MADRID.- La decisión del juez Pablo Ruz de enviar
a juicio la "primera época" del caso Gürtel, que va de 1999 a 2005,
pone fin a una parte de la instrucción que se inició hace cinco años y
cinco meses y que sentará en el banquillo a 45 del centenar de imputados en esta trama de corrupción en el entorno del PP.
Con
el cierre de esta pieza separada, que no es la causa principal, Ruz
pone fin a la investigación de los seis primeros años de actuación de la
trama y sentará en el banquillo a, entre otros, los extesoreros
populares
Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; a los exalcaldes del PP como Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y al líder de la trama, Francisco Correa.
El
caso Gürtel (correa en alemán, en alusión al cerebro de banda) comenzó a
instruirse en febrero de 2009 de la mano del juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón, un caso que le costó un año después su carrera
en la judicatura al ser inhabilitado durante once años por el Supremo por las escuchas que permitió de las conversaciones entre los imputados y sus abogados cuando se encontraban en prisión.
Poco antes, el caso Gürtel, que
acumula ya más de 100 imputados,
se llevó también por delante de forma indirecta al que fuera ministro
de Justicia Mariano Fernández Bermejo por su participación, sin la
debida licencia, en una cacería a la que también asistió Garzón tras
haber ordenado el ingreso en prisión provisional de los principales
cabecillas de la trama, Francisco Correa, quien permaneció tres años en
la cárcel.
Un mes después de que Garzón comenzara a instruir este
caso, lo tuvo que remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) al hallar indicios de delito contra los diputados regionales
Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamin Martín Vasco, que entonces
abandonaron el grupo parlamentario popular en la Asamblea, aunque conservaron su escaño.
El
30 de julio de 2009, el instructor del caso en el TSJM, Antonio
Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV) de la parte de la causa en la que se investigaba la entrega de regalos por parte de miembros de la trama a altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos su presidente, Francisco Camps.
El
caso Gürtel también ha pasado por el Tribunal Supremo, que el 24 de
junio de 2009 se declaró competente para investigar a los entonces
parlamentarios del PP Luis Bárcenas (senador) y Jesús Merino (diputado) y
el 18 de mayo de 2010 devolvió la causa al TSJM al haber renunciado
éstos a su escaño.
Este cambio de tribunal no le pudo ir mejor a Bárcenas que, junto a su mujer Rosalía Iglesias, quedó fuera de la causa al entender el juez Pedreira que no había pruebas contra el matrimonio.
Sin
embargo, el 8 de junio de 2010, el TSJM remitía de nuevo la causa a la
Audiencia Nacional una vez que los tres diputados a la Asamblea de
Madrid que figuraban como imputados en la causa -López Viejo, Bosch y
Martín Vasco- renunciaron a su escaño poco antes de celebrarse las
últimas elecciones autonómicas el 22 de mayo.
Entretanto, el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana culminaba la
celebración del primer juicio del caso Gürtel, conocido como el de "los trajes", en el que un jurado popular declaró no culpables a Francisco Camps, y al ex secretario regional del PP Ricardo Costa.
Los
otros dos acusados en esta causa -el exvicepresidente de la Generalitat
Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo
Rafael Betoret- reconocieron que aceptaron "dádivas" de la trama para no
sentarse en el banquillo y fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros por cohecho pasivo impropio.
Una
vez en manos del juez Pablo Ruz, la situación procesal de Bárcenas daba
un vuelco el 15 de marzo de 2012 al anular la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional el archivo de la causa con respecto al extesorero,
que a partir de ese momento volvía a estar imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Al
día siguiente de ser imputado de nuevo, Ruz reactivó la comisión
rogatoria solicitada a las autoridades suizas para la búsqueda de
cuentas bancarias del extesorero que fue cursada por Garzón en 2009 y
cuya respuesta se encontraba en suspenso al haber sacado Pedreira de la
causa a Bárcenas.
Cuando en enero de 2013 se conoció el resultado de esa comisión rogatoria saltó el escándalo. El extesorero había llegado a acumular 22 millones de euros en distintas cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel.
Días
después de esta revelación, el 30 de enero, Bárcenas presentaba a Ruz
los documentos que probaban que se acogió, a través de su sociedad
Tesedul, a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, para regularizar
en 2012, ante Hacienda, casi 11 millones de euros que no había
declarado en su día.
Al día siguiente, El País publicaba los
llamados papeles de Barcenas, fotocopias de la supuesta contabilidad B
del PP. En ese momento, el extesorero negó que él fuera el autor de esa filtración y negó incluso que hubieran sido escritos de su puño y letra.
Tras
una pugna con su compañero Javier Gómez-Bermúdez, Ruz se hizo cargo de
investigar la veracidad de esos papeles y los incluyó en una pieza
separada del caso Gürtel.
Bárcenas prosiguió mientras tanto como
si nada con su vida de viajes de esquí y de comidas en restaurantes de
lujo, hasta que el 14 de junio, Suiza revelaba que en otro banco, el
Lombard Odier, el tesorero llegó a tener 26 millones de euros, lo que elevaba su botín a los 48,2 millones.
Este nuevo dato, hacía mayor el escándalo y complicaba aún más a Bárcenas justificar ante Ruz el origen de tamaña fortuna.
El
27 de junio de 2013, tras comprobar la falsedad de los contratos de
compra-venta de obras de arte que aportó para justificar parte de sus
ingresos, el juez volvió a llamarle a declarar y finalmente le envió a
prisión ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y ante los
indicios de que mantuviera ocultas otras cuentas bancarias en lugares
como Bahamas.
