ALICANTE.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche ha pedido hoy que Caja Mediterráneo (CAM) ponga sus "viviendas vacías" a disposición de las familias que no pueden hacer frente a los pagos contraídos por sus hipotecas, mediante la fórmula del alquiler social.
Miembros de la plataforma han formulado esa demanda durante una concentración celebrada a las puertas de una sucursal de CAM en la ciudad ilicitana.
La portavoz del colectivo, Gloria Marín, ha dicho que son más de cuarenta los expedientes de ejecución hipotecaria en los que el servicio jurídico del movimiento ciudadano ilicitano ha tratado de intervenir con la presentación de documentación ante el juzgado.
Marín se ha referido al caso de una familia integrada por nueve miembros que, como consecuencia de los impagos a CAM, "se verá en la calle en un plazo aproximado de un mes".
"Se trata de un matrimonio con siete hijos menores de edad, de los que el más pequeño sufre una grave enfermedad", ha explicado tras precisar que el gabinete jurídico de la plataforma solicitó al juez el aplazamiento del desahucio previsto para hoy, que finalmente ha sido pospuesto para dentro de un mes.
"Aportamos diferentes documentos sobre la escolarización de los niños en centros educativos cercanos a la actual vivienda, así como informes médicos sobre el estado de salud del más pequeño", según Marín.
La representante del colectivo ha expuesto que "ahora es el turno de CAM, que debe conceder a la familia la fórmula del alquiler social".
También ha lamentado que esta entidad bancaria, a pesar de haber recibido "una gran inyección de dinero público, no hace nada", en su opinión, por "ayudar a los ciudadanos".
Por ello, ha exigido a CAM que ponga a disposición de las familias "necesitadas" las viviendas vacías de que dispone mediante la fórmula del alquiler social.
"La banca está hundida porque tiene muchos activos inmobiliarios que no puede vender y que han bajado de precio, pero el Estado debería mediar para que los bancos ofrezcan esas viviendas en forma de alquiler social", cuyo coste supondría entre un 20 y un 30 por ciento de los ingresos mensuales de una familia, según Marín.
En las misma línea de críticas, ha afirmado que durante los primeros nueve meses de 2011 se han contabilizado unos 8.000 desahucios en la provincia de Alicante.
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