MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros 10 diputados para que declaren como perjudicados en la causa en la que se investigan los incidentes que un grupo de indignados protagonizó el pasado 15 de junio para tratar de impedir el acceso de los electos al Parlamento catalán.
El magistrado, que mantiene imputadas a 20 personas por un delito contra altos organismos de la Nación, da la posibilidad al jefe del Ejecutivo catalán de declarar por escrito o en su despacho y cita a los otros diez parlamentarios para los días 13, 14 y 15 de diciembre.
Además de Mas, el juez quiere interrogar a Gerard María Figueres, Josep María Llop, Jordi Turull, Ana Isabel Marcos y Santi Vila (todos ellos de CiU), Montserrat Tura y Ernest Maragall (del PSC), Joan Boada y Salvador Milà (de Iniciativa per Catalunya) y Alfons López Tena (de Solitaritat Catalana).
El juez Velasco investiga los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se registraron cuando un grupo de indignados trató de "impedir la asistencia" de los parlamentarios a la sesión plenaria y "entorpecer su labor".
Antes de que comenzara el Pleno algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como Mas y la presidenta del Parlamento, Nuria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.
En un auto dictado este martes, el juez confirma la providencia que dictó el 13 de octubre pasado autorizando a los Mossos d'Esquadra para practicar una prueba pericial fisonómica a cuatro de los 20 imputados que comparecieron en la Audiencia Nacional sin que la policía autonómica hubiera conseguido entregarles la citación judicial.
El juez afirma que las seis detenciones que los Mossos realizaron el pasado 6 de octubre, cuando nueve imputados se presentaron voluntariamente en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, "en nada responden a supuestas intencionalidades políticas de exhibir contundencia y propiciar escarmientos, sino a la necesidad procesal de añadir certeza más científica a la identificación de los imputados, cuando la imputación principal descansa mayoritariamente en filmaciones".
Tras rechazar que esta decisión vulnere la intimidad y la propia imagen de los imputados, el magistrado recalca que tanto la Constitución como la jurisprudencia avala la práctica de "intervenciones de mayor entidad que la reseña fotográfica", entre los que cita "los cortes de pelo, la extracción de sangre, el test de alcoholemia o los registros anales y vaginales, para la confección de los oportunos informes periciales de ADN o médicos".
En un segundo auto, rechaza la solicitud que realizaron las defensas de 12 imputados pidiendo que la Audiencia Nacional se inhibiera del procedimiento por falta de competencia, al entender que los hechos enjuiciados no debían constituir un delito contra altos organismos de la Nación.
El juez Velasco, con el aval de la Fiscalía, destaca que el Parlamento de Cataluña es "una institución del Estado que debe entenderse entre las protegidas" como altos organismos de la Nación, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Código Penal de 1995 y "el actual mapa institucional del Estados de Autonomías español". Además, recuerda que el auto en el que se fijó la competencia de la Audiencia Nacional no fue recurrido por las defensas.
Tres de los 20 imputados declararon ante el juez que estaban el día de los hechos en los alrededores del Parlamento catalán pero aseguraron que su única intención era la de "protestar por los recortes y la política económica" aprobados por el Gobierno de Artur Mas que se iban a debatir en la sesión plenaria.
Los otros 17 se negaron a declarar en protesta por las detenciones "arbitrarias, desproporcionadas e ilegales" que, a su juicio, se produjeron cuando nueve de ellos se personaron voluntariamente en los Juzgados de Barcelona.
Durante las declaraciones se proyectaron varios vídeos que sirvieron para la identificación de las personas que presuntamente participaron en estos hechos. El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, mantiene que los imputados mantuvieron "actitudes violentas e incluso agredieron" al diputado ciego de CiU Josep María Llop, que aseguró que uno de los participantes en la protesta le zarandeó y le intentó robar su perro guía.
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