MADRID.- Las cifras de la corrupción en España muestran que hay más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura. No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión,
ya sea porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a
ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún
tienen recursos pendientes.
Entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado
cargos en partidos políticos [consultar los casos de corrupción del
PP y del
PSOE]
o en la Administración Pública --a todos los niveles-- y también
empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos,
principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas.
En la lista figuran nombres propios como Miguel Blesa (caso de las tarjetas B de Caja Madrid), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Luis del Rivero (caso Bárcenas), el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Aerolíneas Argentinas y vaciamiento del Grupo Marsans) o el expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez (caso Hacienda).
Entre los que han ostentado cargos públicos notorios, destacan los exvicepresidentes del Gobierno
Rodrigo Rato (tarjetas B y fusión y salida a Bolsa de Bankia) y
Narcís Serra (Catalunya Caixa), los exministros
Magdalena Álvarez (falsos ERE de Andalucía, aunque luego ha sido desimputada) y
Ángel Acebes (caso Bárcenas y caso Bankia), la
Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin (caso Nóos), la exsenadora
Elena Diego (por su etapa como alcaldesa), el delegado del Gobierno en Murcia,
Joaquín Bascuñana (Novo Carthago), el exalcalde de Santiago,
Ángel Currás (Pokémon) y el extesorero del PP,
Luis Bárcenas.
En algunos casos, los condenados acumulan sentencias. Por ejemplo, Maria Antònia Munar,
expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlamento balear y de Unió
Mallorquina (UM), está condenada por los casos Maquillaje y Can Domenge e
imputada en otros; y el exministro y expresidente balear Jaume Matas está condenado por el caso Palma Arena e imputado en al menos cinco causas (como Nóos y Son Espases).
En una situación similar se encuentra el exsenador Miguel Zerolo,
sentenciado en un caso e imputado en otros dos de su etapa como alcalde
de Tenerife. Otros cargos aún no se han sentado en el banquillo pero
están investigados en distintas causas, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en dos casos derivados de Brugal.
Dada
la complejidad que entrañan muchos casos de corrupción por la cantidad
de personas y documentos que los jueces tienen que investigar, la gran
mayoría de las causas aún no se han cerrado y, por lo tanto, los
condenados siguen siendo una minoría.
Además, a algunas de las
personas ya juzgadas se les han impuesto únicamente penas de
inhabilitación o de menos de dos años de cárcel y por eso no han entrado
en prisión. En otros casos lo que ocurre es que recurren la sentencia o
piden el indulto, como ha hecho el expresidente de la Diputación de
Castellón Carlos Fabra, sentenciado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, por lo que tampoco se produce el ingreso.
Sin
embargo, entre los más de 30 que están entre rejas destacan presos como
Jaume Matas, aunque ahora le han concedido el tercer grado; Maria
Antònia Munar; Díaz Ferrán, que cumple condena por fraude fiscal y está pendiente de ser juzgado por otras causas; el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, sentenciado por las irregularidades en la gestión del Ayuntamiento; y el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas.
También
hay otros que están en prisión preventiva porque aún no han sido
juzgados, como Luis Bárcenas o algunos de los implicados en la Operación
Púnica, desarrollada recientemente y en la que el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha enviado a la cárcel al exsecretario general del
PP de Madrid Francisco Granados, al empresario de la construcción David Marjaliza y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, entre otros.
Algunas
de las operaciones más mediáticas de los últimos meses aún no se han
sustanciado en imputaciones. Es el caso del expresidente catalán Jordi Pujol,
que este verano reconoció haber tenido dinero en el extranjero durante
años y, aunque hay querellas contra él en los juzgados, de momento sólo
ha declarado ante la Agencia Tributaria. Sí están imputados tres de sus
hijos: Jordi (presunto blanqueo y delito fiscal), Oriol (caso de las
ITV) y Oleguer (blanqueo y delito fiscal).
Tampoco está imputado el histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que
regularizó 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal. Por las
supuestas 'tarjetas B' de Caja Madrid y Bankia sólo están imputadas tres
personas (Blesa y Rato y el exdirector general Ildefonso
Sánchez-Barcoj). El juez les atribuye a ellos el diseño de las tarjetas,
pero no a sus más de 80 usuarios.
Estas cifras proceden de un
recuento de más de 135 casos de corrupción en España --algunos de ellos
son macrocausas y otros afectan a sólo a un alcalde de una localidad--
que o bien siguen abiertos o bien se han cerrado con condenas en esta
legislatura.
Entre los más voluminosos por número de imputados
está el de los supuestos ERE irregulares andaluces, con más de 200,
aparte de la petición de imputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están aforados, por lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.
También la trama Gürtel
(con 140 imputados, a los que se suman los alrededor de 30 de su
derivada, los 'papeles de Bárcenas') y otros casos como Astapa (en el
ayuntamiento de Estepona, Málaga), el gallego Pokémon' y el Unión, de
Lanzarote, con un centenar cada uno. La trama de adjudicaciones de
basuras en Alicante, Brugal, está en el entorno de los 50, al igual que
en la operación Púnica.
En el caso Gürtel, que cumplirá seis años
el próximo febrero, sólo han sido condenados dos altos cargos del
expresidente valenciano Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor
Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que confesaron
haber recibido sobornos. Fue el llamado 'caso de los Trajes',
en el que Camps y el que fuera secretario general del PP valenciano
Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho impropio.
En
la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz tiene cerrada la instrucción de
una primera parte para juzgar a los primeros 45. En Valencia, está
cerrada la instrucción de dos de las seis piezas, con un total de 40
imputados.
En las últimas semanas también se ha cerrado la instrucción del 'caso Campeón',
--en el que la juez de Lugo quiso imputar al exministro José Blanco
pero el Supremo archivó su caso-- y ha comenzado el juicio del caso
Unión.
Sí hay sentencias condenatorias en los casos Pallerols,
Hacienda, Palau y Caixa Penedès en Cataluña, el caso Cooperación en la
Comunidad Valenciana y los casos que han afectado a los ayuntamientos de
Marbella, Plasencia y Cudillero. Asimismo, se han impuesto penas en al
menos siete casos que afectan a Baleares, una de las comunidades donde
se tramitan asuntos de corrupción de mayor peso, junto a Cataluña,
Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.
Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CiU, UM o Coalición Canaria.
Algunos de los implicados han evitado dimitir alegando que aún no había
finalizado la instrucción de la causa, pero a raíz de los resultados de
las elecciones europeas del 25 de mayo --que revelaron el auge de
Podemos-- los partidos se están viendo obligados a exigir dimisiones más
rápido.
