MADRID.- El presidente del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha presentado su
dimisión del cargo, convirtiéndose en el primer presidente del Poder
Judicial que abandona su cargo, han confirmado fuentes de
este órgano.
La decisión es consecuencia de la polémica suscitada a raíz
de conocerse que su presidente, Carlos Dívar, cargó a los presupuestos
de este órgano parte del coste de una treintena de viajes que realizó en
fines de semana por valor cercano a los 28.000 euros.
Como todos esperaban, Dívar comunicó su decisión a los 20
vocales nada más comenzar el Pleno, y de ese modo hacía pública la
decisión "rotunda y contundente" que anunció el pasado sábado, cuando
quedó paralizado el Pleno en el que iba a pedirse su cese.
A partir de la publicación de la dimisión de Dívar en el
BOE, el CGPJ pasará a ser presidido en funciones por su hasta ahora
vicepresidente, Fernando de Rosa, de tendencia conservadora. En el
Tribunal Supremo el puesto de Dívar será igualmente en funciones para el
presidente de Sala más antiguo, en este caso Juan Antonio Xiol Ríos,
considerado progresista moderado.
Carlos Dívar, que cumplirá 71 años el próximo mes de
diciembre, comenzó su carrera jurídica ejerciendo como magistrado en
distintas localidades como Castuera, Durango, Orgaz y San Sebastián. En
1980 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de
la Audiencia Nacional, donde fue designado como presidente 21 años
después, en 2001.
Dívar mantuvo este cargo hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de Gobierno de los jueces en septiembre de 2008, puesto para el que fue elegido por unanimidad por los veinte vocales del CGPJ.
Dívar mantuvo este cargo hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de Gobierno de los jueces en septiembre de 2008, puesto para el que fue elegido por unanimidad por los veinte vocales del CGPJ.
Propuesto por el entonces presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, su figura fue calificada en una declaración
institucional avalada por los vocales como la "persona idónea para
generar confianza y consenso en el órgano de gobierno de los jueces".
Los vocales destacaron en aquel momento los méritos y
cualidades que concurrían en su persona, especialmente su condición de
jurista de Estado y su idoneidad para presidir el Tribunal Supremo y el
órgano de gobierno del Poder Judicial para que éstos tuvieran "eficacia"
y gozaran "del prestigio y de la credibilidad necesarios entre los
ciudadanos".
También resaltaron la capacidad de diálogo y la trayectoria
profesional "impecable" de Dívar durante sus casi 40 años de ejercicio,
caracterizados por su "independencia, prudencia, discreción y
preparación técnica", entre otros muchos elogios.
El hasta ahora presidente del Supremo sufrió en la Nochebuena
de 2003 un intento de atentado de la banda terrorista ETA que planeó
acabar con su vida durante su desplazamiento diario desde su domicilio
hasta la Audiencia Nacional. La acción fracasó debido a que su comitiva
empleó aquel día un trayecto diferente al habitual. Dívar atribuyó su
salvación "a la intercesión de la Virgen de Fátima".
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha presentado su dimisión después
de que casi 100.000 personas hayan firmado una petición en la plataforma
change.org en la que le solicitaban la adopción de esta medida.
El creador de la iniciativa, el periodista Máximo Pradera,
defiende que la responsabilidad de Dívar "no es política, como se viene
diciendo, sino deontológica", según informaron los impulsores de la
iniciativa en un comunicado, que reclamaban la dimisión para
"salvaguardar la imagen y credibilidad de los integrantes del Poder
Judicial".
La propuesta, que fue apoyada por miles de firmes a los pocos
días de lanzarse, surgió para "canalizar la indignación ciudadana frente
a estos supuestos abusos de la máxima autoridad del Poder Judicial
español". Cuando Dívar compareció en la sede del CGPJ para asegurar que
tenía la "conciencia tranquila", la plataforma entregó un total de
14.000 firmas.
"Si los ciudadanos empezamos a reclamar a los servidores
públicos que además del Código Penal, respeten los códigos
deontológicos, habremos sentado las bases de la regeneración moral de la
sociedad", explica Pradera en la petición.
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