MADRID.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado inadmitir a trámite la denuncia interpuesta este martes por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho contra el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por una supuesta apropiación indebida y estafa relacionada con los gastos de una veintena de viajes que realizó a Marbella, han informado hoy fuentes del Supremo.
El alto
tribunal ha tardado un solo día en rechazar esta acción presentada
contra su presidente y que planteaba la posible existencia de un delito
por no estar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000
euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación
con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de
este año.
La asociación de juristas Preeminencia del Derecho
planteaba en su denuncia que la investigación realizada por la Fiscalía
General sobre la actividades del presidente --que concluyó en archivo--
fue una "farsa" y una "pantomima". Solicitaba a la Sala de lo Penal del
alto tribunal una investigación "seria e imparcial" sobre la conducta de
Dívar, con el fin de depurar su responsabilidad.
El escrito
criticaba además al vocal José Manuel Gómez Benítez, responsable de la
denuncia ante la Fiscalía, por no presentar la documentación
directamente ante el alto tribunal. "Tanto le daba dirigir la denuncia a
la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del Gobierno, que a la
Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a instrucciones
gubernamentales", señalaba.
A juicio de la asociación, presidida por el abogado José Luis
Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber
incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto
malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.
"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es
propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es
decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las
obligaciones contraidas y con la ética exigible a este alto cargo
público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.
Preeminencia del Derecho cuestionaba igualmente la actuación del jefe
de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, que justificó el carácter
reservado de los viajes en la documentación remitida a la Fiscalía.
"Es decir, que el presidente del Consejo Judicial efectúa misiones
'secretas' de las que no puede desvelar detalle, algo que no tienen
ningún fundamento normativo y que es obviamente una excusa de mal
pagador", razonaban los denunciantes.
Igualmente, solicitaba
investigar al vocal designado a propuesta del PP Miguel Collado, quien
según una información de El País fue señalado por Dívar durante una
reunión como uno de los consejeros que gastan más.
Así, además
de la citación de Dívar para que aclare las circunstancias de sus
viajes, Preeminencia del Derecho pedía a la Sala de lo Penal que reclame
a la Fiscalía el expediente concreto sobre este asunto y los gastos
cargados a la cuenta del CGPJ por Collado.
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