jueves, 13 de diciembre de 2012

La Guardia Civil insta a sus unidades a informar con tiempo de registros y detenciones de cargos públicos

MADRID.- Una circular interna de la Guardia Civil insta a las unidades del Instituto Armado a informar con una semana de antelación a la dirección general de las posibles implicaciones de cargos públicos o registros de sedes oficiales en aquellas operaciones que se vayan a llevar a cabo.

   La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha aprovechado la presencia del Director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para hacer pública esta circular en la que se insta a las unidades de la Guardia Civil a informar al Director Adjunto Operativo (DAO), Cándido Cardiel, de los cargos públicos que se vean implicados en operaciones que vayan a realizarse de manera inminente.
   Oramas ha leído de forma íntegra esa circular --vigente desde el 19 de abril-- que, según ha dicho, le ha "sido facilitada"
 "Se recuerda a todas las unidades de que por orden del DAO se debe emitir antes de las 11 horas de las cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente".
   Según ha continuado la diputada canaria, en la citada circular se insta a informar de "los siguientes extremos: nombre de la operación y unidad participante, concepto de la operación, fecha previsible y número previsible detenidos e implicados, registros de inmuebles que se prevea practicar, posibles implicaciones de cargos públicos de personas y de registros de sedes oficiales".
   A su juicio, la existencia de esta circular resulta "gravísima" y ha preguntado al director general de la Guardia Civil si la conocía, si se trata de una iniciativa suya, del DAO o del propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. También ha pedido saber si esa información se traslada al director operativo o también se eleva.

Puig pone su cargo a disposición de Mas por los disparos de mossos el 14N en Barcelona

BARCELONA.- El consejero de Interior en funciones, Felip Puig, ha aceptado la dimisión del comisario jefe de Recursos Operativos de los Mossos d'Esquadra y jefe de los antidisturbios, Sergi Pla, y ha puesto su cargo a disposición del presidente Artur Mas, que le ha ratificado después de la polémica por las versiones incompletas sobre los disparos de los antidisturbios en la zona donde una mujer perdió un ojo.

   En rueda de prensa tras reunirse con los grupos que conforman la Diputación Permanente del Parlament, Puig ha informado de que acepta la dimisión de Pla --una decisión que "le honra"--, ha insistido en que no se dispararon pelotas de goma de los Mossos, un recurso que ve necesario, tras las nuevas indagaciones realizadas, y ha informado de que en la zona donde fue herida Ester Quintana se dispararon siete proyectiles, pero que ninguno pudo haberla herido porque fueron posteriores.
   Puig ha reiterado que confía plenamente en que los Mossos no son los culpables del impacto que recibió Ester Quintana: "De la información que tenemos no se puede desprender que la lesión de Quintana haya sido causada por una acción de los Mossos".
   Ha valorado que en ningún caso ha habido voluntad de ocultar información por parte de los mandos de Mossos, sino que lo ha achacado a un error de cálculo porque los informes que le remitieron se centraban en qué ocurrió en el punto donde cayó herida Quintana y no en zonas adyacentes.
   Por ello, ha defendido que la información que dio en su comparecencia en el Parlament fue "veraz pero incompleta" y eso ha generado una sombra de duda que ha acabado afectando a la imagen de los Mossos, y ha pedido disculpas por ello a la sociedad y a la Cámara autonómica.
   En este contexto, Puig no ha querido entrar en si quiere repetir al frente del cargo en el próximo Gobierno catalán, y ha dicho que su voluntad de seguir o no es "irrelevante" pero que continuará ejerciendo su responsabilidad como consejero en funciones hasta el último momento.
   Ha explicado que el comisario Pla le justificó no haber elevado el informe más completo por una "diferencia de apreciación de lo que es o no relevante", y que le ha pedido ser relevado para superar una situación de crisis interna en el departamento.
   El consejero ha indicado que ha tardado varios días en dar información porque quería tener todos los informes exhaustivos, y que no saben quién pudo herir a Quintana y ha puntualizado que es un tema judicializado y que le remitirán al juez toda la información que tienen y vayan recabando.
   Sobre los disparos que se hicieron ese día, ha explicado que fueron 640 salvas (disparos sin munición), y 62 proyectiles de lanzadora, pero que de las 4.526 pelotas de goma que salieron de la comisaría de Egara volvieron las mismas exactas y que estaban intactas.
   Concretamente en la zona donde fue herida Quintana hubo un disparo en Ronda Sant Pere y Plaza Cataluña para inmovilizar a una persona a las 21.09 horas, otra a la altura de la Bolsa a las 21.05 en dirección ascendente, y las otras cinco en las calles Casp con Pau Claris y con Llúria --lejos de Casp con paseo de Gràcia, donde se produjo la lesión, que fue antes de las 21 horas--.
   Puig ha asegurado que, si tuviera alguna prueba fehaciente de que los Mossos hubieran causado la lesión, él la hubiera hecho pública y no hubiera comparecido negándolo.
   Ha pedido hacer un debate sobre la idoneidad de las pelotas de goma, que ha defendido como un método para dispersar a violentos, y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las escopetas y lanzadoras de los Mossos lleven un GPS para ser localizados en todo momento, y que la Brimo lleve cámaras en el casco.
   La polémica estalló después de que el consejero diera explicaciones en sede parlamentaria sobre la actuación de la Brigada Móvil (Brimo), negando rotundamente que dispararan ningún proyectil en la zona donde cayó herida una mujer que perdió el ojo, una versión que quedó en entredicho tras la aparición de un vídeo en Internet en el que un agente disparaba con la nueva lanzadera GL-06.
   Según el director general de los Mossos, Manel Prat, si el consejero no dio esa información es porque desconocía que en aquella zona se hubieran disparado, pero certificó la versión del consejero que ese día en ningún caso se lanzaron pelotas de goma --munición que se tira para que rebote y tiene una trayectoria aleatoria--.
   La confirmación de que existía un informe de los antidisturbios que sí contenía información sobre los disparos en la zona donde Quintana recibió el impacto y que no se hizo llegar al consejero le ha obligado a pedir de nuevo toda la información de los movimientos de la policía ese día.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Protestas por la eliminación de prestaciones en Canadá a los jornaleros extranjeros

TORONTO.- Sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos de trabajadores protestaron hoy contra la decisión del Gobierno canadiense de eliminar prestaciones sociales a trabajadores temporales extranjeros.

La decisión de eliminar las prestaciones fue realizada el pasado lunes sin publicidad por el Ministerio de Recursos Humanos y, según los sindicatos canadienses, afectará especialmente a miles de trabajadores temporales mexicanos que cada año acuden a Canadá como jornaleros agrícolas.
La eliminación del prestaciones especiales le ahorrará al Gobierno canadiense millones de dólares cada año a pesar que los trabajadores temporales extranjeros seguirán cotizando a la seguridad social canadiense.
El sindicato UFCW envió hoy una carta abierta a la ministra de Recursos Humanos, Diane Finley, en la que solicitó que reconsideré la medida dado el impacto que tendrá en los trabajadores extranjeros del sector agrícola.
UFCW dijo que aunque el Gobierno ha eliminado el pago de las prestaciones, las autoridades canadienses seguirán recaudando de los trabajadores temporales extranjeros 25 millones de dólares al año en concepto de contribuciones.
Las contribuciones de los trabajadores temporales extranjeros serán iguales que las que realizan trabajadores canadienses, o residentes permanentes, que si seguirán recibiendo las prestaciones.
"Estos trabajadores, principalmente hombres casados del Caribe y México, dejan cada año a sus familias durante meses para recoger nuestros alimentos", dijo UFCW en la carta a Finley.
Cada año, unos 18.000 trabajadores temporales mexicanos viajan a Canadá con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá como temporales en las explotaciones agrícolas del país.
En total, 30.000 trabajadores extranjeros (especialmente de México, el Caribe y Filipinas) acuden cada año a Canadá para trabajar de forma temporal.
El presidente de UFCW, Wayne Hanley, señaló a través de un comunicado que la decisión del Gobierno canadiense, "no se ajusta a los valores canadienses".
Hanley añadió que el Gobierno canadiense "permite a las empresas pagar a los trabajadores extranjeros temporales un 15 % menos que a los canadienses, y continúa ignorando las condiciones de trabajo y de vivienda peligrosas a lo que muchos de estos trabajadores son sometidos".
La organización de defensa de los derechos de trabajadores extranjeros, Justicia for Migrant Workers (JMW) también protestó contra la decisión de eliminar las prestaciones.
JMW dijo que durante 40 años, los trabajadores temporales extranjeros han financiado el sistema de desempleo canadiense a pesar de que no son elegibles para recibir la totalidad de las prestaciones disponibles a los trabajadores canadienses.
"Y ahora están siendo totalmente desposeídos de las pocas prestaciones especiales a las que podían acceder. Es completamente injusto y escandaloso", dijo la organización.
El Gobierno canadiense no explicó el por qué de la eliminación de las prestaciones.

Detenido uno de los hombres más ricos de Serbia en una operación anticorrupción

BELGRADO.- El millonario serbio Miroslav Miskovic, una de las figuras con más peso dentro del país balcánico, ha sido arrestado este miércoles junto a su hijo y otras siete personas en una investigación anticorrupción, según ha informado el fiscal jefe para el crimen organizado, Miljko Radisavljevic. 

   "Según las acusaciones (...), como copropietarios de empresas de carreteras privatizadas, entre 2005 y finales de 2010 desviaron fondos y propiedades y consiguieron unas ganancias de 2.900 millones de dinares (25 millones de euros)", ha explicado Radisavljevic.
   Miskovic, uno de los hombres más ricos de Serbia y según la revista 'Forbes' entre los 1.000 hombres con más dinero del mundo, tiene participaciones en la industria de la moda, la agricultura, aseguradoras y en empresas estatales en todos los Balcanes. Creó la empresa Delta Holding durante la década de 1990, con Slobodan Milosevic en el poder, y aumentó su tamaño durante los últimos años.
   Miskovic ha sido interrogado dos veces en los últimos díez días, aunque la empresa ha indicado que no existe ninguna irregularidad y que están "absolutamente seguros de la legalidad de las operaciones de Delta Holding" y de Miskovic.
   Entre los arrestados están el hijo de magnate, Marko, a quien la Policía le retiró la semana pasada el pasaporte, y Milo Djuraskovic, el propietario de una empresa de mantenimiento de carreteras, que actualmente está en bancarrota. El fiscal ha explicado que los detenidos permanecerán bajo custodia otras 48 horas más y que serán interrogados por abogados especializados en crimen organizado.
   Tras el arresto del empresario, la Policía ha aumentado la vigilancia al viceprimer ministro, Aleksandar Vucic, encargado de luchar contra la corrupción y el crimen organizado. El director del departamento de criminología de la Policía, Rodoljub Milovic, ha explicado que Miskovic ha amenazado a Vucic durante el arresto.
   Sin embargo, el abogado de Miskovic, Nenad Popovic, ha negado que su cliente haya hecho cualquier amenaza. "Durante el arresto no ha habido resistencia, ni amenazas a la Policía, ni a otros miembros del Estado o funcionarios", ha indiciado el letrado en un comunicado.
   En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han detenido a una decena de empresarios, exaltos cargos y exministros en un intento poe demostrar a la Unión Europea que el Ejecutivo serbio ataca la corrupción del país para poder avanzar en su ingreso en el bloque.

Los Mossos defienden usar elementos "que hacen daño" para dispersar manifestantes que se resisten

BARCELONA.- El comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Miquel Capell, ha defendido este miércoles la necesidad de que la policía catalana utilice "elementos que hacen daño" para dispersar a la gente que rechaza hacerlo voluntariamente durante las manifestaciones.

   Lo ha dicho durante una mesa redonda celebrada en el Pati Llimona de Barcelona sobre 'Amenazas y riesgos en la seguridad de Cataluña' en respuesta a la pregunta de un asistente sobre el caso de Ester Quintana que perdió la visión de un ojo durante la manifestación de la huelga general del 14 de noviembre por causas que se investigan.
   "Cuando nosotros actuamos, y lo sabemos, hacemos daño. La intención es hacerlo lo más suave posible", ha asegurado Capell, que no cree que la mujer haya perdido la visión del ojo izquierdo por un pelotazo de los Mossos porque allí, según ha dicho, los manifestantes estaban lanzando objetos como piedras y botellas.

El juez Ruz estudiará si investiga una denuncia sobre las cuentas del expresidente catalán, Pujol

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, estudiará si abre un procedimiento para investigar una declaración ante la Policía del financiero Javier de la Rosa en la que aseguró que estaba sufriendo amenazas por disponer de información sobre las supuestas cuentas en el extranjero que tendría el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

   De la Rosa realizó su denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que la trasladó este lunes al Registro de la Audiencia Nacional por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito, informaron hoy fuentes jurídicas.
   El asunto ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, que rechazó la semana pasada una querella del abogado Joaquín Yvancos y otra denuncia del sindicato Manos Limpias por estos mismos hechos al considerar que carecía de competencia.
   La denuncia de Manos Limpias se dirigía contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola; y sus hijos Jordi y Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias.
   Según fuentes jurídicas, De la Rosa se presentó el pasado 29 de noviembre en la UDEF para denunciar que estaba siendo objeto de amenazas y coacciones. La Policía trasladó su denuncia a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, que por el sistema de reparto recayó en el nº 43.
   El pasado 5 de diciembre el financiero realizó una ampliación de esta denuncia en la que concretaba que las amenazas tenían su origen en el borrador policial sobre las cuentas de la familia Pujol publicado el 16 de noviembre por el diario 'El Mundo' y su implicación en el caso Grand Tibidabo.
   Según el citado borrador, el matrimonio Pujol Ferrusola y sus dos hijos disponen de un capital de 165 millones de francos suizos (137 millones de euros) en la banca privada Lombard Odio, de Ginebra (Suiza).
   El juez Ruz tendrá que decidir ahora, tras solicitar informe a la Fiscalía, si abre o no un procedimiento judicial para investigar estos hechos, según han apuntado las citadas fuentes.
   En el caso de que considerara que el informe tiene conexión con la investigación del 'caso Palau', el juez de la Audiencia Nacional podría inhibirse en favor del titular del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona, Josep María Pijuan, que investiga el desvío de fondos públicos a través del Palau de la Música.

Los alcaldes españoles cobrarán en función de la población del municipio

MADRID.-  El Gobierno fijará el salario de los alcaldes españoles en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.

   El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.
   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos de la Administración del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local.
   A la espera de concretar los tramos, los regidores de los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes --como Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un secretario de Estado (68.365 euros).
   En el segundo escalafón, aunque está por definir la horquilla de población, cobrarán como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en el tercero, el sueldo será como el de un director general (50.832 euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para los regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a un director general menos un determinado porcentaje en función de la población del consistorio.
   Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a estos baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor, que se fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del regidor.
   El Ejecutivo también trabaja en una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función de las circunstancias del consistorio.
   Las fuentes consultadas barajan que esa reducción pueda oscilar entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se tendrán en cuenta algunas variables como la población del municipio o los presupuestos del mismo.
   Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto percibiría dietas por asistencia a los Plenos.
   Aparte de los sueldos municipales, uno de los principales asuntos en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de competencias, ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal fuente de ahorro de la reforma local.
   Así, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local delimitará "en positivo" cuáles son las competencias de los ayuntamientos, con el fin de corregir las llamadas competencias impropias que asumen la mayoría de los consistorios en este momento.
   Junto a esas competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán ejercer otras contando con financiación suficiente y teniendo previamente resuelta la financiación de las suyas propias. Además, las comunidades autónomas podrán cederles alguna competencia siempre que vaya acompaña de la financiación necesaria y de un convenio que fije el número de años que la ejercerá, explican las fuentes consultadas.
   El Ministerio de Hacienda, el PP y el PSOE está perfilando aún cuáles serían esas competencias municipales, uno de los aspectos de la reforma local en los que el Partido Popular espera que haya consenso, según fuentes 'populares'.
   En principio, el borrador que se presentó este verano --sobre el que se está trabajando-- propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua.
   La reforma local eliminará buena parte de las mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas en tiempo y forma, es decir, cumplir la ley y reunir unos estándares de calidad para no desaparecer. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la "mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan servicios agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.
   En España existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no cumple su obligación de presentar cuentas anuales según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de reforma de esta ley. El cálculo del departamento es que el ahorro por la supresión de estas entidades puede ascender a 700 millones de euros.
  Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena de enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo consenso con los socialistas.
   Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el próximo verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la clarificación de competencias.
  El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por el momento una reforma de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá encima de la mesa cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará a abordar a partir de 2013.

IU alega que Cifuentes "prevarica" poniendo multas en Madrid por marchas no comunicadas

MADRID.- El diputado nacional de IU Alberto Garzón ha alegado este miércoles que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "prevarica y atenta contra los derechos humanos" cuando su departamento interpone multas administrativas a los participantes en concentraciones o protestas no comunicadas como la del pasado 27 de octubre ya que, según ha argumentado, "ninguna manifestación es ilegal".

   Así lo ha explicado hoy Garzón, junto al también parlamentario de IU Ricardo Sixto, tras interponer una querella criminal, en nombre de la coalición de izquierdas, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra Cifuentes en relación a las "identificaciones arbitrarias, detenciones indiscriminadas y un fenómeno de represión policial, administrativa y económica que no tiene otro objetivo que asustar a la gente y meterle miedo".

   Garzón ha indicado que su partido recoge "lo mejor que han hecho otros movimientos sociales previamente, como la Comisión de Legal del 15M" y así ha anunciado que colgarán en la web de IU Federal un modelo de recurso a estas multas, "que no tienen fundamento ninguno".

   "Tiene mucho sentido esta querella para ponernos en frente de quienes vulneran los derechos fundamentales y constitucionales y tratan de hacer política por la vía policial y de sanción económica. En muchos de los casos (hubo personas multadas) que ni si quiera aparecieron en la manifestación y estuvo identificando a muchas personas con mucha antelación al lugar donde era la concentración", ha indicado.

   El diputado de IU esgrime que dichas sanciones "quieren hacer creer que hay manifestaciones ilegales cuando no existe una manifestación ilegal. "Existe una manifestación convocada o no, por lo tanto, el redactado de la multa tiene el objetivo de engañar a la ciudadanía para meterle miedo. Es un despropósito y una barbaridad que necesitaba una respuesta judicial, además de las políticas que IU viene acometiendo", ha añadido.

   Además, Garzón ha anunciado que va a hacer extensible esta querella a otros delegados del Gobierno, como los de Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha por hechos similares. "Estamos recopilando todas las multas de concentraciones parecidas al 27-O en Madrid", ha añadido. No obstante, de momento solo conocen las cifras aportadas por la propia Cifuentes el día después del 27-S, que habló de 300 personas identificadas, que recibirían una propuesta de multa de 500 euros.

   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".

   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).

   La querella apunta a que el 27 de octubre, día en el que manifestaron cientos de ciudadanos, convocados por el movimiento 25-S, entre Plaza de España y Plaza de Neptuno, "identificaron a cientos de personas con la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas "sin que se registrase ni un solo incidente violento ni daño alguno sobre personas o bienes". Algunos ciudadanos denunciaron que fueron identificados si ni siquiera participar en la marcha, cerca de Plaza de España.

   "Esta forma de actuar parece responde a un plan trazado previamente, en el que la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro", señalan en la querella.

   En la misma presenta también un vídeo en el que el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró que desde el Gobierno "se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas" y declaraciones de las propia Cifuentes en una entrevista en Telemadrid en la que, según los denunciantes, "admitió públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual".

   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".

   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal) porque, a juicio de los querellantes, la actuación de la delegada "conculca el derecho fundamental a la intimidad personal y a la interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a formar parte del listado de personas que controla la Delegación y cuyo paradero se desconoce".

   La querella también alude al artículo 23.c de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana dice, en referencia a las sanciones por acudir a una protesta no comunicada, que "en ningún caso pueden ser sancionados los participantes, sólo los convocantes".

   "Es una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior para amedrentar y poner multas a la opinión pública y a la ciudadanía que en una situación de crisis tan terrible está cada vez saliendo más a la calle para protestar y defender sus derechos", ha asegurado el diputado de IU Ricardo Sixto.
   Por todo ello, los querellantes quieren que el juez tome declaración a Cristina Cifuentes, que se aporten todos los expedientes de personas sancionadas en los alrededores de la manifestación del 27-O, que se cite a declarar como testigo a Alfredo Perdiguero y a uno de los sancionados y que se aporte la grabación de la entrevista de Cristina Cifuentes en Telemadrid antes mencionada.

Rusia limitará los activos extranjeros en manos de funcionarios y políticos

MOSCÚ.- Rusia obligará a sus políticos a declarar a partir del próximo año la totalidad de sus activos en el extranjero, así como a detallar el origen de los recursos económicos que hicieron posible su adquisición, según ha anunciado este miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, en su discurso anual ante la Asamblea Federal.

   El discurso sobre el Estado de la Federación, el primero pronunciado por Putin desde el inicio de su tercer mandato presidencial, fue recibido con calurosos aplausos por los parlamentarios, a los que Putin recomendó rebajar su entusiasmo. "No aplaudan todavía, puede que lo que van a escuchar no les guste", espetó el presidente ruso.
   Así, el hombre fuerte del Kremlin subrayó que los servidores públicos "deben estar preparados para rendir cuentas"
"¿Qué confianza se puede depositar en un funcionario o un político que vocea la grandeza de Rusia, pero trata de sacar su dinero al extranjero?", dijo Putin.
   De este modo, el presidente ruso expresó la necesidad de apoyar las propuestas legislativas para restringir los derechos de los funcionarios rusos sobre cuentas bancarias, acciones y valores en el extranjero.

España diseña un plan de alquiler social con pisos por menos de 400 euros

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 un programa para impulsar un parque público de viviendas protegidas para el alquiler social, con una renta máxima que rondará los 400 euros mensuales, para albergar a familias con ingresos no superiores a 1.600 euros durante un máximo de dos años.

   Así aparece en el borrador del Real Decreto que regulará el que se ha denominado Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.
   Según explica Fomento, el plan contempla ayudas estatales para organismos y empresas públicas, sociedades mercantiles partícipes íntegra o mayoritariamente por las administraciones públicas u organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo de lucro que promuevan viviendas para destinarlas a este uso durante al menos 30 años.
   Las ayudas ascenderán a un máximo de 18.000 euros por vivienda y no podrá superar el 20% del coste final de la edificación, con independencia de la co-financiación que puedan aportar otras administraciones públicas.
   Ahora bien, estas viviendas habrán de destinarse a inquilinos con ingresos no superiores a tres veces el Iprem, es decir, unos 1.600 euros mensuales, para su uso entre uno y dos años, con lo que se trata de un parque de viviendas en rotación. Además, estas viviendas protegidas habrán de ser edificadas en suelos cedidos por los ayuntamientos y tendrán una superficie no superior a los 90 metros cuadrados.
   Así, en tanto que el precio del alquiler será "proporcionado" a la superficie de la vivienda, sin que pueda superar los 4,5 euros por metro cuadrado de superficie útil al mes, la renta no superará en ningún caso los 400 euros mensuales.
   Por otro lado, el documento que maneja Fomento prevé que el 25% de la oferta de estas viviendas sociales se reserve a familias que estén siendo atendidas por los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, o por ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro, que por su menor nivel de renta no puedan beneficiarse de otras ayudas al alquiler que contempla el Plan.
   Para evitar un mal uso de este programa de ayudas, el borrador prevé la transferencia de las ayudas a los promotores de estas viviendas en dos plazos. El primero, en el que se aportará el 60% de la ayuda, una vez aportada la licencia municipal de obra, la calificación provisional como vivienda protegida para alquiler social y el certificado de inicio de obra.
   El segundo plazo, por importe del 40% de la subvención, se dotará cuando conste el certificado de final de obra y la calificación definitiva como vivienda protegida para alquiler social.
  Además, entre ambas entregas no podrá mediar un plazo superior a 24 meses, salvo que se trate de promociones de más de 80 viviendas, en cuyo caso el plazo se podrá extender a 30 meses. En el caso de no cumplirse este plazo, el beneficiario de la ayuda tendría que reintegrar la primera parte de la subvención que le fue abonada.

El Papa responde en Twitter cómo vivir el Año de la Fe: "Encuentra a Jesús, presente en el necesitado"

CIUDAD DEL VATICANO.- Benedicto XVI ha respondido vía Twitter, a las 12.15 horas, a la  primera de las tres preguntas que tiene previsto atender a lo largo de este miércoles, tras su estreno en su nueva cuenta @pontifex y referente a cómo se puede vivir mejor el Año de la Fe en el día a día: "Dialoga con Jesús en la oración, escucha a Jesús que te habla en el Evangelio, encuentra a Jesús, presente en el necesitado". 

   Previamente, y media hora antes de lo esperado, el Pontífice se estrenaba, este miércoles 12-12-12, en su nueva cuenta con el tuit: "Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra generosa respuesta. Os bendigo a todos de corazón". Este ha sido el primer tuit del Papa en su nueva cuenta @pontifex, lanzado este miércoles, 12-12-12, poco antes de la 12,00 horas, durante la audiencia general de los miércoles. Poco después de este mensaje, el Pontífice se ha convertido en 'trending topic', al ser 'retuiteado' más de 15.000 veces en media hora.
   Este primer mensaje, que ha sido enviado en público directamente por el Pontífice a través de una tableta de última generación, se ha producido una media hora antes de los previsto, ha aparecido primero en la cuenta en inglés y minutos más tarde en otros ocho idiomas, entre ellos, el español.
   Para ello, estuvo asistido por cinco personas: Thaddeus Jones, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales; Claire Díaz-Oriz, de Twitter; dos estudiantes que trabajan actualmente en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (PCCS), Mika Rabb y Andrew Jadick; y una la periodista mexicana Katia Lopez-Hodoyan.
   La empresa española 101 ha sido la encargada de crear y gestionar esta nueva cuenta de Twitter del Papa Benedicto XVI así como de su imagen y la del Vaticano en la Red, a través del portal de noticias 'News.va' o de la aplicación 'The Pope App'.
   El objetivo de esta nueva cuenta, que ya tiene más de un millón de seguidores, es "dar mayor alcance al mensaje evangélico". De este modo, el Pontífice ha lanzado su primer mensaje en 140 caracteres en esta nueva cuenta, original en inglés pero el mismo mensaje ha sido enviado simultáneamente en español, italiano, portugués, alemán, francés, polaco y árabe.
   En esta ocasión, como ya se avanzó en la presentación de la cuenta la pasada semana, el contenido del primer mensaje de esta nueva cuenta de Twitter de Benedicto XVI responde a una cuestión de la fe", con motivo de la celebración del Año de la Fe.
   En todo caso, Benedicto XVI no se ha estrenado este miércoles en la red de 'microbloging', porque lo hizo en junio de 2011 con motivo de la presentación del portal informativo del Vaticano con el mensaje: "Queridos amigos, acabo de inaugurar www.news.va ¡Sea loado Jesucristo!. Con mis oraciones y mi bendición, Benedicto XVI".
   Aunque en principio los primeros 'tuit' del Papa serán enviados con ocasión de la audiencia general de los miércoles, no se descarta una frecuencia mayor. La cuenta no tiene previsto seguir a ninguna otra y pretende animar a la Iglesia a tener mayor presencia en los nuevos medios.

martes, 11 de diciembre de 2012

El ejército egipcio pide unidad mientras la crisis se extiende

EL CAIRO.- El Ejército de Egipto pidió el martes que se celebren conversaciones para alcanzar la unidad nacional y terminar con la creciente crisis política en el país, poco después de que se retrasase un préstamo vital de 4.800 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional al país.

La reunión prevista para la tarde del miércoles, fue convocada en respuesta a la creciente serie de protestas que se desataron desde que el presidente Mohamed Mursi se autoadjudicó poderes especiales a finales de noviembre para aprobar, en un referéndum que se celebrará el sábado, una nueva Constitución redactada por sus aliados islamistas.

"No hablaremos de política ni del referéndum. Mañana no sentaremos juntos como egipcios", dijo el jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Abdel Fattah al-Sisi en una reunión entre ejército y responsables policiales.

Un aliado dijo que Mursi respaldó la petición. Los Hermanos Musulmanes informaron que asistirán a la reunión, mientras que la principal coalición opositora dijo que decidiría el miércoles si acude al encuentro.

Más temprano el martes, el ministro de Finanzas dijo que el préstamo de 4.800 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Egipto será retrasado hasta el próximo mes, lo que intensifica la crisis política en la nación más poblada del mundo árabe.

El ministro Mumtaz al-Said dijo que la demora en el acuerdo del préstamo busca generar tiempo para explicar al pueblo un paquete de medidas de austeridad económica duramente criticado.

El anuncio se produjo después de que Mursi diera marcha atrás el lunes a una serie de aumentos impositivos, considerados vitales para que el préstamo sea concedido, solo horas después de ser anunciados.

Grupos de la oposición habían criticado ferozmente el paquete impositivo, que incluía gravámenes a bebidas alcohólicas, cigarrillos y una serie de bienes y servicios.

"Por supuesto, el retraso tendrá cierto impacto económico, pero estamos debatiendo las medidas necesarias (para resolverlo) en el período por venir", dijo el ministro, que añadió: "Soy optimista (...) Todo estará bien, si Dios quiere".

El primer ministro Hisham Kandil añadió: "Los desafíos son económicos, no políticos, y deben ser resueltos al margen de la política". La demora fue confirmada por el FMI.

La entidad informó en Washington que Egipto había pedido que el préstamo se extendiera "a la luz de los acontecimientos en el campo".

En las calles de la capital egipcia, las tensiones se incrementaron después de que nueve personas fueran heridas cuando hombres armados atacaron a manifestantes que acampaban en la Plaza Tahrir, según testigos y medios locales.

La oposición convocó a una manifestación con la que espera obligar a Mursi a posponer un referendo sobre la Constitución. Miles de personas se reunieron frente al palacio presidencial, cuyas paredes están escritas con graffitis contra Mursi.

Los partidarios del líder islámico, que quieren que la votación se realice el sábado como está planeado, también se reunieron en la capital, fijando el escenario para nuevas confrontaciones callejeras en medio de la crisis política que ha dividido a la nación de 83 millones de habitantes.

La agitación social tras la caída de Hosni Mubarak el año pasado está causando preocupación en Occidente, en particular en Estados Unidos, que ha dado a El Cairo miles de millones de dólares en ayuda militar y otros tipos de asistencia desde que Egipto firmó la paz con Israel en 1979.

La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, enfatizó su "profunda preocupación" por la situación en Egipto y repitió los llamamientos a los manifestantes para que protesten pacíficamente y a las fuerzas de seguridad para que actúen con moderación.

"Las partes implicadas en Egipto están planteando preguntas reales y legítimas, tanto sobre el contenido como sobre el proceso para pasar a un referéndum constitucional este fin de semana", dijo Nuland en una rueda de prensa.

La portavoz declinó comentar si Washington cree que el referéndum en cuestión debe ser pospuesto.

Los disturbios generaron también una fuerte presión sobre la economía, causando una merma de las reservas de moneda extranjera a 15.000 millones de dólares, menos de la mitad del nivel en que estaban antes de la revuelta hace dos años.

Patrullas de la policía rodeaban la Plaza Tahrir en el centro de El Cairo por primera vez desde el 23 de noviembre, poco después de que Mursi emitiera un decreto en el que se adjudicaba poderes temporales que dejaba sus decisiones por encima de la justicia y provocara fuertes protestas en Egipto.

Los atacantes en la Plaza Tahrir, algunos enmascarados, también lanzaron cócteles molotov que causaron un pequeño incendio, dijeron testigos.

"Hombres enmascarados llegaron de pronto y atacaron a los manifestantes en Tahrir. El ataque buscó disuadirnos y evitar que nos manifestemos hoy (martes). Nos oponemos a estas tácticas de terror y hoy realizaremos la protesta más grande posible", dijo John Gerges, un egipcio cristiano que dijo ser socialista.

La última ola de descontento dejó siete muertos en choques entre partidarios de los Hermanos Musulmanes y opositores.

La Guardia Republicana que protege el palacio ha tenido que usar la fuerza para alejar a los manifestantes de los muros del recinto, ahora rodeado por tanques, alambres de púas y barricadas de cemento.

El Ejército ha pedido a los bandos que resuelvan sus diferencias a través del diálogo. Para el período en que se realizará el referéndum, los militares han recibido más poderes por parte de Mursi que les permitirán arrestar a civiles.

Los líderes de la oposición quieren que el referéndum sea pospuesto y esperan poder contar con una cantidad suficiente de manifestantes en las calles para cambiar la decisión de Mursi.

Los musulmanes, que dominaron en la Asamblea que redactó la Constitución que se someterá al voto popular, han instado a sus seguidores a salir "en millones" en una muestra de apoyo al presidente y a la consulta que se sienten seguros de ganar.

La oposición considera que la Constitución en cuestión no tiene en cuenta la diversidad de la población egipcia, de la que una décima parte es cristiana.

Enfrentamientos graves

Miles de egipcios han vuelto a salir a las calles de El Cairo y otras ciudades del país para sumarse a manifestaciones a favor y en contra del presidente, Mohamed Mursi, al que sus detractores han acusado de acumular poder y promover una constitución que solo representa a los islamistas.
   Al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones, no se han registrado choques violentos de especial gravedad, habida cuenta de que las concentraciones de El Cairo se han realizado con varios kilómetros de por medio.
   Como viene siendo habitual, los alrededores del palacio presidencial han sido el punto álgido de las concentraciones de la oposición, mientras que los islamistas afines al presidente se han reunido frente a una mezquita del este de la capital.
   El Frente de Salvación Nacional, que aglutina a los principales movimientos de la oposición, había convocado para este martes una nueva jornada de movilizaciones contra el proyecto constitucional que será sometido a referéndum el próximo sábado. Decenas de miles de personas han secundado la llamada y han participado en varias marchas y en una concentración frente al palacio presidencial, según informa el periódico estatal 'Al Ahram'.
   La residencia oficial de Mursi presentó durante todo el día un amplio despliegue de seguridad, resguardada por un muro de cemento y por decenas de militares que contaban incluso con el apoyo de tanques. Sin embargo, esta protección no ha impedido que los manifestantes desafiasen en algunos momentos a las fuerzas del Gobierno e intentasen romper el perímetro de seguridad.
   Como medida de precaución, unas 15 ambulancias han permanecido junto al palacio, en cuyas inmediaciones perdieron la vida el pasado miércoles nueve personas. Los choques de ese día entre islamistas y laicos se saldaron también con cientos de heridos.
   "Mataron a nuestros hermanos en el palacio presidencial" y "Vete, vete como hizo Mubarak" fueron algunas de las consignas escuchadas en las movilizaciones opositoras, que también han tenido eco en las ciudades de Alejandría y en Assiut.

El Gobierno francés presenta un programa para enfrentar la pobreza

PARÍS.- Aumentar las ayudas a familias sin recursos y ofrecer algunas garantías a jóvenes desempleados figuran en el plan presentado hoy por el gobierno francés para enfrentar la pobreza, que afecta a cerca de nueve millones de personas.

 El primer ministro Jean-Marc Ayrault anunció que en los próximos cinco años se elevará un 10 por ciento el Ingreso de Solidaridad Activa (RSA, por sus siglas en francés) destinado a respaldar a personas desvalidas o con salarios muy bajos.

El gobierno también ofrecerá anualmente apoyo a unos 100.000 jóvenes de entre 18 y 25 años que no tienen trabajo, ni formación.

Esta medida, que comenzará a aplicarse en septiembre de 2013, será acompañada de propuestas de educación y empleo.

Un informe dado a conocer aquí señala que 22,5 por ciento de los jóvenes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, cifra que representa un incremento de cinco puntos con respecto a 2004.

El programa para combatir la pobreza contempla también elevar los subsidios a las familias monoparentales y a los hogares donde existan tres niños o más.

Además, serán creadas 150.000 viviendas sociales y ocho mil nuevas plazas destinadas a acoger a personas sin techo y a demandantes de asilo.

Las medidas fueron anunciadas en el segundo y último día de la conferencia nacional contra la pobreza y la exclusión social que reunió a funcionarios, representantes sindicales y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Según la ministra de Asuntos Sociales y de la Salud, Marisol Touraine, hay 8,5 millones de personas en la precariedad, uno de cada cinco habitantes renunció a cuidados médicos por cuestiones financieras, 3,5 millones tienen problemas de vivienda y 800.000 dependen de una ayuda alimentaria.

Trabajadores griegos avivan protestas contra medidas gubernamentales

ATENAS.- Trabajadores y funcionarios públicos en Grecia intensificaron hoy sus protestas contra las políticas de austeridad del gobierno y las medidas exigidas por los acreedores internacionales.

 Campesinos, maestros, empleados de ayuntamientos y administraciones locales, jueces, fiscales y farmacéuticos coincidieron hoy en las calles del país para rechazar la nueva alza de impuestos, los recortes en los sueldos, los despidos en el sector público o el pago de las deudas contraídas por el estado.

Así, los agricultores tomaron diversas ciudades montados en sus tractores para protestar contra el aumento indiscriminado de impuestos y suministros, mientras se reducen las pensiones, el nivel de los servicios de salud y los subsidios.

La Federación de Asociaciones Agrarias calificó como "brutales" las nuevas medidas impuestas por los prestamistas y aseguró que la política agraria europea de los próximos años acabará con los pequeños productores, y frente a "este ataque la única respuesta es la lucha unida y militante".

Los sindicatos de las administraciones locales continuaron un día más con las concentraciones y ocupaciones de dependencias públicas contra los planes gubernamentales de despedir a dos mil trabajadores antes de fin de año.

Durante el jueves y el viernes dirigentes sindicales tienen previsto realizar encuentros por todo el país para informar a los empleados públicos sobre las últimas novedades legislativas y los planes del gobierno.

Los paros comenzarán el fin de semana, pues no habrá servicios públicos tales como recogida de basura y otros, mientras que el lunes iniciará una huelga de 48 horas el personal de la administración local, que continuará el miércoles con la convocatoria de 24 horas hecha por Adedy para todos los empleados públicos.

Para el mismo día están también llamados los trabajadores del sector privado ya que el mayor sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores Griegos GSEE, convocó una huelga de tres horas y una marcha de protesta por el centro de la capital.

Por su parte jueces y fiscales decidieron ayer en asamblea continuar con los paros parciales que iniciaron en septiembre hasta el próximo 19 de enero, y que están generando un colapso sin precedentes en los tribunales con miles de casos paralizados.

Por último, las farmacias de la capital cerraron sus puertas en protesta por los más de 500 millones de euros que les adeuda desde hace meses el organismo estatal de salud y contra los planes del ejecutivo de liberalizar el sector.

Putin dice que la mayoría de los rusos no quieren revolución

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que la mayoría de los rusos no quieren la revolución, sino cambios a mejor en el periodo más corto de tiempo posible, agregando que su opinión en este sentido esta basada en experiencia de primera mano.

   El mandatario ruso ha indicado que, por ello, no cree que las protestas que tuvieron lugar entre finales de 2011 y principios de 2012 en el país sean algo inusual. "Cualquier país ve un aumento de la actividad pública durante las campañas electorales, incluyendo las actividades de protesta", ha argumentado. En este sentido, ha recordado que las manifestaciones llevaron al clímax durante los comicios parlamentarios.
   Putin ha añadido además que, incluso sus críticos más acérrimos han de admitir que dichos comicios fueron ganados por él en la primera ronda, y que las discusiones giraban en torno al porcentaje de votos obtenidos, no al resultado final, según ha informado la cadena de televisión rusa RT.
   Asimismo, ha descartado que la disminución en el número de protestas está conectada con que "se haya apretado las tuercas" a la población, ya que, según él, todos los ciudadanos rusos siguen teniendo el derecho y la oportunidad de expresar sus opiniones a través de todos los medios legales.
   Por último, Putin ha señalado que, por lo que él cree, los líderes de las protestas que recorrieron el país muestran una actitud de "ser gente inteligente", motivo por el que ha expresado su deseo de que "trabajen en el marco de las nuevas oportunidades abiertas por la adopción de nuevas leyes".

Disminuye la proporción de protestantes en Irlanda del Norte, según el último censo

BELFAST.- La proporción de protestantes en Irlanda del Norte ha disminuido por primera vez en los últimos diez años frente al aumento de católicos, según el censo de 2010 hecho público este martes.

   De acuerdo con el censo, la proporción de protestantes ha pasado del 53 al 48 por ciento, mientras que la de católicos ha aumentado del 44 al 45 por ciento. Las cifras indican que hay 136.497 católicos en Irlanda del Norte frente a 118.856 protestantes.
   A su vez, los demógrafos han predicho que los católicos podrían convertirse en mayoría de votantes en la próxima generación. El incremento del número de católicos podría alterar el frágil equilibrio político en la provincia.
   Los nacionalistas católicos comparten el control de la provincia británica irlanda del Norte con los unionistas protestantes bajo un acuerdo de paz firmado en 1998 que supuso el fin de tres décadas de violencia sectario que dejó cerca de 3.600 muertos.
   Los partidos unionistas perdieron el control del ayuntamiento de Belfast el año pasado permitiendo así que este mes los partidos nacionalistas consiguiesen aprobar una moción para retirar la bandera británica del edificio por primera vez en un siglo.
   En los últimos días, al menos 28 policías han resultado heridos por el aumento de la violencia en las calles de Irlanda. Estos altercados se han debido al sentimiento nacionalista que tienen, principalmente, los católicos que quieren que Irlanda del Norte forme parte de Irlanda.

Amnistía Internacional recuerda que muchos millones de personas viven "presos de la pobreza"

MADRID.- Los efectos de la crisis económica han hecho a Amnistía Internacional reorientar parte de su trabajo en pro de los derechos humanos hacia la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, para recordar al mundo que "hay muchísimos millones de personas que viven presos de la pobreza" y reclamar el cumplimiento de derechos fundamentales como el de la vivienda. 

   En el día en que se cumplió el 64º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha denunciado que la Constitución española "no da la misma categoría" a los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el de la vivienda, que a otros derechos civiles y políticos.
   "En España está bien defendido el derecho a la escuela, no tanto el de la salud y mucho menos el de la vivienda", ha afirmado el responsable de Comunicación de Amnistía Internacional en Cantabria, Fernando Gutiérrez, con motivo de la mesa redonda sobre música y derechos humanos que se celebró este lunes en la Fundación Comillas, en el marco de la Semana de Autor de la SGAE.
   El portavoz de AI ha criticado los desahucios forzosos que se realizan incumpliendo el ordenamiento jurídico internacional, que obliga a garantizar una alternativa de vivienda digna a las personas desalojadas, y ha señalado que en España, "por desgracia, tiene preferencia la ley bancaria" sobre los derechos económicos y sociales, "quizás por un defecto que tiene nuestra Constitución, que de alguna manera no da la misma categoría" a estos derechos que a otros como los políticos o civiles.
   Otro tema de ámbito nacional que preocupa a Amnistía Internacional es la "exclusión sanitaria" a inmigrantes en situación irregular, un asunto que considera "preocupante y peligroso", y que está siguiendo "de cerca" ante la posibilidad de que pueda "endurecerse".
   La organización también ha denunciado los "abusos" de la policía antidisturbios y el "abuso de la capacidad de indulto" del Consejo de Ministros en el caso de los mossos d'esquadra condenados por torturas.
   Este año, Amnistía Internacional dedica el Día Internacional de los Derechos Humanos a la protección y defensa de los defensores de los derechos humanos, "personas sometidas a abusos, amenazas y persecución en lugares de conflicto, que en muchas ocasiones pagan con la vida su trabajo" y que ejercen como interlocutores y correa de transmisión en "muchísimos países" en los que AI tiene "vetada" su implantación.
   "Sin ellos no seríamos nada", afirmó el portavoz de Amnistía Internacional en Cantabria, quien subrayó que en los 64 años transcurridos desde la Declaración de los Derechos Humanos, "hay que reconocer que hemos mejorado en muchos aspectos, pero queda muchísimo por hacer".
   La situación de los derechos humanos en el mundo, añadió, es "variopinta", y el día a día "un poco duro", pero "los que trabajamos en esto tendemos a ser optimistas, porque si fuéramos pesimistas tiraríamos la toalla".
   Fernando Gutiérrez participó ayer lunes en la Fundación Comillas en una mesa redonda moderada por el periodista musical José Miguel López (Radio 3) en la que también tomaron parte los compositores José Ignacio Lapido y Vicky Gastelo, y que formaba parte de las actividades organizadas por la SGAE con motivo del Día de los Derechos Humanos en el marco de la Semana de Autor de la SGAE.

lunes, 10 de diciembre de 2012

ERC aboga por modificar las políticas de orden público y prohibir las pelotas de goma en Cataluña

BARCELONA.- ERC ha asegurado este lunes que uno de sus objetivos en la próxima legislatura será abordar una modificación de las políticas de orden público que contemplará, entra otras medidas, la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra.

   En rueda de prensa, el diputado electo Oriol Amorós ha argumentado que las pelotas de goma "son un arma que tiene unos efectos muy graves y desproporcionados", y ha avanzado que también pedirán la correcta identificación de los agentes antidisturbios.
   Los republicanos se encuentran en plenas negociaciones con CiU para asegurar la estabilidad del nuevo Govern, y en la próxima legislatura tendrán una importante presencia parlamentaria tras haberse convertido en las últimas elecciones en la segunda fuerza de la Cámara.

Acusan de 'prácticas abusivas' a Aguas de Murcia por el reciente incremento de tarifas

MURCIA.- El colectivo Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que la ciudadanía de Murcia se encuentra indefensa ante las prácticas abusivas de Aguas de Murcia (EMUASA) de incremento de las tarifas y esto es lo primero que se desprende del estudio del expediente administrativo que acompaña la aprobación por parte de la Comunidad Autónoma (Consejería de Universidades, Empresa e Investigación) de la Orden de las nuevas tarifas del servicio de agua potable en el municipio de Murcia, la ausencia de un control por parte de la Administración Pública de los estudios técnicos presentados por la empresa Emuasa para fundamentar las nuevas tarifas del agua.

Dos indicios de esta ausencia de control garantista, son, a su juicio:

1º) El Informe realizado por la Jefatura de Sección de Infraestructura y Comercio Interior aparece lleno de erratas, imprecisiones, corte y pega del propio estudio de Emuasa, aportaciones personales escasas, con fuentes inexplicadas y manejo desaliñado y erróneo de datos.

2º) En el expediente administrativo no figura ningún informe de fiscalización, ni de la Intervención del Ayuntamiento de Murcia, ni de la Intervención de la Administración de la Región de Murcia, pese a ser el asunto que nos ocupa el establecimiento de nuevas tarifas de un servicio público local.

"Dada la inacción y dejación de los controles públicos se constata que el único soporte documental del expediente para justificar el incremento de tarifas del servicio de Aguas es el “ESTUDIO DE REAJUSTE DE TARIFAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MURCIA, AÑO 2012” aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA). Pero sorprendentemente, las cifras de costes de todo el capítulo son estimaciones sin contraste alguno, ya que no aparecen comparadas con las cifras de los costes reales del año 2011, ni siquiera con las estimaciones similares efectuadas para el incremento de tarifas del año 2011, por lo que todo el capítulo 3º de “Estudio económico de costes de abastecimiento de agua para el año 2012” se convierte en un acto de fe.


2º) Unos incrementos tarifarios abusivos y arbitrarios
Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad denuncia que esta dejación institucional y esta arbitrariedad en el cálculo de costes por parte de Emuasa dan como resultado unos incrementos de las tarifas del agua absolutamente abusivas. Si estudiamos la evolución del coste familiar para cada uno de los tramos de las tarifas, comparadas con el incremento del índice de precios de consumo –IPC-, vemos que las tarifas del agua en Murcia han aumentado desde el año 2000 en todos los tramos más del doble de lo que lo ha hecho el ipc. Para una subida del IPC del 39%, la tarifa fija de servicio ha crecido un 98%, la tarifa de consumo de 0 a 20 m3 lo ha hecho en un 89%, la de 20 a 40 m3 un 94%, la de 40 a 60 m3 un 97%, la de 60 a 90 un 177% y la de más de 90 m3 un 186%.

Si en vez de las tarifas examinamos ejemplos reales de consumo, advertimos que donde más ha subido proporcionalmente el precio del agua ha sido en los casos de las familias con consumos más bajos. Así, un consumo de 8m3 cada 2 meses ha subido en 2012 el 94% respecto al 2000 y si el consumo fuera de 18 m3, la subida experimentada en estos 12 años ha sido del 93%, mientras que para un consumo de más de 95, la subida ha sido del 82%.

3º) La cuestión clave de la controversia: el procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado, y no como tasa, posibilita la más absoluta arbitrariedad al dejar en manos de responsables políticos y de la empresa decisiones estratégicas que deberían ser tomadas dentro del sistema de garantías democráticas amparadas por el derecho administrativo

En el recurso contencioso-administrativo, Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad desvela el procedimiento que posibilita estos incrementos tarifarios sin control democrático alguno, esto es, el establecimiento de tarifas en el servicio público de aguas del municipio de Murcia mediante precio privado (y por tanto no ha sido determinada según los requisitos de las tasas). Esta es la clave de la cuestión, un procedimiento que permite a EMUASA presentar costes libres sin dar cuentas, en régimen de monopolio, lo que sólo puede traer costes crecientes y precios crecientes, con el consiguiente perjuicio de los ciudadanos.

Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad considera que el procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado no ofrece las suficientes garantías ciudadanas, justifica la arbitrariedad y los abusos en el incremento de las tarifas, y es contrario al derecho humano al agua. 


Amparándonos en la doctrina del Tribunal Constitucional, reivindicamos la consideración de las tarifas del agua como una tasa lo que implicaría de inmediato la restauración de las garantías del derecho administrativo impidiendo que la decisión de que las tarifas del agua estén sujetas a reserva de ley se deje al albur de una decisión política de cada ayuntamiento.

4º) El procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado y no como tasa permite a EMUASA la práctica contraria al derecho humano al agua de castigar cortándoles el suministro de agua a las familias de las clases populares más golpeadas por la crisis que han acumulado el impago de dos facturas

Las luchas sociales contra la práctica de Aguas de Murcia de amenazar a las familias de las clases populares más golpeadas por la crisis de cortarles el suministro de agua por el impago acumulado de dos facturas (violencia institucionalizada en el Reglamento de Aguas de Murcia), evidencian que el procedimiento de determinación del agua como un precio privado y no como una tasa es contrario al derecho humano al agua. 


En el recurso contencioso- administrativo, Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad defiende que si la tarifa del agua se tramitase como tasa, en caso de impago, antes de proceder al corte del suministro, primero deberá seguirse la vía de apremio, respetando los trámites esenciales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC-, donde el interesado podrá oponerse al corte del suministro de agua acreditando que carece de la suficiente capacidad económica para proceder al pago de la tasa, siendo un claro indicio la circunstancia de que haya resultado infructuosa la vía de apremio. 

Dadas las tremendas circunstancias económicas por las que está atravesando cada vez un mayor número de familias españolas, con cifras alarmantes de pobreza extrema, este tema de la falta de suministro por impago de un bien esencial como el agua, efectuado por empresas vicarias de los ayuntamientos españoles puede convertirse en una nueva bomba social, similar a la de los desahucios de viviendas por impagos a los bancos.

5º) Las inmensas ganancias que genera el servicio público de agua muestran que estamos ante un procedimiento de acumulación de riqueza económica por desposesión de un bien común como el agua, que debería estar al servicio de la ciudadanía.

El servicio público de abastecimiento de agua lo efectúa el Ayuntamiento de Murcia mediante la forma de gestión indirecta descrita por medio de la sociedad mercantil “Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.” (EMUASA) con capital social mayoritariamente municipal. 


La sociedad EMUASA se constituyó en 1982 y se rige por sus Estatutos particulares y, subsidiariamente, por la Ley de Sociedades Anónimas y por las disposiciones del Régimen Local. Las tarifas de facturación de los servicios de agua, de alcantarillado y de vertidos están sujetas a autorización administrativa. Tiene un plazo de duración de 50 años a contar desde su conversión en Empresa Mixta Municipal. Su domicilio social está establecido en Murcia.

El capital social de 6.086.867,90 €, se encuentra suscrito al 51% y 49%, respectivamente, por el Ayuntamiento de Murcia y Aquagest Región de Murcia, S.A., perteneciendo esta última entidad al grupo Agbar cuya cabecera es Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. 


Las cuentas anuales presentan resultados sumamente positivos, siendo los beneficios del ejercicio 2010 de 5.082.711,53 € y los del ejercicio 2011 de 4.761.943,11 €, ambos una vez deducidos los impuestos.

Con fecha 30 de junio de 2011 la Junta General acordó el pago a los accionistas de un dividendo por importe de 4.574.440,38 € (4.256.644,86 € en 2010), repartiéndose esta cantidad, en proporción al capital desembolsado, de la forma siguiente:


Ayuntamiento de Murcia
2.332.964,59 €


AQUAGEST
2.241.475,79 €

Hablamos de resultantes de la explotación del negocio del agua potable en Murcia y aplicados como dividendos por sus socios capitalistas, un flujo dinerario de cuyo empleo el Ayuntamiento, socio capitalista público, no facilita información alguna, por lo que seguramente sirva para financiar la insaciable voracidad del gasto corriente municipal, ante la indefensión ciudadana, que no cuenta con garantía alguna de su libertad patrimonial en las tarifas del agua.

6º) Concluyendo…

En definitiva, denunciamos las tarifas del agua potable en Murcia, ya que se trata de un bien esencial que no debe ser objeto del lucro, ni privado, ni público. EMUASA y el Ayuntamiento de Murcia gestionan un negocio que transgrede el art. 31.3 de la Constitución Española y que rompe la lógica económica; frente a una demanda del agua decreciente, presentan costes y precios que crecen mucho más que el coste de la vida, para conseguir unos beneficios superlativos que se distribuyen generosamente el Ayuntamiento de Murcia y AQUAGEST.

Si tienen vocación de mercaderes y necesitan beneficios, que lo hagan con el negocio del agua embotellada en el que hay concurrencia, y no con el agua potable a domicilio, que es un monopolio público con reserva de ley".