MADRID.- Dos huelgas generales en un año, paros indefinidos en
sanidad, servicios mínimos en el transporte público y el poder judicial
en pleno plantado ante las sedes de administración de justicia. Las
protestas contra los duros ajustes económicos del Gobierno de Mariano
Rajoy prendieron la mecha de la movilización en España en 2012, y muchos
auguran que continuará ardiendo en 2013, aunque sin muchos resultados.
Después de tres años de profunda crisis económica y con
un país en plena recesión, los ciudadanos parecen haberse acostumbrado a
tomar las calles y también a sufrir las consecuencias de una oleada de
clamor popular como no ocurría desde los tiempos de la Transición a la
democracia en la década de los 70.
Y de fondo, una sociedad sensibilizada y cada vez más
escéptica con la clase política que ve cómo se recortan sus ingresos a
la vez que el sector bancario, al que muchos culpan de sus problemas,
recibe un rescate internacional de hasta 100.000 millones de euros.
A la luz de las previsiones económicas, el Gobierno del
Partido Popular tendrá que mentalizarse de que la "invasión" de la
calle continuará, aunque los analistas coinciden en que es poco probable
que las movilizaciones fuercen un cambio de rumbo en la política de
recortes de un Ejecutivo que se siente fuerte amparado por su mayoría
absoluta en el Parlamento.
El propio Rajoy ha pronosticado que 2013 será un año
"muy duro", en el que no obstante comenzarán a verse algún dato positivo
para el empleo y crecimiento para el segundo semestre.
"La estrategia del Gobierno es resistir, no hacer
ninguna concesión y aguantar con la esperanza de que la economía
comience a mejorar a finales de 2013 o en 2014. Eso, de verdad, es
bastante improbable", dijo el analista Miguel Murado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) predijo que la economía española se contraerá un 1,3
por ciento en 2012 y un 1,4 por ciento este año.
"Llegará un punto de tensión máxima en que haya un
divorcio total entre el Gobierno y la calle. En la calle habrá muchas
protestas y el Gobierno lógicamente seguirá con su política", agregó
Murado. "Creo que el Gobierno y la calle están condenados a no
entenderse".
Jueces, trabajadores de los servicios de recogida de
basuras, médicos, catedráticos o conductores de autobús han estado de
acuerdo en señalar que las medidas de ajuste destinadas a cumplir el
objetivo de déficit del 6,3% del PIB en 2012 y un 4,5% en 2013, en un
país en el que una de cada cuatro personas está desempleada, están
afectando sobre todo a las clases medias y a los colectivos más
sensibles.
Rajoy ha defendido medidas como la reforma laboral o la
reestructuración bancaria calificándolas como una "obligación", y
cuando aún faltan por aplicar cambios en las administraciones públicas o
las pensiones, el mandatario ha asegurado que su proyecto reformista se
extenderá hasta el último día de su legislatura.
"Este Gobierno nos está llevando a la ruina, nos están
quitando todos los beneficios que tenemos y estamos perdiendo poder
adquisitivo", dijo Francisco García, trabajador de la limpieza y
presidente del comité de empresa en el Hospital General de Alicante.
Él y sus compañeros secundaron una huelga de 17 días
después de dos meses sin percibir sus salarios de parte la empresa
concesionaria de la Generalitat valenciana para la que trabajan.
Si Rajoy ha sido el primer presidente del Gobierno
español en sufrir dos huelgas generales en su primer año de gestión,
también ha sido el primero que ha tenido que enfrentarse a los plantones
y reproches de sectores tradicionalmente cautelosos en sus
manifestaciones, como han sido los jueces o los rectores universitarios.
"Algo está ocurriendo en nuestro país que no se había
producido anteriormente", dijo José Luis González Armengol,
juez decano de Madrid. "Es extraño que determinados colectivos como
jueces, fiscales, abogados, médicos, enfermeros y maestros estén todos
en las calles".
Para el juez decano, a consecuencia del difícil
objetivo de cumplimiento del déficit público se han llevado a cabo
rebajas de las retribuciones de todas las clases medias y en sectores
tradicionalmente intocables como educación o sanidad.
"Los ataques esencialmente a educación, sanidad y
justicia me parece que son la muerte de un estado moderno, de un estado
democrático, donde necesariamente para una buena política se tienen que
fortalecer estos tres pilares", afirmó Armengol.
En los últimos meses de 2012, miles de trabajadores de
un sector judicial muy diverso ideológicamente se sumaron a las
protestas contra las reformas del Ministerio de Justicia, entre las que
se incluye una ley que impone unas tasas para el ciudadano que estos
profesionales consideran excesivas.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
llegó a decir que las tasas rozaban la inconstitucionalidad porque
dificultaban el acceso a la justicia al ciudadano sin recursos
económicos.
En la Comunidad de Madrid, los médicos secundaron una
huelga de cinco semanas contra el plan finalmente aprobado por el
Gobierno regional del PP de privatizar seis hospitales públicos y un 10
por ciento de los centros de salud de la región, una medida con la que
espera ahorrar unos 200 millones de euros en el presupuesto de sanidad
para 2013.
El colectivo médico insiste en que estos planes ponen
en peligro la supervivencia de la sanidad pública favoreciendo a
empresas privadas y empeorando la calidad del servicio. Miles de
personas han salido y siguen saliendo a las calles ataviadas con batas
blancas como parte de la denominada "marea blanca".
"El colectivo médico no ha sido amigo de salir a la
calle ni de huelgas, es casi imposible unirlos por un tema laboral
porque hay todo tipo de contratos, pero ahora hay una unidad sin fisuras
para defender la sanidad pública", dijo Fátima Brañas,
portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(AFEM).
En hospitales y centros de atención primaria
madrileños, las fachadas y salas de espera están cubiertas de sábanas
blancas en las que puede leerse "Tu salud es su negocio" o "La sanidad
no se vende, se defiende".
En el centro de salud Alameda, muy cercano al madrileño
Paseo del Prado por el que transcurren prácticamente todas las
manifestaciones en Madrid, su director, Francisco Gómez Serrano - uno de
los más de un centenar de directivos que ha dimitido contra la
privatización de centros - duda de que un sistema privado pueda defender
el hasta ahora casi intocable sistema de seguridad social español.
"Yo creo que se trata de creer o no creer en lo
público, si no crees en lo público irás poco a poco desprendiéndote de
ello", afirmó. "Los pacientes cuestan, sólo dejan de costar cuando se
mueren".
Juana, una paciente de 65 años, se quejaba en una sala
de espera de los retrasos en las consultas, afirmando que la gestión
privada no tiene por qué ser mala. "Ya nos están perjudicando. Hay
muchas maneras de solucionar las cosas sin hacer huelga".
"Esto tiene que ser público, la sanidad privada trata
de ganar dinero, independientemente de la salud de los pacientes", dijo
por su parte Ángel Gil, un jubilado de 71 años.
Las medidas de austeridad han llegado también a las
aulas públicas españolas, aumentando el número de alumnos por clase, las
horas lectivas del profesorado, reduciendo el personal docente y las
becas y elevando las tasas universitarias, un obstáculo más en un país
donde más del 50% de los jóvenes están en el paro.
En una intervención pública poco habitual, los rectores
de 50 universidades públicas españolas emitieron un comunicado conjunto
en el que denunciaron la "asfixia económica" de la universidad ante el
plan de reducir un 18% del presupuesto para educación superior en 2013.
"Nos vemos en situaciones en las que yo llego a sentir
vergüenza institucional (...) la institución no está a la altura de las
circunstancias", declaró Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de
Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid.
"Luego está la situación del día a día, estamos
racionando el papel y los cartuchos de las impresoras para ver si
llegamos al próximo año", agregó.
Pese a la fuerte movilización, los analistas sostienen
que es poco probable que el Gobierno cambie sus políticas debido al
escaso margen de maniobra en las medidas de carácter estructural,
relacionadas con Bruselas.
"El Gobierno no tiene mucha capacidad de movimiento
porque no hay síntomas de que la situación en términos macroeconómicos
se haya movido un ápice desde hace ya más de dos años", dijo el analista
Ismael Crespo, del instituto de investigación Ortega y Gasset.
"Los signos de recuperación económica serán signos de
estabilización económica, pero recuperación no va a haber ninguna",
agregó.
Rajoy, que ha sido acusado por ciudadanía y oposición
de incumplir todas sus promesas electorales, se vio además reforzado el
año pasado por los buenos resultados de su formación en las elecciones
autonómicas de Galicia y Cataluña, mientras sigue sin despejar la
incógnita sobre si España solicitará un rescate a sus socios europeos.
"Rajoy es muy consciente de que está al principio de la
legislatura. Al final la clave para él es si hay elecciones o no hay
elecciones y ahora tiene un año entero hasta las europeas de 2014",
sostuvo Narciso Michavila, presidente de la consultora Gad3. "Sabe bien
que las decisiones duras las tiene que tomar ahora".
"(Rajoy) tiene que aguantar este tirón esperando que dé
resultados económicos, si no da resultados económicos (...) ahí sí que
tendrá un problema muy gordo", agregó Michavila.
Los analistas anticipan que se producirá un cambio
importante en el momento en el que el Partido Socialista, principal
formación de oposición que pasa por un mal momento de liderazgo, consiga
formar parte de las protestas y capitalizar el malestar ciudadano.
"Creo que el PSOE se va a sumar realmente y va a
movilizar para estar en la calle a sus partidarios, así que 2013 va a
ser un año realmente complicado para el Gobierno en ese sentido",
sostuvo Crespo.
Para Miguel Murado, la posibilidad de que la
movilización ciudadana llegue a provocar una "catarsis" que pueda hacer
caer al Gobierno o convocar elecciones anticipadas es bastante escasa,
más teniendo en cuenta que el Parlamento español es muy "disciplinado" y
con el ejemplo de países como Grecia, donde las protestas han hecho
poco por alterar las reformas incluso con gobiernos parlamentariamente
más débiles.
"Las mayorías absolutas en España significan una carta
blanca, es muy improbable que haya una crisis de este tipo", sostuvo.
"Da la impresión de que la política económica se ha
vuelto indiscutible, los gobiernos ya no están dispuestos a negociar con
los ciudadanos (...) se ha creado una especie de mentalidad
tecnocrática según la cual las recetas económicas que se aplican son las
únicas posibles, con lo cual no hay nada que discutir", añadió Murado.
Pese a que los analistas no confían en que haya
alteraciones en la receta económica aplicada hasta ahora por el
Gobierno, sí anticipan cambios a nivel político en la concentración en
torno a los dos grandes partidos de España.
Para Ismael Crespo, el malestar ciudadano podría
desembocar en un escenario novedoso en España de cara a las elecciones
de 2015.
"Podríamos tener un Parlamento muy fragmentado, con la
necesidad de los grandes partidos de gobernar con segundos o terceros
partidos (...) es el escenario que hay hoy".
