PALMA DE MALLORCA.- Tanto
la Fiscalía Anticorrupción como el sindicato Manos Limpias, personado
como acusación popular en el caso que investiga las actividades
presuntamente delictivas llevadas a cabo a través del Instituto Nóos,
mantienen en pie su pretensión de solicitar una fianza de
responsabilidad civil millonaria para el Duque de Palma, Iñaki
Urdangarin, independientemente de la voluntad del marido de la Infanta
Cristina que pasaría por negociar con las acusaciones de cara a obtener
futuras atenuantes y eludir así la posibilidad de ingresar en prisión.
Así lo han señalado fuentes de la causa, que han
indicado que el propósito de Urdangarin en el marco de estas pesquisas,
por el que se prestaría a reconocer los hechos indagados y a alcanzar un
acuerdo con el Ministerio Público, no paraliza de ningún modo las
diligencias a practicar en el marco de este procedimiento como tampoco
obstaculiza la intención de reclamar la caución por parte de las
acusaciones, que se mantienen a la espera de que la Agencia Tributaria
aporte un informe relativo a los ingresos percibidos por el yerno del
Rey Don Juan Carlos al frente de Nóos.
De este modo, la Fiscalía y Manos Limpias continúan estando
atentos a que sea entregado el informe solicitado por el juez instructor
del caso Palma Arena, José Castro, lo que ayudará a cuantificar el
dinero presuntamente defraudado a través de su entidad aparentemente sin
ánimo de lucro.
Aunque el Ministerio Público confía en poder analizar en próximas
semanas la documentación de Hacienda para a partir de ahí calcular la
cantidad a la que podría ascender la fianza que los fiscales pidan al
magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos
millones de euros.
Ya al término de la declaración que prestó Urdangarin ante el
titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, las acusaciones
contemplaban solicitar medidas cautelares contra el imputado si bien
varias semanas semanas después, pendientes de cuantificar la cantidad
exacta que pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que
declarasen otras personas que también habrían tenido implicación en los
hechos investigados.
Así, el sindicato Manos Limpias ya anunció que solicitaría la
imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta causa
representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha efectuado
por el momento al instructor de las pesquisas.
Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio
Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían
apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En
concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración
y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en
este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este
complejo procedimiento judicial.
Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de
urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos
con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la
entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los
servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban
trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos.
Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas
controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y
administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la
Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L.,
Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder
Management, empresas que centran el foco de atención de las
investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007
recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8
millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones
de euros.
Es más, la documentación intervenida en los registros practicados
en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta
estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a
Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad
De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura del abogado
experto en fiscalidad internacional Salvador Trinxet. Sobre este punto,
la Fiscalía identifica que se transfirieron fondos 'invisibles' o de
destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros.
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