarta planta. Al parecer, a principios de esta semana recibió una orden de desahucio por impago de la hipoteca.

   El suceso se ha producido minutos antes de las 09.30 horas de este viernes en el número 2 la calle Río Guadiana, según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía, que no confirman, no obstante, la causa del suicidio.

   La mujer, de 56 años, vivía en esta casa desde hacía varías décadas con su madre, de 96 años y enferma, según el testimonio de los vecinos, quienes han apuntado que la fallecida había tenido un estanco en el polígono industrial El Viso, en Málaga capital, pero se vio obligada a cerrarlo hace unos tres años por problemas económicos.

   Sin embargo, había avalado la compra del local con su propia vivienda y la deuda, finalmente, acabó en la ejecución hipotecaria del aval y en la consiguiente orden de desahucio.

Estudiantes, padres y profesores marchan en toda España contra la LOMCE

MADRID.- Padres, profesores y estudiantes han vuelto a salir a la calle este jueves en todas las capitales de provincia del país para protestar contra el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y el proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Miles de personas se han manifestado en Madrid y Barcelona contra las reformas educativas y los recortes llevados por el Gobierno.

   El adelanto de los itinerarios hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, las reválidas, la eliminación de Educación para la Ciudadanía y la vuelta de una alternativa "dura" (Ética) para la asignatura de Religión, el "apoyo" a la enseñanza privada y "segregadora" por sexo, el "ataque" a las lenguas cooficiales o la falta de una memoria económica que acompañe a la ley son las principales quejas de Plataforma Estatal en Defensa de una Escuela Pública contra la futura reforma educativa.

   La plataforma la integran la federaciones de Enseñanza de CC.OO y UGT, STES-i, CGT, la Confederación Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y el Sindicato de Estudiantes, entre otras organizaciones.

   En Madrid, varios centenares de estudiantes, padres y profesores (150.000 según los organizadores) se han manifestado en una marcha que ha recorrido desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol. La marcha ha arrancado pasadas las 18.30 horas en la plaza de Neptuno, y a su llegada a la Plaza de Cibeles, se han unido a la misma estudiantes procedentes de la zona universitaria, que venían de realizar otra protesta.

   Posteriormente, se han detenido frente al Ministerio, ante el cual han realizado una pitada de unos cinco minutos, una 'tamborada' y han lanzado gritos de 'Wert, dimisión'. Durante el recorrido los manifestantes portaban pancartas con leyendas como 'Hitler a Werto' '¿Wert cuando comienzas a quemar libros?' 'Libre la España plural quiero. Educar al PP y al clero'. '¿Burros a lo Wert? No'.

   También, han lanzado consignas como 'Por la universidad pública', 'No a la LOMCE' o 'Qué barbaridad, el hijo del obrero no puede estudiar'.

   Alejandro, un estudiante de FP de 24 años, ha explicado que ha acudido a todas las manifestaciones educativas para defender el actual modelo y ha criticado que la educación que ahora le sale prácticamente gratis le va a costar 180 euros más.

   Igualmente, se ha mostrado comprensivo con la situación de los profesores a los que, según ha dicho, les están quitando dinero. "Están desmantelando el sistema de enseñanza", ha denunciado.

   Por su parte, Javier, un prejubilado de 64 años, ha explicado que acude por solidaridad a la marcha porque entiende que "es una injusticia el desamantelamiento que está haciendo el Gobierno". En este sentido, se ha mostrado convencido de que otro Gobierno actuaría de manera distinta frente al mismo problema.

   Los convocantes han realizado discursos reivindicativos en la calle Sevilla, cerca de la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La marcha ha comenzado tras una pancarta en la que se podía leer 'La educación no es gasto, es inversión. ¡No a los recortes!'.

   En Barcelona, miles de personas de la comunidad educativa se han manifestado desde las 18.15 horas por el centro de ciudad en contra del anteproyecto de la Lomce y contra los recortes en educación tanto estatales como de la Generalitat.

   Con una pancarta bajo el lema 'Para la cohesión social. Ni Lomce ni recortes', la comunidad educativa, convocada por el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (Muce) -que forman asociaciones de padres, alumnos y sindicatos- protestan con gritos en contra de la "privatización" de la enseñanza.

   Los sindicatos han pedido la dimisión del ministro de Wert, a quien han criticado por "menospreciar a la comunidad educativa" porque no ha dialogado con ella para elaborar el borrador de la ley, ha afirmado la secretaria general de Fete-UGT, Roser Font.

   En Valencia, una concentración ha salido desde el centro de Valencia para clamar contra la LOMQE y han pedido 'Per l'escola pública. Més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat' ('Por una educación pública. Más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad').

   Con el lema 'Frente a los recortes y a la LOMQE, defendemos una escuela pública en valenciano', la manifestación, acompañada con el ritmo de 'tabalets' y 'dolçaines', ha desplegado pancartas con consignas como 'No nos callarán', 'Sin miedo' y 'Wert dimisión'. Protestas contra la ley Wert se han celebrado este jueves en todo el ámbito nacional.

   La protesta, convocada por la Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic, ha salido algo después de las 18.00 horas desde la Plaza de San Agustín, ha recorrido la calle San Vicente Mártir hasta la Plaza de la Reina y ha desembocado en la Plaza de la Virgen, donde uno de los miembros de la plataforma ha leído un manifiesto.

   El manifiesto denuncia que la nueva ley "no cuenta con el consenso de los diferentes sectores sociales" y nace "con una clara ideología neoliberal, reaccionaria y segregadora". Asimismo, supone la pérdida de la posibilidad de participación de la comunidad educativa y, en cambio, "sí que está consensuada, a escondidas, por la iglesia católica".

   Según el documento, la ley "no se basa en ningún precepto pedagógico, sino, más bien, los infringe todos" y "atenta contra los derechis lingüísticos de la ciudadanía por imposibilitar el diseño de programas en valenciano" e "instaura un modelo educativo "que prima la competitividad y la segregación social".

   Por ello, el manifiesto exige la dimisión del ministro Wert, la retirada de la LOMQE, la paralización de los recortes y la apertura a un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa.

   En Galicia, cientos de personas se han concentrado en Santiago de Compostela y en diferentes localidades de la geografía gallega para mostrar el rechazo de al comunidad escolar al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), coincidiendo con una jornada de protestas que se celebran en todo el Estado.

   Las concentraciones estaban por la Plataforma en Defensa do Ensino Público y se han llevado a cabo a la misma hora, las 19.00 horas, en La Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Burela, Orense, El Barco de Valdeorras, Verín, Pontevedra, Vigo, Villagarcía de Arousa y Ponteareas.

   Uno de los actos se producía en la capital gallega, donde decenas de personas se dieron cita ante el centro Rosalía de Castro para rechazar la reforma educativa del ministro de Educación, José Ignacio Wert, entre pitidos, abucheos, sirenas y consignas.

   Tras una pancarta en la que se leía 'Coa educación non se xoga', el secretario xeral de FETE-UGT, Marcelino Brea, ha exigido la retirada del borrador de la LOMCE junto con la "dimisión" de Wert, por su "incompetencia" y "nula capacidad de negociación" al impulsar un proyecto que tiene a la comunidad educativa "enfrentada" y con el único apoyo de las patronales de la concertada, la Conferencia Episcopal y el PP.

   "Vamos a hacer todo lo posible desde la calle y los medios que tenemos para tratar de hacerle rectificar al ministro", ha asegurado Brea, quien ha reconocido, no obstante, que la mayoría del PP en el Congreso puede provocar con esta reforma "lo que pasó con la revisión de las pensiones".

España publicará una lista con los mayores defraudadores a Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno estudia la manera de adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.

   Así lo ha señalado Montoro en el Pleno del Senado durante su defensa del proyecto de ley de medidas tributarias, donde ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda.

   El ministro ha explicado que esta medida se justifica por la idea del Gobierno seguir progresando en la lucha contra el fraude fiscal, ya que esta tarea descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social.

   Con esta finalidad, el Gobierno estudia la precisión de "parámetros objetivos" para configurar el listado, que identificará y publicará el nombre de los mayores defraudadores o morosos con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.

   "Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata", ha dicho el ministro, quien no puede entender "tanto sigilo y cautela" hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones y no merecen confianza.

La Guardia Civil insta a sus unidades a informar con tiempo de registros y detenciones de cargos públicos

MADRID.- Una circular interna de la Guardia Civil insta a las unidades del Instituto Armado a informar con una semana de antelación a la dirección general de las posibles implicaciones de cargos públicos o registros de sedes oficiales en aquellas operaciones que se vayan a llevar a cabo.

   La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha aprovechado la presencia del Director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para hacer pública esta circular en la que se insta a las unidades de la Guardia Civil a informar al Director Adjunto Operativo (DAO), Cándido Cardiel, de los cargos públicos que se vean implicados en operaciones que vayan a realizarse de manera inminente.

   Oramas ha leído de forma íntegra esa circular --vigente desde el 19 de abril-- que, según ha dicho, le ha "sido facilitada". 

 "Se recuerda a todas las unidades de que por orden del DAO se debe emitir antes de las 11 horas de las cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente".

   Según ha continuado la diputada canaria, en la citada circular se insta a informar de "los siguientes extremos: nombre de la operación y unidad participante, concepto de la operación, fecha previsible y número previsible detenidos e implicados, registros de inmuebles que se prevea practicar, posibles implicaciones de cargos públicos de personas y de registros de sedes oficiales".

   A su juicio, la existencia de esta circular resulta "gravísima" y ha preguntado al director general de la Guardia Civil si la conocía, si se trata de una iniciativa suya, del DAO o del propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. También ha pedido saber si esa información se traslada al director operativo o también se eleva.

Puig pone su cargo a disposición de Mas por los disparos de mossos el 14N en Barcelona

BARCELONA.- El consejero de Interior en funciones, Felip Puig, ha aceptado la dimisión del comisario jefe de Recursos Operativos de los Mossos d'Esquadra y jefe de los antidisturbios, Sergi Pla, y ha puesto su cargo a disposición del presidente Artur Mas, que le ha ratificado después de la polémica por las versiones incompletas sobre los disparos de los antidisturbios en la zona donde una mujer perdió un ojo.

   En rueda de prensa tras reunirse con los grupos que conforman la Diputación Permanente del Parlament, Puig ha informado de que acepta la dimisión de Pla --una decisión que "le honra"--, ha insistido en que no se dispararon pelotas de goma de los Mossos, un recurso que ve necesario, tras las nuevas indagaciones realizadas, y ha informado de que en la zona donde fue herida Ester Quintana se dispararon siete proyectiles, pero que ninguno pudo haberla herido porque fueron posteriores.

   Puig ha reiterado que confía plenamente en que los Mossos no son los culpables del impacto que recibió Ester Quintana: "De la información que tenemos no se puede desprender que la lesión de Quintana haya sido causada por una acción de los Mossos".

   Ha valorado que en ningún caso ha habido voluntad de ocultar información por parte de los mandos de Mossos, sino que lo ha achacado a un error de cálculo porque los informes que le remitieron se centraban en qué ocurrió en el punto donde cayó herida Quintana y no en zonas adyacentes.

   Por ello, ha defendido que la información que dio en su comparecencia en el Parlament fue "veraz pero incompleta" y eso ha generado una sombra de duda que ha acabado afectando a la imagen de los Mossos, y ha pedido disculpas por ello a la sociedad y a la Cámara autonómica.

   En este contexto, Puig no ha querido entrar en si quiere repetir al frente del cargo en el próximo Gobierno catalán, y ha dicho que su voluntad de seguir o no es "irrelevante" pero que continuará ejerciendo su responsabilidad como consejero en funciones hasta el último momento.

   Ha explicado que el comisario Pla le justificó no haber elevado el informe más completo por una "diferencia de apreciación de lo que es o no relevante", y que le ha pedido ser relevado para superar una situación de crisis interna en el departamento.

   El consejero ha indicado que ha tardado varios días en dar información porque quería tener todos los informes exhaustivos, y que no saben quién pudo herir a Quintana y ha puntualizado que es un tema judicializado y que le remitirán al juez toda la información que tienen y vayan recabando.

   Sobre los disparos que se hicieron ese día, ha explicado que fueron 640 salvas (disparos sin munición), y 62 proyectiles de lanzadora, pero que de las 4.526 pelotas de goma que salieron de la comisaría de Egara volvieron las mismas exactas y que estaban intactas.

   Concretamente en la zona donde fue herida Quintana hubo un disparo en Ronda Sant Pere y Plaza Cataluña para inmovilizar a una persona a las 21.09 horas, otra a la altura de la Bolsa a las 21.05 en dirección ascendente, y las otras cinco en las calles Casp con Pau Claris y con Llúria --lejos de Casp con paseo de Gràcia, donde se produjo la lesión, que fue antes de las 21 horas--.

   Puig ha asegurado que, si tuviera alguna prueba fehaciente de que los Mossos hubieran causado la lesión, él la hubiera hecho pública y no hubiera comparecido negándolo.

   Ha pedido hacer un debate sobre la idoneidad de las pelotas de goma, que ha defendido como un método para dispersar a violentos, y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las escopetas y lanzadoras de los Mossos lleven un GPS para ser localizados en todo momento, y que la Brimo lleve cámaras en el casco.

   La polémica estalló después de que el consejero diera explicaciones en sede parlamentaria sobre la actuación de la Brigada Móvil (Brimo), negando rotundamente que dispararan ningún proyectil en la zona donde cayó herida una mujer que perdió el ojo, una versión que quedó en entredicho tras la aparición de un vídeo en Internet en el que un agente disparaba con la nueva lanzadera GL-06.

   Según el director general de los Mossos, Manel Prat, si el consejero no dio esa información es porque desconocía que en aquella zona se hubieran disparado, pero certificó la versión del consejero que ese día en ningún caso se lanzaron pelotas de goma --munición que se tira para que rebote y tiene una trayectoria aleatoria--.

   La confirmación de que existía un informe de los antidisturbios que sí contenía información sobre los disparos en la zona donde Quintana recibió el impacto y que no se hizo llegar al consejero le ha obligado a pedir de nuevo toda la información de los movimientos de la policía ese día.

Protestas por la eliminación de prestaciones en Canadá a los jornaleros extranjeros

TORONTO.- Sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos de trabajadores protestaron hoy contra la decisión del Gobierno canadiense de eliminar prestaciones sociales a trabajadores temporales extranjeros.

La decisión de eliminar las prestaciones fue realizada el pasado lunes sin publicidad por el Ministerio de Recursos Humanos y, según los sindicatos canadienses, afectará especialmente a miles de trabajadores temporales mexicanos que cada año acuden a Canadá como jornaleros agrícolas.

La eliminación del prestaciones especiales le ahorrará al Gobierno canadiense millones de dólares cada año a pesar que los trabajadores temporales extranjeros seguirán cotizando a la seguridad social canadiense.

El sindicato UFCW envió hoy una carta abierta a la ministra de Recursos Humanos, Diane Finley, en la que solicitó que reconsideré la medida dado el impacto que tendrá en los trabajadores extranjeros del sector agrícola.

UFCW dijo que aunque el Gobierno ha eliminado el pago de las prestaciones, las autoridades canadienses seguirán recaudando de los trabajadores temporales extranjeros 25 millones de dólares al año en concepto de contribuciones.

Las contribuciones de los trabajadores temporales extranjeros serán iguales que las que realizan trabajadores canadienses, o residentes permanentes, que si seguirán recibiendo las prestaciones.

"Estos trabajadores, principalmente hombres casados del Caribe y México, dejan cada año a sus familias durante meses para recoger nuestros alimentos", dijo UFCW en la carta a Finley.

Cada año, unos 18.000 trabajadores temporales mexicanos viajan a Canadá con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá como temporales en las explotaciones agrícolas del país.

En total, 30.000 trabajadores extranjeros (especialmente de México, el Caribe y Filipinas) acuden cada año a Canadá para trabajar de forma temporal.

El presidente de UFCW, Wayne Hanley, señaló a través de un comunicado que la decisión del Gobierno canadiense, "no se ajusta a los valores canadienses".

Hanley añadió que el Gobierno canadiense "permite a las empresas pagar a los trabajadores extranjeros temporales un 15 % menos que a los canadienses, y continúa ignorando las condiciones de trabajo y de vivienda peligrosas a lo que muchos de estos trabajadores son sometidos".

La organización de defensa de los derechos de trabajadores extranjeros, Justicia for Migrant Workers (JMW) también protestó contra la decisión de eliminar las prestaciones.

JMW dijo que durante 40 años, los trabajadores temporales extranjeros han financiado el sistema de desempleo canadiense a pesar de que no son elegibles para recibir la totalidad de las prestaciones disponibles a los trabajadores canadienses.

"Y ahora están siendo totalmente desposeídos de las pocas prestaciones especiales a las que podían acceder. Es completamente injusto y escandaloso", dijo la organización.

El Gobierno canadiense no explicó el por qué de la eliminación de las prestaciones.

Detenido uno de los hombres más ricos de Serbia en una operación anticorrupción

BELGRADO.- El millonario serbio Miroslav Miskovic, una de las figuras con más peso dentro del país balcánico, ha sido arrestado este miércoles junto a su hijo y otras siete personas en una investigación anticorrupción, según ha informado el fiscal jefe para el crimen organizado, Miljko Radisavljevic. 

   "Según las acusaciones (...), como copropietarios de empresas de carreteras privatizadas, entre 2005 y finales de 2010 desviaron fondos y propiedades y consiguieron unas ganancias de 2.900 millones de dinares (25 millones de euros)", ha explicado Radisavljevic.

   Miskovic, uno de los hombres más ricos de Serbia y según la revista 'Forbes' entre los 1.000 hombres con más dinero del mundo, tiene participaciones en la industria de la moda, la agricultura, aseguradoras y en empresas estatales en todos los Balcanes. Creó la empresa Delta Holding durante la década de 1990, con Slobodan Milosevic en el poder, y aumentó su tamaño durante los últimos años.

   Miskovic ha sido interrogado dos veces en los últimos díez días, aunque la empresa ha indicado que no existe ninguna irregularidad y que están "absolutamente seguros de la legalidad de las operaciones de Delta Holding" y de Miskovic.

   Entre los arrestados están el hijo de magnate, Marko, a quien la Policía le retiró la semana pasada el pasaporte, y Milo Djuraskovic, el propietario de una empresa de mantenimiento de carreteras, que actualmente está en bancarrota. El fiscal ha explicado que los detenidos permanecerán bajo custodia otras 48 horas más y que serán interrogados por abogados especializados en crimen organizado.

   Tras el arresto del empresario, la Policía ha aumentado la vigilancia al viceprimer ministro, Aleksandar Vucic, encargado de luchar contra la corrupción y el crimen organizado. El director del departamento de criminología de la Policía, Rodoljub Milovic, ha explicado que Miskovic ha amenazado a Vucic durante el arresto.

   Sin embargo, el abogado de Miskovic, Nenad Popovic, ha negado que su cliente haya hecho cualquier amenaza. "Durante el arresto no ha habido resistencia, ni amenazas a la Policía, ni a otros miembros del Estado o funcionarios", ha indiciado el letrado en un comunicado.

   En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han detenido a una decena de empresarios, exaltos cargos y exministros en un intento poe demostrar a la Unión Europea que el Ejecutivo serbio ataca la corrupción del país para poder avanzar en su ingreso en el bloque.

Los Mossos defienden usar elementos "que hacen daño" para dispersar manifestantes que se resisten

BARCELONA.- El comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Miquel Capell, ha defendido este miércoles la necesidad de que la policía catalana utilice "elementos que hacen daño" para dispersar a la gente que rechaza hacerlo voluntariamente durante las manifestaciones.

   Lo ha dicho durante una mesa redonda celebrada en el Pati Llimona de Barcelona sobre 'Amenazas y riesgos en la seguridad de Cataluña' en respuesta a la pregunta de un asistente sobre el caso de Ester Quintana que perdió la visión de un ojo durante la manifestación de la huelga general del 14 de noviembre por causas que se investigan.

   "Cuando nosotros actuamos, y lo sabemos, hacemos daño. La intención es hacerlo lo más suave posible", ha asegurado Capell, que no cree que la mujer haya perdido la visión del ojo izquierdo por un pelotazo de los Mossos porque allí, según ha dicho, los manifestantes estaban lanzando objetos como piedras y botellas.

El juez Ruz estudiará si investiga una denuncia sobre las cuentas del expresidente catalán, Pujol

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, estudiará si abre un procedimiento para investigar una declaración ante la Policía del financiero Javier de la Rosa en la que aseguró que estaba sufriendo amenazas por disponer de información sobre las supuestas cuentas en el extranjero que tendría el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

   De la Rosa realizó su denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que la trasladó este lunes al Registro de la Audiencia Nacional por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito, informaron hoy fuentes jurídicas.

   El asunto ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, que rechazó la semana pasada una querella del abogado Joaquín Yvancos y otra denuncia del sindicato Manos Limpias por estos mismos hechos al considerar que carecía de competencia.

   La denuncia de Manos Limpias se dirigía contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola; y sus hijos Jordi y Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias.

   Según fuentes jurídicas, De la Rosa se presentó el pasado 29 de noviembre en la UDEF para denunciar que estaba siendo objeto de amenazas y coacciones. La Policía trasladó su denuncia a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, que por el sistema de reparto recayó en el nº 43.

   El pasado 5 de diciembre el financiero realizó una ampliación de esta denuncia en la que concretaba que las amenazas tenían su origen en el borrador policial sobre las cuentas de la familia Pujol publicado el 16 de noviembre por el diario 'El Mundo' y su implicación en el caso Grand Tibidabo.

   Según el citado borrador, el matrimonio Pujol Ferrusola y sus dos hijos disponen de un capital de 165 millones de francos suizos (137 millones de euros) en la banca privada Lombard Odio, de Ginebra (Suiza).

   El juez Ruz tendrá que decidir ahora, tras solicitar informe a la Fiscalía, si abre o no un procedimiento judicial para investigar estos hechos, según han apuntado las citadas fuentes.

   En el caso de que considerara que el informe tiene conexión con la investigación del 'caso Palau', el juez de la Audiencia Nacional podría inhibirse en favor del titular del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona, Josep María Pijuan, que investiga el desvío de fondos públicos a través del Palau de la Música.

Los alcaldes españoles cobrarán en función de la población del municipio

MADRID.-  El Gobierno fijará el salario de los alcaldes españoles en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.

   El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos de la Administración del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local.

   A la espera de concretar los tramos, los regidores de los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes --como Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un secretario de Estado (68.365 euros).

   En el segundo escalafón, aunque está por definir la horquilla de población, cobrarán como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en el tercero, el sueldo será como el de un director general (50.832 euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para los regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a un director general menos un determinado porcentaje en función de la población del consistorio.

   Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a estos baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor, que se fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del regidor.

   El Ejecutivo también trabaja en una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función de las circunstancias del consistorio.

   Las fuentes consultadas barajan que esa reducción pueda oscilar entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se tendrán en cuenta algunas variables como la población del municipio o los presupuestos del mismo.

   Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto percibiría dietas por asistencia a los Plenos.

   Aparte de los sueldos municipales, uno de los principales asuntos en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de competencias, ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal fuente de ahorro de la reforma local.

   Así, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local delimitará "en positivo" cuáles son las competencias de los ayuntamientos, con el fin de corregir las llamadas competencias impropias que asumen la mayoría de los consistorios en este momento.

   Junto a esas competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán ejercer otras contando con financiación suficiente y teniendo previamente resuelta la financiación de las suyas propias. Además, las comunidades autónomas podrán cederles alguna competencia siempre que vaya acompaña de la financiación necesaria y de un convenio que fije el número de años que la ejercerá, explican las fuentes consultadas.

   El Ministerio de Hacienda, el PP y el PSOE está perfilando aún cuáles serían esas competencias municipales, uno de los aspectos de la reforma local en los que el Partido Popular espera que haya consenso, según fuentes 'populares'.

   En principio, el borrador que se presentó este verano --sobre el que se está trabajando-- propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua.

   La reforma local eliminará buena parte de las mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas en tiempo y forma, es decir, cumplir la ley y reunir unos estándares de calidad para no desaparecer. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la "mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan servicios agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.

   En España existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no cumple su obligación de presentar cuentas anuales según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de reforma de esta ley. El cálculo del departamento es que el ahorro por la supresión de estas entidades puede ascender a 700 millones de euros.

  Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena de enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo consenso con los socialistas.

   Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el próximo verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la clarificación de competencias.

  El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por el momento una reforma de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá encima de la mesa cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará a abordar a partir de 2013.

IU alega que Cifuentes "prevarica" poniendo multas en Madrid por marchas no comunicadas

MADRID.- El diputado nacional de IU Alberto Garzón ha alegado este miércoles que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "prevarica y atenta contra los derechos humanos" cuando su departamento interpone multas administrativas a los participantes en concentraciones o protestas no comunicadas como la del pasado 27 de octubre ya que, según ha argumentado, "ninguna manifestación es ilegal".

   Así lo ha explicado hoy Garzón, junto al también parlamentario de IU Ricardo Sixto, tras interponer una querella criminal, en nombre de la coalición de izquierdas, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra Cifuentes en relación a las "identificaciones arbitrarias, detenciones indiscriminadas y un fenómeno de represión policial, administrativa y económica que no tiene otro objetivo que asustar a la gente y meterle miedo".

   Garzón ha indicado que su partido recoge "lo mejor que han hecho otros movimientos sociales previamente, como la Comisión de Legal del 15M" y así ha anunciado que colgarán en la web de IU Federal un modelo de recurso a estas multas, "que no tienen fundamento ninguno".

   "Tiene mucho sentido esta querella para ponernos en frente de quienes vulneran los derechos fundamentales y constitucionales y tratan de hacer política por la vía policial y de sanción económica. En muchos de los casos (hubo personas multadas) que ni si quiera aparecieron en la manifestación y estuvo identificando a muchas personas con mucha antelación al lugar donde era la concentración", ha indicado.

   El diputado de IU esgrime que dichas sanciones "quieren hacer creer que hay manifestaciones ilegales cuando no existe una manifestación ilegal. "Existe una manifestación convocada o no, por lo tanto, el redactado de la multa tiene el objetivo de engañar a la ciudadanía para meterle miedo. Es un despropósito y una barbaridad que necesitaba una respuesta judicial, además de las políticas que IU viene acometiendo", ha añadido.

   Además, Garzón ha anunciado que va a hacer extensible esta querella a otros delegados del Gobierno, como los de Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha por hechos similares. "Estamos recopilando todas las multas de concentraciones parecidas al 27-O en Madrid", ha añadido. No obstante, de momento solo conocen las cifras aportadas por la propia Cifuentes el día después del 27-S, que habló de 300 personas identificadas, que recibirían una propuesta de multa de 500 euros.

   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".

   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).

   La querella apunta a que el 27 de octubre, día en el que manifestaron cientos de ciudadanos, convocados por el movimiento 25-S, entre Plaza de España y Plaza de Neptuno, "identificaron a cientos de personas con la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas "sin que se registrase ni un solo incidente violento ni daño alguno sobre personas o bienes". Algunos ciudadanos denunciaron que fueron identificados si ni siquiera participar en la marcha, cerca de Plaza de España.

   "Esta forma de actuar parece responde a un plan trazado previamente, en el que la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro", señalan en la querella.

   En la misma presenta también un vídeo en el que el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró que desde el Gobierno "se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas" y declaraciones de las propia Cifuentes en una entrevista en Telemadrid en la que, según los denunciantes, "admitió públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual".

   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".

   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal) porque, a juicio de los querellantes, la actuación de la delegada "conculca el derecho fundamental a la intimidad personal y a la interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a formar parte del listado de personas que controla la Delegación y cuyo paradero se desconoce".

   La querella también alude al artículo 23.c de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana dice, en referencia a las sanciones por acudir a una protesta no comunicada, que "en ningún caso pueden ser sancionados los participantes, sólo los convocantes".

   "Es una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior para amedrentar y poner multas a la opinión pública y a la ciudadanía que en una situación de crisis tan terrible está cada vez saliendo más a la calle para protestar y defender sus derechos", ha asegurado el diputado de IU Ricardo Sixto.

   Por todo ello, los querellantes quieren que el juez tome declaración a Cristina Cifuentes, que se aporten todos los expedientes de personas sancionadas en los alrededores de la manifestación del 27-O, que se cite a declarar como testigo a Alfredo Perdiguero y a uno de los sancionados y que se aporte la grabación de la entrevista de Cristina Cifuentes en Telemadrid antes mencionada.

Rusia limitará los activos extranjeros en manos de funcionarios y políticos

MOSCÚ.- Rusia obligará a sus políticos a declarar a partir del próximo año la totalidad de sus activos en el extranjero, así como a detallar el origen de los recursos económicos que hicieron posible su adquisición, según ha anunciado este miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, en su discurso anual ante la Asamblea Federal.

   El discurso sobre el Estado de la Federación, el primero pronunciado por Putin desde el inicio de su tercer mandato presidencial, fue recibido con calurosos aplausos por los parlamentarios, a los que Putin recomendó rebajar su entusiasmo. "No aplaudan todavía, puede que lo que van a escuchar no les guste", espetó el presidente ruso.

   Así, el hombre fuerte del Kremlin subrayó que los servidores públicos "deben estar preparados para rendir cuentas". 

"¿Qué confianza se puede depositar en un funcionario o un político que vocea la grandeza de Rusia, pero trata de sacar su dinero al extranjero?", dijo Putin.

   De este modo, el presidente ruso expresó la necesidad de apoyar las propuestas legislativas para restringir los derechos de los funcionarios rusos sobre cuentas bancarias, acciones y valores en el extranjero.

España diseña un plan de alquiler social con pisos por menos de 400 euros

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 un programa para impulsar un parque público de viviendas protegidas para el alquiler social, con una renta máxima que rondará los 400 euros mensuales, para albergar a familias con ingresos no superiores a 1.600 euros durante un máximo de dos años.

   Así aparece en el borrador del Real Decreto que regulará el que se ha denominado Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.

   Según explica Fomento, el plan contempla ayudas estatales para organismos y empresas públicas, sociedades mercantiles partícipes íntegra o mayoritariamente por las administraciones públicas u organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo de lucro que promuevan viviendas para destinarlas a este uso durante al menos 30 años.

   Las ayudas ascenderán a un máximo de 18.000 euros por vivienda y no podrá superar el 20% del coste final de la edificación, con independencia de la co-financiación que puedan aportar otras administraciones públicas.

   Ahora bien, estas viviendas habrán de destinarse a inquilinos con ingresos no superiores a tres veces el Iprem, es decir, unos 1.600 euros mensuales, para su uso entre uno y dos años, con lo que se trata de un parque de viviendas en rotación. Además, estas viviendas protegidas habrán de ser edificadas en suelos cedidos por los ayuntamientos y tendrán una superficie no superior a los 90 metros cuadrados.

   Así, en tanto que el precio del alquiler será "proporcionado" a la superficie de la vivienda, sin que pueda superar los 4,5 euros por metro cuadrado de superficie útil al mes, la renta no superará en ningún caso los 400 euros mensuales.

   Por otro lado, el documento que maneja Fomento prevé que el 25% de la oferta de estas viviendas sociales se reserve a familias que estén siendo atendidas por los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, o por ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro, que por su menor nivel de renta no puedan beneficiarse de otras ayudas al alquiler que contempla el Plan.

   Para evitar un mal uso de este programa de ayudas, el borrador prevé la transferencia de las ayudas a los promotores de estas viviendas en dos plazos. El primero, en el que se aportará el 60% de la ayuda, una vez aportada la licencia municipal de obra, la calificación provisional como vivienda protegida para alquiler social y el certificado de inicio de obra.

   El segundo plazo, por importe del 40% de la subvención, se dotará cuando conste el certificado de final de obra y la calificación definitiva como vivienda protegida para alquiler social.

  Además, entre ambas entregas no podrá mediar un plazo superior a 24 meses, salvo que se trate de promociones de más de 80 viviendas, en cuyo caso el plazo se podrá extender a 30 meses. En el caso de no cumplirse este plazo, el beneficiario de la ayuda tendría que reintegrar la primera parte de la subvención que le fue abonada.

El Papa responde en Twitter cómo vivir el Año de la Fe: "Encuentra a Jesús, presente en el necesitado"

CIUDAD DEL VATICANO.- Benedicto XVI ha respondido vía Twitter, a las 12.15 horas, a la  primera de las tres preguntas que tiene previsto atender a lo largo de este miércoles, tras su estreno en su nueva cuenta @pontifex y referente a cómo se puede vivir mejor el Año de la Fe en el día a día: "Dialoga con Jesús en la oración, escucha a Jesús que te habla en el Evangelio, encuentra a Jesús, presente en el necesitado". 

   Previamente, y media hora antes de lo esperado, el Pontífice se estrenaba, este miércoles 12-12-12, en su nueva cuenta con el tuit: "Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra generosa respuesta. Os bendigo a todos de corazón". Este ha sido el primer tuit del Papa en su nueva cuenta @pontifex, lanzado este miércoles, 12-12-12, poco antes de la 12,00 horas, durante la audiencia general de los miércoles. Poco después de este mensaje, el Pontífice se ha convertido en 'trending topic', al ser 'retuiteado' más de 15.000 veces en media hora.

   Este primer mensaje, que ha sido enviado en público directamente por el Pontífice a través de una tableta de última generación, se ha producido una media hora antes de los previsto, ha aparecido primero en la cuenta en inglés y minutos más tarde en otros ocho idiomas, entre ellos, el español.

   Para ello, estuvo asistido por cinco personas: Thaddeus Jones, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales; Claire Díaz-Oriz, de Twitter; dos estudiantes que trabajan actualmente en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (PCCS), Mika Rabb y Andrew Jadick; y una la periodista mexicana Katia Lopez-Hodoyan.

   La empresa española 101 ha sido la encargada de crear y gestionar esta nueva cuenta de Twitter del Papa Benedicto XVI así como de su imagen y la del Vaticano en la Red, a través del portal de noticias 'News.va' o de la aplicación 'The Pope App'.

   El objetivo de esta nueva cuenta, que ya tiene más de un millón de seguidores, es "dar mayor alcance al mensaje evangélico". De este modo, el Pontífice ha lanzado su primer mensaje en 140 caracteres en esta nueva cuenta, original en inglés pero el mismo mensaje ha sido enviado simultáneamente en español, italiano, portugués, alemán, francés, polaco y árabe.

   En esta ocasión, como ya se avanzó en la presentación de la cuenta la pasada semana, el contenido del primer mensaje de esta nueva cuenta de Twitter de Benedicto XVI responde a una cuestión de la fe", con motivo de la celebración del Año de la Fe.

   En todo caso, Benedicto XVI no se ha estrenado este miércoles en la red de 'microbloging', porque lo hizo en junio de 2011 con motivo de la presentación del portal informativo del Vaticano con el mensaje: "Queridos amigos, acabo de inaugurar www.news.va ¡Sea loado Jesucristo!. Con mis oraciones y mi bendición, Benedicto XVI".

   Aunque en principio los primeros 'tuit' del Papa serán enviados con ocasión de la audiencia general de los miércoles, no se descarta una frecuencia mayor. La cuenta no tiene previsto seguir a ninguna otra y pretende animar a la Iglesia a tener mayor presencia en los nuevos medios.