MADRID.- Los promotores de las iniciativas legislativas populares (ILP) que consigan ser tramitadas en las Cortes Españolas recibirán casi 328.000 euros a modo de compensación por los gastos derivados de la difusión del texto y la recogida del medio millón de firmas que se requieren para que su propuesta sea estudiada por el Parlamento.
Así figura en una resolución firmada por los presidentes del Congreso y del Senado, recogida por Europa Press, que sirve para actualizar la cuantía de esa indemnización que establece la ley que regula este tipo de iniciativas.
El artículo 15 de esa norma prevé el resarcimiento por el Estado de los gastos realizados por los promotores de las propuestas populares cuando éstas hubieren alcanzado su tramitación parlamentaria. Estos gastos debe ser justificados en forma por los impulsores del texto y compensación estatal no excederá, en ningún caso, de 300.000 euros.
Dado que la propia ley prevé que esa cantidad sea revisada anualmente por los órganos de gobierno de las Cámaras de las Cortes Generales, con arreglo a las variaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC), las Mesas del Congreso y del Senado han actualizado la cifra para dejarla en 327.894 euros hasta su próxima revisión.
En esta X Legislatura, el Congreso tiene sobre la mesa una ILP procedente de la anterior, que tras recabar 670.000 firmas llegó a ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso en la etapa de mayoría socialista; se trata de la Ley de Televisión Sin Fronteras, que tiene por objeto que las cadenas autonómicas se puedan ver en aquellas comunidades donde se comparta la misma lengua.
Además, el nuevo Congreso habrá de decidir si toma en consideración otra iniciativa legislativa popular que ya ha terminado de recoger las firmas necesarios y que busca "el empleo estable y con derechos".
En fase de recogida de firmas están otras ILP relativas a asuntos como las que buscan dar protección a la Fiesta de los Toros, la reforma del régimen de personal de la Guardia Civil, la modificación del acceso a las profesiones de abogado o procurador, y la regulación de la dación en pago para los créditos hipotecarios.
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