MADRID.- El Consejo de Estado ha avisado al Gobierno español de que la futura ley
reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del
Estado suaviza las incompatibilidades profesionales para los ex en los
dos años posteriores a su cese al permitirles más actividades que la
vigente ley de Zapatero.
Así se refleja en el informe, que el
organismo consultivo ha redactado ante la Ley reguladora del ejercicio
del alto cargo de la Administración General del Estado que el Ejecutivo
aprobó el pasado 21 de febrero y que ha sido remitida al Congreso para
su tramitación parlamentaria.
En dicho informe, el Consejo de Estado cuestiona el formato de
incompatibilidades profesionales que el Gobierno del PP plantea para los
ex altos cargos en los dos años posteriores a su cese, al considerar
que es más laxo que la ley que se aprobó con Zapatero.
En concreto, señala que la nueva ley no permite prestar servicios
en entidades privadas que hayan resultado "afectadas por decisiones" en
las que han participado ese ex alto cargo, mientras que en la de 2006 la
limitación se extendía a empresas o sociedades privadas "relacionadas
directamente con las competencias" del puesto ejercido, hubiera o no
tomado decisiones al respecto. "Se aprecia cierta reducción del ámbito
objetivo de aplicación", denuncia.
Además, critica la incompatibilidad entre la percepción de
pensiones indemnizatorias o prestaciones compensatorias y el desempeño
de cualquier actividad pública o privada retribuida aunque se renuncie a
ese salario: desconoce la razón que justifica prohibir el desempeño de
una actividad pública o privada cuando se renuncia a la correspondiente
retribución y duda del efecto que esta previsión puede traer consigo a
quienes sean funcionarios públicos.
"De lo expuesto parece deducirse que la opción por la pensión o la
prestación compensatoria, les conduciría a la situación de excedencia
por interés particular con los efectos estatutarios correspondientes (no
devengo de antigüedad, extinción de la reserva de la plaza inherente a
la de servicios especiales...), lo cual puede entenderse que constituye
una penalización de justificación no evidente", alega.
Entre otras cuestiones, el Consejo de Estado también echa en falta
las "reglas" a las que deberá someterse la Oficina de Conflictos de
Intereses, la que custodia las declaraciones de los altos cargos, a la
hora de abrir un procedimiento sancionador.
Por último, aconseja al Gobierno eliminar tres artículos referidos
a los recursos humanos, económicos y materiales de los que dispondrán
los altos cargos porque "carecen de entidad" para ser objeto de un texto
legal y porque muchos de los aspectos regulados están incluidos en
otras normas de rango menor actualmente vigentes. Tampoco ve apropiado
obligar a los altos cargos a someterse a cursos de formación en materia
de conflictos de intereses.
El Consejo de Estado también ha pronunciado sobre el proyecto de
ley, aprobado también por el Consejo de Ministros el viernes de la
semana pasada, sobre la Ley Orgánica de control de la actividad
económico-financiera de los Partidos Políticos.
Sobre esta iniciativa, la institución considera "llamativo" que el
Gobierno haya decidido prohibir las donaciones de empresas a los
partidos y, en cambio, se permitan a las fundaciones que dependen de
esas formaciones políticas, por lo que aconseja controlar esos fondos.
Aunque su valoración general de la reforma es positiva, el Consejo
de Estado empieza por cuestionar el "alcance limitado" del proyecto, ya
que a su juicio "las medidas introducidas, lejos de comportar una
verdadera reforma que innove de manera sustancial el régimen de control
de los partidos en materia de financiación, se limitan a modificar
algunos aspectos concretos de su actividad económico-financiera,
manteniendo en líneas generales la regulación vigente".
También lamenta que, tratándose de normas sobre los partidos
políticos, no haya habido un diálogo previo con la oposición, máxime
cuando hace un año se aprobó en el Congreso la resolución que instaba a
preparar estas reformas: "Habría sido deseable la realización, durante
la tramitación del anteproyecto, de actuaciones orientadas a favorecer
la participación de los partidos, en cuanto a sujetos afectados por la
regulación afectada", apunta.
Al referirse a una de las novedades de la reforma, como la
prohibición de las donaciones de personas jurídicas, el consejo
consultivo que preside José Manuel Romay Beccaría señala que resulta
"llamativo" que se vaya a aplicar a los partidos pero no a las
fundaciones que dependen de ellos.
En su opinión, es necesario establecer mecanismos de control que
impidan que se pueda quebrar la finalidad perseguida por el proyecto:
"Debería incluir alguna medida concreta orientada a garantizar el debido
control del uso de los fondos aportados por personas jurídicas a dichas
fundaciones y entidades".
Lo que señala el proyecto definitivo del Gobierno es que la
persona jurídica deberá aportar el acuerdo por el que se dona dinero a
una fundación, pero sólo se precisará formalizar la donación en
documento público a partir de 120.000 euros. Es más, se excluyen de la
prohibición las entregas monetarias o patrimoniales para un proyecto
concreto.
Precisamente el Congreso aprobó este jueves, en el marco del
Debate sobre el estado de la Nación, una resolución pactada entre el PP y
CiU, en la que se insta al Gobierno a buscar y promover el diálogo" con
los grupos parlamentarios durante la tramitación de estos dos proyectos
de ley sobre los que ha emitido informe el Consejo de Estado.
Sin embargo, el PP rechazó sendas propuestas presentadas por
Izquierda Plural y UPyD relacionadas con la regeneración democráticas.
En concreto, la coalición de izquierdas pedía un régimen de
incompatibilidades de cargos y excargos públicos, la dedicación
exclusiva de los cargos públicos y una limitación de las remuneraciones.
De su lado, los 'populares' también se opusieron a los
planteamientos de la formación magenta, que pedía regular las
recomendaciones del Consejo de Europa sobre los conflictos de interés de
los parlamentarios y cargos de designación política, el régimen de
incompatibilidades y las declaraciones de bienes e intereses, así como
adoptar las medidas necesarias para combatir el "pernicioso" fenómeno de
la 'puerta giratoria', con el que se denomina al acceso de ex cargos
públicos a la empresa privada.
UPyD también solicitaba el establecimiento de otro delito
específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos
políticos y sancionar penalmente la "omisión o falsedad deliberada" por
parte de los partidos tanto de sus estados contables como de su
patrimonio social.
