viernes, 19 de abril de 2013

El PSOE pide que sea Aznar el que explique las finanzas del PP

MADRID.- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha pedido este viernes que, si el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, "se esconde tras una televisión de plasma" y no da explicaciones sobre las finanzas de su partido, sea el expresidente José María Aznar el que lo haga ahora que se ha publicado que él también podría haber cobrado sobresueldos.

   "La pregunta es qué tiene que pasar para que alguien en el PP dé explicaciones de 20 años de malas prácticas y financiación irregular", ha remarcado López en rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, desde donde ha exigido una vez más "que alguien dé la cara y asuma responsabilidades".
   El número tres del PSOE ha censurado que "al señor Rajoy no le gusta dar la cara", pero ha dicho que, ya que "Aznar hablaba sin complejos", los socialistas esperan que ofrezca explicaciones sobre los presuntos sobresueldos en el PP.
   Tras enumerar las diferentes informaciones que han ido apareciendo desde enero sobre la financiación del PP en los últimos 20 años, López se ha preguntado de nuevo "hasta dónde tiene que llegar esto" para que los 'populares' den explicaciones.

Santamaría: El decreto andaluz antidesahucios "aporta poco" al proyecto de ley

MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido en que el decreto andaluz antidesahucios "poco aporta" a la ley sobre este asunto que este jueves aprobó el Congreso y que evita el alzamiento de la vivienda durante dos años a las personas en especiales dificultades o riesgo de exclusión, ha defendido.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, la vicepresidenta ha sido preguntada por la decisión de Bruselas de examinar la norma andaluza para determinar si es compatible con las condiciones impuestas a España en el memorando del rescate bancario. La Junta incluye en el decreto la expropiación temporal a los bancos de viviendas en riesgo de desahucio.
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo se mantiene a la espera de los pasos que dé la UE porque respeta los procedimientos de la Comisión, aunque si esta toma alguna decisión será al Gobierno al que le corresponda aplicarla.
   En cualquier caso, ha reiterado la opinión del Ejecutivo de que el decreto andaluz "poco añade" a la norma que ahora examinará el Senado.

Un libro revela que 'La Pasionaria' se convirtió al catolicismo en sus últimos años de vida

MADRID.- Un libro revela que Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', se convirtió al catolicismo durante sus últimos años de vida, una afirmación que se sustenta en misivas que la histórica dirigente del Partido Comunista supuestamente envió al jesuita José María de Llanos, conocido como Padre Llanos.

   Esta revelación forma parte del libro 'Azul y rojo. José María de Llanos', escrito por Pedro Miguel Lamet, que incluso asegura que 'La Pasionaria' "rezaba el padrenuestro en latín, cantaba himnos religiosos con el padre Llanos y compartía su fe en piadosas cartas dirigidas al sacerdote".
   El escritor ha descubierto en el archivo personal del jesuita una carta de 1989 --año de la muerte de Dolores Ibárruri-- en la que 'La Pasionaria' "da por supuesta su fe, pide que la recuerde 'al partir el Pan' y le invita a que ambos se conviertan en su ancianidad en una canto de alabanza y acción de gracias al Dios-amor, como ensayo de nuestro eterno quehacer".
   Sin embargo, la obra asegura que el jesuita y 'La Pasionaria' de común acuerdo, y dado el escándalo que hubiera supuesto su conversión al catolicismo, acordaron mantener el secreto y no hacerlo público.
   Dolores Ibárruri fue secretaria general del PCE entre 1942 y 1960, cuando pasó a ocupar el cargo de presidenta de la formación hasta su muerte. Tras la Guerra Civil, se exilió en Rusia, donde permaneció hasta 1977, cuando volvió a España una vez muerto Franco e iniciada la Transición.

La Policía Nacional evita un 'escrache' en la vivienda del ministro Montoro

MADRID.- Agentes de la Policía Nacional han evitado este viernes el 'escrache' convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a la vivienda del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el barrio de Argüelles de Madrid.

   Unas 150 personas se han sumado a la convocatoria a las 19.00 horas en la parada de Metro de Argüelles, donde se habían desplegado ocho furgones de la Policía Nacional, con el apoyo de una quincena de agentes de la Policía Municipal.
   Un cuarto de hora después, el grueso de manifestantes ha avanzado por la calle Gaztambide entonando consignas como 'casas sin gente, gente sin casas', 'no son suicidios, son asesinatos' o el lema de la plataforma 'sí se puede pero no quieren'.
   Los congregados en este primer 'escrache' tras la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la ley de desahucios guardaron un minuto de silencio en protesta por el desprecio mostrado a la ILP que reclamaba la dación en pago y el alquiler social.
   En todo momento, los activistas antidesahucios han sido escoltados por la Policía Nacional, que durante unos minutos les ha retenido al inicio de la calle. Sobre las 19.30 horas y, tras negociar con los portavoces de la PAH, la Policía ha permitido que avanzara la marcha, que, sin desvelar en ningún momento el objetivo del escrache, ha tomado la calle Rodríguez Sampedro.
   Sin embargo, en el cruce de esta vía con la calle Andrés Mellado, los activistas se han topado con un cordón de una veintena de agentes de la Policía Nacional que les ha impedido el paso. Unos instantes después han acudido varios furgones policiales y desde uno de ellos un mando policial ha exigido por megafonía a los participantes en el 'escrache' que se dispersaran porque "al formar parte de una manifestación no comunicada a la Delegación del Gobierno, iban a proceder a identificarles para proponerles una sanción".
   Ante este aviso, activistas de la PAH han intentado negociar con la Policía, mientras otros manifestantes gritaban 'la voz del pueblo no es ilegal'. En esos momentos, algunos agentes han comenzado a identificar a activistas, lo que ha generado momentos de tensión.
   Ante esta situación, una portavoz de la plataforma ha desvelado que el ministro Montoro era el objetivo del 'escrache' y ha dado por "buena la acción", por lo que ha pedido a los congregados que se disolvieran de manera pacífica y ordenada para evitar identificaciones.
   Sin embargo, un grupo numeroso de varias decenas de personas ha permanecido en el lugar donde se encontraba apostada la Policía Nacional. Este grupo ha bajado por la calle Andrés Mellado hasta la calle Alberto Aguilera, una vía con mucho tráfico, y ahí se ha encontrado de nuevo con un cordón policial, aunque finalmente sobre las ocho y media se ha dispersado totalmente la concentración.
   La protesta se ha desarrollado sin incidentes graves, salvo algún momento de tensión que no ha pasado de intercambio de palabras y alguna identificación.  
   Según han explicado fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas, el ministro Montoro se encontraba trabajando en el Ministerio cuando ha tenido lugar esta acción y no se ha enterado de nada.

El Gobierno de España da luz verde a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental

MADRID.- El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que supone una "reforma estructural" que conjuga, "la necesaria reforma" de los procedimientos administrativos, para que sean más ágiles y se cumplan los plazos, con la protección del medio ambiente, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha dicho que esta ley es "clave" para el sector del Medio Ambiente, pero también para el sector de la inversión. Según ha defendido, con la reforma se conjuga la protección "más integral" del medio ambiente con el cumplimiento de los plazos para agilizar las evaluaciones de impacto ambiental.
   "Es una regulación más clara", ha añadido Sáez de Santamaría, que ha explicado que a partir de ahora la evaluación de impacto ambiental será más rigurosa y estricta con los proyectos que puedan suponer un mayor impacto en el medio ambiente y más rápida y menos costosa para aquellos en los que se prevé unas implicaciones menores en el entorno.
   A continuación, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la nueva ley garantiza el "máximo nivel de protección para el medio ambiente" a través de la prevención y que unifica "todas" las leyes de evaluación ambiental e incorpora todas las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación ambiental vigente y de sus reglamentos de desarrollo.
   En tercer lugar, el ministro ha destacado que favorece el trámite de información pública a los ciudadanos, anunciando todos los trámites al ciudadano en las páginas web y promoviendo la utilización de nuevas tecnologías. Igualmente, propone que, de forma voluntaria, todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo que contempla la Ley, por lo que tratará de conseguir que todas las comunidades autónomas desarrollen un procedimiento armonizado común a todos los operadores.
   A su juicio, esta ley será "muy positiva para la unidad de mercado", para la agilidad y para que los procedimientos sean más rápidos y, en definitiva, todos marchen en una misma dirección de agilidad y simplificación.
   El ministro ha señalado también que la Ley se adapta "rigurosamente" a las directivas ambientales de la Unión Europea porque ha tenido en cuenta las modificaciones en la normativa ambiental que está haciendo Europa en la actualidad. "No hay una sola exigencia de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal cuya modificación estamos proponiendo", ha apostillado.
   Asimismo, ha destacado que con la nueva norma se reducirán los plazos para evitar "casos puntuales" que se han dado y en los que la tramitación ha durado hasta 15 años y que ahora se tramitarán en un plazo de entre cuatro y seis meses, frente a la media actual de 3,4 años. En este momento, según ha explicado, hay unos 10.000 expedientes pendientes, que podrían originar unos 80.000 puestos de trabajo por lo que "busca solucionar estos problemas".
   Arias Cañete ha puesto de ejemplo la Declaración de Impacto Ambiental de la refinería Balboa, que llevaba 7 años pendiente y que se resolvió tres meses después de su llegada al Ministerio de Medio Ambiente. "Eso no se puede consentir en una sociedad moderna", ha opinado, al tiempo que ha reiterado que la protección ambiental va a ser "máxima".
   Entre otras novedades, ha subrayado que la Ley integra los efectos del cambio climático, que crea la "novedosa" figura de los bancos de protección de la naturaleza (que "han funcionado bien en Estados Unidos") y que incluye la obligatoriedad de que el fracking o fractura hidráulica para extracción de hidrocarburos se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
   Con este Anteproyecto, el Gobierno pretende subsanar las deficiencias del actual modelo y prevé, de acuerdo con las directivas comunitarias, que se sometan a evaluación ambiental los planes, programas o proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
   En este sentido, establece que la evaluación sea "especialmente garantista" en el caso de los proyectos para los que se prevean impactos significativos, pero más ágil y menos costosa para las iniciativas con una menor incidencia ambiental.
   Entre otras medidas, la norma especifica que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable. Exige, asimismo, una mayor calidad en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.
   Según el Gobierno, la futura Ley, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección medioambiental, tendrá efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos incentivarán la inversión y, al simplificar los procedimientos administrativos, también promoverá la generación de puestos de trabajo.
   Por último, también promueve las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la participación, favorece el trámite de información pública al ciudadano, todo ello orientado, en definitiva, a sumar esfuerzos para una protección efectiva del medio ambiente.

El Ayuntamiento de Palma impulsa por unanimidad medidas para favorecer a los desahuciados

PALMA.- El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este viernes por unanimidad, en la Comisión del Pleno de Servicios a la Ciudadanía, seguir impulsando medidas para enfrentarse a la situación que atraviesan las familias que han sido desahuciadas por una ejecución hipotecaria.

   En un comunicado, han señalado que Cort ha ampliado la partida destinada a la rehabilitación de viviendas sociales y que en el primer trimestre de 2013, Servicios Sociales ha destinado 160.000 euros para ayudas a viviendas, un 24% más que en 2012,  lo que ha beneficiado, según ha asegurado el consistorio, a un total de 1.298 personas.
   Así, se ha acordado --según han informado-- reactivar el programa Palma Habitada con el "objetivo principal" de incorporar nuevas viviendas destinadas a alquileres sociales para personas afectadas por los desahucios.
   Además, han avanzado que crearán una partida presupuestaria municipal para "ayudas económicas urgentes por desahucios" destinada a paliar "el drama de las personas y familias afectadas por esta situación".
   En este sentido, el pleno de Cort insta al equipo de Gobierno a "ofrecer más espacio" a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para que desarrolle su actividad y, además, establecerán un calendario de reuniones periódicas con la PAH con la Comisión Técnica.
   Entre otros puntos, instan a que Cort junto con la PAH pueda ofrecer asesoramiento jurídico a los afectados por los desahucios, coordinar el parque de viviendas sociales municipales del Ibavi o a promover una mesa de trabajo entre las diferentes administraciones para coordinar las políticas públicas.
   Asimismo, instan a promover un convenio con el TSJB para que éste pueda notificar a Servicios Sociales los procedimientos de lanzamiento y poder así, actuar con mayor agilidad y previsión

La PAH 'escracheará' ahora a los senadores para que presenten enmiendas a la ley hipotecaria del PP

MADRID.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se da por vencida y va a aumentar la presión para que su ILP por la dación en pago y contra los desahucios ‘resucite’ en el Senado. Este colectivo continuará con los ‘escraches’ a los políticos y van a solicitar por carta a los senadores que presenten enmiendas a la Ley Hipotecaria del PP en el paso por la Cámara alta.

“La movilización debe continuar, esto era sólo una fase. La batalla seguirá en la calle y en los juzgados”. Así se ha pronunciado el asesor jurídico de la PAH, Rafael Mayoral, en una rueda de prensa frente al Congreso para valorar la decisión del PP de imponer su Ley Hipotecaria y rechazar las enmiendas de la oposición.

Para Mayoral, en la Comisión de Economía “no se discutía nuestra ILP, sino dictados de la banca”. Y es que, en su opinión, las medidas que se incluyen en esta norma “no responden a la sentencia europea, no subsana los problemas” de los desahucios, porque “el PP ha tirado a la basura la ILP”.

De ahí que ayer, un par de horas antes de que se votara esta ley en el Congreso, los promotores de esta iniciativa decidieran retirarla de manera simbólica, ya que al ser admitida a trámite, la ILP pasó a ser ‘propiedad’ del Parlamento.

A pesar de esto, la PAH no va a bajar la cabeza. Todo lo contrario, van a luchar aún con más fuerza, según aseguran varios de sus portavoces. Y lo harán en el Senado. Tras su paso por el Congreso, la Ley Hipotecaria del PP contra los desahucios empezará su trámite en la Cámara alta. Momento que aprovecharán los afectados para aumentar la presión.

De esta manera, continuarán con los ‘escraches’ a dirigentes políticos. Esta misma tarde hay uno convocado a las 19 horas en el Metro de Argüelles de Madrid. Asimismo, según Mayoral, van a solicitar por carta a los senadores “que cambien la ley en el trámite parlamentario” mediante la presentación de enmiendas.

Pase lo que pase en este proceso, la PAH también se está preparando para el día después de su aprobación en el Senado.

“Seguiremos parando desahucios, continuaremos con la movilización y empezaremos un nuevo escenario, un nuevo ciclo, que estamos valorando”, ha asegurado el asesor jurídico de la Plataforma que ha evitado dar más detalles al respecto.

Lo que sí se conoce es que en este “nuevo escenario”, la PAH incluirá nuevos contenidos en su propuesta sobre la dación en pago, los desahucios y el alquiler social. Un plan en el que “probablemente pidamos más cosas, como la reconstrucción del derecho a la vivienda”.

Mientras analizan sus nuevos pasos, los ‘Afectados por la Hipoteca’ se muestran esperanzados a que el Gobierno de marcha atrás en su actitud ante este drama. “En cualquier momento puede haber cambios, cualquier viernes en el Consejo de Ministros”, ha destacado Mayoral que desea que este tema se solucione cuanto antes.

Más allá de todo esto, la PAH ha tenido que responder a los rumores sobre la posibilidad de que la plataforma se constituya como un partido político y se presente a las elecciones. “Somos activistas, defendemos los Derechos Humanos, somos una plataforma de personas”, ha señalado Sara Vázquez, representante del colectivo de Málaga, evitando entrar en este tema.

El PP ve normal los "sobresueldos" de Aznar: son habituales en las empresas

MADRID.- Juan Carlos Aparicio, diputado del PP y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con José María Aznar restó importancia a las informaciones que afirman que el expresidente del Gobierno cobró sobresueldos y dijo que los periódicos presentan como sobresueldos lo que son gastos de representación, lo que calificó de una práctica habitual en todas las empresas.

Aparicio quiso recalcar, durante una entrevista en RNE; que su partido, el PP, en el caso de Luis Bárcenas está actuando bien porque se está colaborando con la Justicia.

“Las personas que están encausadas no pertenecen al partido, aunque el hecho de que se podía haber hecho mejor y antes no se lo puedo discutir”.

“Mariano Rajoy me merece toda la confianza”, recalcó el diputado ‘popular’.

jueves, 18 de abril de 2013

España cuenta con 3,4 millones de viviendas vacías

MADRID.- El número de viviendas vacías en España se ha incrementado en un 10,8% respecto a 2001, hasta alcanzar los 3.443.365 inmuebles, lo que supone el 13,7% de los más de 25 millones de inmuebles que conforman todo el parque inmobiliario, según datos del Censo 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Más en detalle, aunque el grado de conservación de estas viviendas ha mejorado en los últimos años, el 15,1% no se encuentra en buen estado. De hecho, un 29,7% de ellas tiene 50 años o más.  
   Por su parte, el 21,4% de las viviendas vacías están en edificios construidos en los últimos diez años, el 40,4% tiene menos de 30 años y el 70,3% menos de 50 años.
   El mayor porcentaje de viviendas vacías respecto al total se encuentra situada en Andalucía (18,5%), donde la Junta aprobó recientemente un decreto que contempla la expropiación temporal de viviendas que se encuentran inmersas en un proceso de desahucio, que ha sido incorporado por el PSOE vía enmienda al proyecto de ley Antidesahucios que actualmente está en tramitación parlamentaria.
   Le siguen la Comunidad Valenciana (14,7%) y Cataluña (13%), mientras que en el lado opuesto se encuentran La Rioja (1%), Navarra (1%) y Cantabria (1,4%).
   Asimismo, el número de viviendas vacías ha disminuido en los últimos diez años en las comunidades autónomas de Madrid (-43.277), Baleares (-14.280), País Vasco (-13.284) y Cataluña (-4.565).
   Así pues, con fecha 1 de noviembre de 2011, el parque de viviendas en España se situaba en más de 25 millones de inmuebles, un 20,3% más respecto a 2011, de las que el 72% son principales --las que están ocupadas la mayor parte del año--, hasta 18 millones.
   Además, estos inmuebles son los que más se han incrementado en los últimos 10 años, con un repunte del 27,5%, lo que supone 3,9 millones de viviendas más.
   Por su parte, el número de viviendas secundarias, que se corresponden con segundas residencias o inmuebles que sólo están ocupados durante las vacaciones, han registrado un aumento del 0,8%, hasta los 3,6 millones de pisos.
   El número de viviendas ha aumentado en los 10 últimos años en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se han dado en Murcia (+31,1%) y La Rioja (+27,4%). Por su parte, Extremadura (+13%) y el País Vasco (+14,4%) han registrado crecimientos más moderados.
   Por otro lado, en plena apuesta sin precedentes del Gobierno por impulsar la rehabilitación como alternativa a la construcción de viviendas, el Censo 2011 apunta que el parque de viviendas, en general, se encuentra en buen estado.
   Concretamente, del total de viviendas principales, el 15% se encuentran en edificios construidos durante los 10 últimos años, el 80,5% tiene menos de 50 años, el 44,1% son posteriores a 1980 y tienen, por tanto, menos de 30 años de antigüedad.
   Según el INE, el estado en el que se encuentran estos edificios es bueno en general y ha mejorado en los últimos 10 años. En cifras, sólo el 5,6% de estas viviendas no se encuentra en buen estado, frente al 8,7% de hace una década.
   En cuanto a las viviendas secundarias, el 77,5% son posteriores a 1960 y casi la mitad (46%) tiene menos de 30 años. El estado de estos inmuebles es bueno también y muy similar al de las principales, salvo en el caso del 6,8% de ellas, porcentaje menor al 8,3% del último censo.

La entrada de inmigrantes irregulares a la UE disminuyó a la mitad en 2012

BRUSELAS.- El número de entradas de inmigrantes irregulares detectadas en la UE disminuyó en 2012 un 50% respecto al año anterior, hasta situarse en 73.000, debido a que se frenaron las salidas provocadas por la 'primavera árabe' y a que se reforzó la frontera entre Grecia y Turquía.

   Se trata del primer año que la cifra anual queda por debajo de 100.000 desde que empezaron a recogerse datos en 2008, según un informe publicado por la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX).
   En la ruta entre el norte de África y España se detectaron un total de 6.400 entradas de inmigrantes irregulares, un 24% menos que en 2011. No obstante, este nivel todavía es comparable al que se registró entre 2008 y 2010. La mayoría de los inmigrantes en esta ruta son argelinos y subsaharianos que salen de Marruecos y Argelia.
   En la ruta del Mediterráneo Central, el flujo de inmigrantes, que se había intensificado en 2011 debido a la primavera árabe con llegadas desde Libia y Túnez, cayó ya a finales de ese año y en 2012 las entradas irregulares detectadas sólo llegaron a 10.300.
   Por lo que se refiere a la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, el número de entradas ilegales cayó el año pasado de 2.000 semanales a sólo 10 en octubre. Ello se explica por el despliegue por parte de Atenas de 1.800 guardas de fronteras adicionales. No obstante, FRONTEX avisa que la presión migratoria procedente de Turquía sigue siendo uno de los principales riesgos para la UE.
   La ruta procedente de los Balcanes Occidentales registró un incremento del 37% en detecciones respecto a 2011.
   Por lo que se refiere a las nacionalidades más frecuentemente detectadas entrando ilegalmente en la UE, destaca el aumento del número de sirios, desde menos de 100 en 2011 a 500 en 2012. No obstante, la clasificación la encabezan los afganos (con 13.169 casos detectados, frente a 22.994 en 2011).
   Los afganos encabezan además el ranking de peticiones de asilo en la UE en 2012, aunque buena parte del incremento del 7% es atribuible a nacionales sirios. Los afganos, junto con los marroquíes, son también los más frecuentemente interceptados por estancia ilegal en la UE.
 Por otra parte, el número de extranjeros residentes en España alcanzó la cifra de 5.411.923 al cierre de 2012, lo que supone un incremento del tres por ciento (unas 160.800 personas) respecto del año anterior, motivado principalmente por el crecimiento del grupo de foráneos procedentes de países de la Unión Europea, que suma 100.729 nuevos miembros, un 3,94% más, en 12 meses.
   Según los últimos datos de la Secretaría General de Inmigración, europeos y no europeos son ya casi la misma proporción: el 49,06 por ciento pertenecen al régimen comunitario y suman 2.655.347 personas, mientras el 50,94 por ciento restante son los 2.756.576 residentes que proceden de países de fuera de la Unión. 
   La balanza se ha ido inclinando en favor del Régimen comunitario desde la ampliación de la UE por el cada vez mayor peso de la inmigración de ciudadanos de Rumanía a España. Este colectivo, que no ha parado de crecer en la última década a un ritmo que llegó a ser del 19,04 por ciento en 2008, frenó el ritmo en 2012 con un incremento del 0,61 por ciento frente al 11,04% que había crecido en el año anterior, cuando el Gobierno impuso de nuevo restricciones para su acceso al mercado laboral. Con todo, suman ya más de 918.000 ciudadanos vivendo en España, un tercio del total de europeos.
   En este ámbito, las cifras oficiales reflejan que a lo largo del año pasado los residentes nacionales de Reino Unido (250.336 residentes), Italia (193.257), Alemania (132.007) y Francia (106.897) aumentaron entre un seis y un ocho por ciento y se sitúan junto a rumanos y búlgaros (177.590), que se incrementaron en menor medida, con un 1,24% interanual, como las nacionalidades comunitarias más numerosas en España.
   Junto a estos ciudadanos figuran en el régimen comunitario sus familiares nacidos en países de fuera de la Unión Europea, un total de 421.194 personas en su mayoría de origen colombiano, marroquí, dominicano, argentino, ecuatoriano y brasileño que se han incrementado en un 7,09 por ciento respecto del 31 de diciembre de 2011, casi el doble que el número de europeos con los que están emparentados, que aumentaron un 3,37 por ciento.
   En cuanto a los inmigrantes de países no europeos, las estadísticas revelan que al menos tres comunidades menguaron el año pasado: los ecuatorianos cayeron un 3,83 por ciento; los colombianos, un 2,77%; los peruanos un 2,1% y los argentinos un 1,32% en doce meses. Esto supone un cambio de tendencia, ya que estas comunidades se mantuvieron en positivo durante 2011, cuando no sólo no perdieron habitantes sino que se incrementaron.
   También se ha producido un cambio de tendencia en lo que se refiere a los nacionales de Brasil y Bolivia, pues, conforme destaca el informe de la Secretaría General de Inmigración, en variación interanual experimentan crecimientos del 3,41% y 0,57% respectivamente aunque llevan dos trimestres decreciendo, y con respecto al trimestre anterior se han producido descensos del 0,23% y 0,49%.
   Así las cosas, Marruecos mantiene la primera posición en cuanto a residentes en España en Régimen General --es la segunda comunidad extranjera en el país, por detrás de la rumana--, con un total de 832.657 residentes al cierre de 2012, tras un incremento del 3,86 por ciento en relación al año precedente (30.967 personas más). Le siguen Ecuador y Colombia, con 358.164 y 217.874 residentes respectivamente, pese a los descensos. Estos tres países conjuntamente, suponen el 51,12% del total de extranjeros no comunitarios que viven en España.
   También se han incrementado los nacionales de Senegal, India, China, Argelia, Ucrania, República Dominicana, Paraguay y Pakistán, siendo estas últimas las que han experimentado los mayores crecimientos porcentuales, con un 12,68% y un 8,41% respectivamente, es decir 4.486 y 5.163 extranjeros más.
   Por lugar de residencia, el 20,05 por ciento de los extranjeros no comunitarios viven en Barcelona, que cuenta con una población de 552.121 inmigrantes, un 20,05% más. Le siguen Madrid, Murcia, Valencia, Alicante y Gerona con más de cien mil residentes en cada una y juntas, albergan el 57,14 del total de inmigrantes. Los incrementos trimestrales más destacados se han producido en Madrid, Alicante, Almería y Gerona, con aumentos de 3.075, 2.911, 1.639 y 1.616 residentes más cada una.
   Todas las comunidades autónomas aumentan el número de residentes en Régimen General con respecto al año anterior salvo la Comunidad de Madrid, que ha perdido 605 inmigrantes en el último año. La mayor variación interanual recae en Melilla (incremento del 21,68%), seguida de la Ciudad Autónoma de Ceuta (8,58%), País Vasco (6,19%) y Principado de Asturias (4,32%).

Bruselas examina el impacto del decreto antidesahucios de Andalucía

BRUSELAS.- La Comisión Europea está examinando el impacto del decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía -cuya medida más polémica es la expropiación temporal a los bancos de viviendas en riesgo de desahucio- con el fin de determinar si es compatible con las condiciones impuestas a España en el memorándum del rescate bancario.

   "La Comisión está examinando actualmente el impacto del decreto", han desvelado fuentes comunitarias.
   El memorándum obliga a España a consultar con el Ejecutivo comunitario y con el Banco Central Europeo (BCE) cualquier reforma normativa que afecte al sector financiero.
   De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tuvo que negociar con Bruselas sus propias medidas para paliar los desahucios. El Ejecutivo comunitario avisó entonces de que, para ser aceptado por la UE, cualquier cambio normativo no debía suponer un coste extra al contribuyente europeo ni afectar al saneamiento de la banca o de lo contrario tendrá que compensarse con otros mecanismos.
   El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que las medidas de Andalucía van a reducir las hipotecas y perjudicarán al sector de la construcción.
   Por su parte, la Asociación Española de la Banca (AEB) ha dicho que el decreto andaluz "no da una solución eficaz" sino que "complica más las cosas por restricciones al derecho de propiedad y porque establece expropiaciones forzosas temporales que pueden vulnerar la ley".

El Congreso español aprueba la Ley Antidesahucios con el único apoyo del PP y el rechazo cerrado de toda la oposición

MADRID.- La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley Antidesahucios con el único apoyo del PP, como se preveía, y el rechazo cerrado de toda la oposición, que ha aprovechado el último debate de la norma para pedir al grupo mayoritario un cambio de actitud que les permitiera respaldar el texto.

   Así, los grupos de la oposición han criticado tanto el procedimiento "absolutista" del PP como que se haya laminado la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago, que llegó al Congreso con casi un millón y medio de firmas. Y todo para aprobar una norma que, a su juicio, no da respuesta al problema real de los desahucios y sólo sirve para proteger al sector financiero.
   Además, han pronosticado que los fallos judiciales obligarán pronto a nuevos cambios y se han comprometido a seguir presentado iniciativas sobre esta materia. Ahora, el proyecto será remitido al Senado, que en unos dos meses daré el visto bueno definitivo al texto.
   La portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha recordado que la dación en pago "no ha supuesto la quiebra para ningún país ni para el sistema financiero", y ha pedido al PP que no desaproveche la "última oportunidad de no finiquitar en falso" este problema. "Si hacemos un rescate a las familias estaremos haciendo un rescate a las entidades financieras; si hacemos un rescate a las entidades financieras no estaremos solucionando el problema de las familias", ha añadido.
   Tras mencionar diferentes casos de afectados, se ha dirigido directamente a los 'populares' para pedirles que cambien de postura y acepten algunas de las "muy buenas respuestas" que propone la oposición, insistiendo en que, independientemente de esta ley, el PSOE seguirá planteando iniciativas en esta materia.
   "Es posible que lleguemos tarde y que tengamos que reconocer errores del pasado, pero que los ciudadanos cuenten con nuestra determinación para seguir trabajando", ha añadido, criticando por último el "procedimiento tramposo" del PP, que ha obviado la ILP en su texto y ha impedido que sea debatida en el Pleno.
   El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha acusado al PP de "volver a dar la espalda" y "hacer oídos sordos" a las propuestas de los grupos, algunas "tremendamente encajables en sus propias condiciones", porque "hacen leyes al servicio de los poderosos". Además, ha pronosticado que este "lavado de cara" quedará "pronto desbordado" por los jueces, que "tienen infinitamente más sensibilidad" que el Gobierno.
   Coscubiela también ha recordado que la izquierda lleva años planteando propuestas para atajar este problema y ha defendido que la expropiación temporal de viviendas de los bancos decretada por la Junta de Andalucía existe en otros países dirigidos por partidos conservadores. "Pero este país tiene la desgracia de tener la derecha más carpetovetónica de toda Europa, la más reaccionaria", ha añadido.
   "Si el PP da la espalda otra vez al drama social de los desahucios y prefiere defender los intereses y la estabilidad de los mercados, que sepa que está cerrando en falso el drama de estas familias con una ley que nace, si no muerta, herida de muerte. La tramitación de esta ley ya ha sido forzada por las movilizaciones sociales y por los tribunales, y es bastante probable que vuelva a pasar", ha zanjado.
   El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha señalado que "hacer deliberadamente una ley que no soluciona el problema de fondo (el sobreendeudamiento) y que abre las puertas a una litigiosidad ilimitada es incomprensible", y ha acusado a los 'populares' de estar atrapados en la "obcecación irracional" de "no querer entender" que ha habido cambios jurídicos y sociales que "van a desbordar el texto".
   Tras lamentar que, "como en el día de la marmota", se han desperdiciado varias oportunidades de solucionar este problema, ha destacado que si formaciones tan dispares como las que están en el Congreso han presentado algunas propuestas comunes "es una insensatez que raya lo delirante".
 "La mayoría absoluta es muy importante, pero no da la razón absoluta. Y menos cuando uno se empecina en la irracionalidad", ha añadido.
   Lourdes Ciurò, de CiU, ha repasado las diferentes enmiendas de su grupo y ha lamentado que el texto de los 'populares' sea "completamente insuficiente". "Queremos medidas para solucionar esta situación y proteger a los más vulnerables pero también para que no se repita en el futuro", ha dicho, añadiendo que el texto "no se adapta adecuadamente a la sentencia europea" que declaró la Ley Hipotecaria contraria al derecho comunitario de los consumidores.
   Finalmente, ha criticado que no se haya tenido en cuenta la ILP ni se haya permitido debatir esa iniciativa ciudadana en el Pleno. "El PP tiene mayoría absoluta, pero no la verdad absoluta, y en este texto no se recogen las distintas sensibilidades", ha recordado.
   El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha pedido a los 'populares' que sean "valientes" porque "aún están a tiempo" de aceptar propuestas de los grupos, de tal manera que se dé respuesta a los ciudadanos, que "exigen una solución real al problema".
 "Una respuesta timorata e insuficiente puede ser superada por la realidad en breve", ha advertido.
   Así, ha propuesto ampliar las condiciones para poder acceder a las medidas del Gobierno para que no sean tan restrictivas y beneficien a más familias, particularmente a las que están en situaciones "de vulnerabilidad especialmente difíciles". Tras defender sus enmiendas, el diputado vasco ha lamentado que la ILP "haya desaparecido" del texto y cree que sería positivo aceptar la dación en pago para las hipotecas futuras.
   Rafael Larreina (Amaiur) ha criticado la "lentitud y el desinterés del Gobierno en dar respuesta a las preocupaciones de la gente, que sufre los rigores de una crisis que no ha generado", frente a la protección que da a la banca, y también ha reprochado los intentos de "criminalización" que han sufrido los afectados. Olaia Fernández Davila (BNG) ha lamentado el "falso gesto" del PP, que "admitió a trámite de la ILP para ignorarla y salir al paso de la enorme presión social y política" pero legisla para "otra gente" que no son los afectados.
   Antes de la Comisión, en los pasillos del Congreso, el diputado de ERC Alfred Bosch ha criticado que el PP haya "desvirtuado" la ILP y ha lamentado que "no entienda el principio básico de que si a una persona la dejas sin techo no tiene sentido que la obligues a pagar la hipoteca que contrajo por ese techo". "Podemos entender que la gente esté perdiendo la casa, pero no perderemos la dignidad", ha añadido.
  A última hora se ha aceptado una enmienda de UPN para poder ampliar los requisitos necesarios para acogerse al alquiler social.

Problemas con la ILP

Los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago no podrán retirar su iniciativa, tal y como desean hacer, ya que "no cabe" cancelar una propuesta legislativa que ya ha sido admitida a trámite.
   Fuentes parlamentarias han explicado este extremo después de que la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, Ada Colau, haya anunciado la intención del colectivo de retirar inmediatamente la ILP al considerar que el Gobierno ha "vulnerado su espíritu" y las demandas de los ciudadanos.
   "Hemos pedido la retirada formal de la ILP porque es nuestra y la seguiremos defendiendo en la calle" con actos de desobediencia civil, ha explicado la activista que, de todas formas, mantiene la mano tendida al Gobierno y pide que rectifique su posicionamiento.
   Sin embargo, desde la Cámara baja recuerdan que tanto la ILP como cualquier otra iniciativa legislativa "pertenece" al Parlamento una vez que ha sido admitida su tramitación, máxime en este caso, en que la propuesta ciudadana --refundida con el proyecto de ley del Gobierno sobre el mismo tema-- está a punto de concluir su tramitación con su aprobación, por parte de la Comisión de Economía, esta misma tarde.

Griñán subraya que "el problema" de la corrupción es cómo se reacciona ante ella

ALICANTE.- El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado este jueves que "corrupción va a haber siempre", si bien ha subrayado que "el problema" es cómo se reacciona ante ella. "Si reaccionas tapándola, te conviertes en corrupto, si reaccionas denunciándola y poniéndola a disposición judicial, eres alguien que está luchando contra ella", ha apuntado.

   Griñán ha realizado estas declaraciones en Alicante, durante su participación en un coloquio iniciado tras ofrecer la conferencia 'La crisis y la desigualdad', y en un turno de preguntas lanzadas por los asistentes.
   Así, al ser requerido sobre qué diferencias encuentra entre el 'caso Gürtel' y el de los ERE, ha explicado que en lo que respecta al segundo, y como uno de los "principales elementos diferenciadores" entre ambas causas, la denuncia inicial la realizó la Junta de Andalucía.
   "Corrupción va a haber siempre, el problema es cómo reacciones ante ella. Si reaccionas tapándola, te conviertes en corrupto, si reaccionas denunciándola y poniéndola a disposición judicial, eres alguien que está luchando contra ella", ha sentenciado, tras lo que ha recibido el aplauso de los presentes.

viernes, 12 de abril de 2013

El fiscal general, Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" el escrache

SANTANDER.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, "incluso de libertad de expresión", como los escraches, pero ha advertido también de que en la Fiscalía no van a ser "insensibles" ni van a quedarse "pasivos" ante "cualquier desbordamiento" de esos derechos. 

   Así lo ha dicho este viernes en Santander, donde ha indicado que en la Fiscalía están siendo "muy vigilantes" para establecer un criterio de "proporcionalidad" entre los derechos de reunión y manifestación --que "forman parte importante de la vida democrática de un país"-- y el respecto a derechos individuales como la intimidad, privacidad y la propia imagen.
   "Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos", ha sentenciado Torres-Dulce, que ha precisado que estos últimos "no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como lo son los derechos de manifestación y reunión".
   En declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción, el fiscal general del Estado ha indicado que la Fiscalía va a analizar los escraches "solo cuando tengan trascendencia penal" y lo hará, ha apuntado, con "absoluta imparcialidad" y carácter "individualizado", y teniendo en cuenta además la "proporcionalidad necesaria" entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse.
   El fiscal ha recordado que en el Código Penal están previstos los supuestos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter "grave" a miembros del parlamento para que cambien el sentido del voto, así como el resto de tipos penales de coacciones y amenazas que, como ha insistido, la Fiscalía va analizar de forma individualizada y teniendo en cuenta la proporcionalidad entre los distintos derechos.
   "Somos sensibles -ha dicho- al respeto de derechos tan importantes para la convivencia democrática como expresiones de crítica política, derechos de reunión y manifestación, como a los derechos individuales, que forman parte de la convivencia ciudadana, que tienen sus límites en el Código Penal y que deben ser respetados por todos".  
   Tras señalar que las decisiones para el mantenimiento del orden público en la vía pública corresponde al Ministerio del Interior y a las policías autonómicas y locales, Torres-Dulce se ha mostrado respetuoso con las decisiones que adopten estos organismos al respecto.
   "Yo no comento decisiones de carácter político administrativo", ha sentenciado, antes de recordar que él mismo ha pedido respeto a estos organismos hacia la Fiscalía.

jueves, 11 de abril de 2013

Martínez Moya dice que los 'escraches' requieren una respuesta "sosegada" y con "mucho rigor jurídico"

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha explicado que los denominados 'escraches' o protestas en las puerta de casa de políticos suponen un "juego de equilibrio complejo" entre derechos fundamentales que demanda una respuesta "sosegada, tranquila, serena y con mucho rigor jurídico".
   Martínez Moya ha respondido de esta forma al ser preguntado por los 'escraches' en un contacto que ha mantenido con los medios de comunicación tras presidir la jura de los 14 jueces de la 63 promoción de la Escuela Judicial con destino a la Región de Murcia.
   El presidente del TSJRM ha admitido que los 'escraches' son una cuestión "difícil de responder desde una óptica estrictamente jurídica, que es la respuesta que yo puedo dar".
   A su juicio, el debate "ahora mismo está en la sociedad y en la temática propia del orden público y, lógicamente, esa temática de orden público y social tiene un componente jurídico que lo envuelve todo".
   En concreto, explica que este componente jurídico cuestiona "si están en juego derechos fundamentales, así como el equilibrio y la entrada en conflicto de estos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de manifestación y de reunión".
   Martínez Moya también se ha referido al decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
   Al ser preguntado a este respecto, Martínez Moya ha señalado que no ha leído todavía el decreto, y ha afirmado que, como jurista, no le gusta hacer juicios "sin leer los papeles y sin leer las normas".
   "Conozco lo que dicen los medios de comunicación y cómo se ha expresado en el debate", ha afirmado Martínez Moya, quien ha reconocido no tener por este motivo "un juicio jurídico formado".