MADRID.- Los drásticos ajustes aprobados por el Gobierno español para reducir
su elevado déficit público están provocando no sólo protestas
ciudadanas, sino todo un conato de rebelión desde algunas
administraciones regionales, que consideran que sus márgenes de
actuación ya están tensados al máximo.
Las comunidades, responsables de más de una tercera parte del
gasto total del Estado, gestionan servicios como la sanidad y la
educación, socialmente muy sensibles a cualquier recorte, y
están sufriendo para cumplir con sus ambiciosas metas de déficit,
que las obligan a pasar del 3,3 por ciento del PIB de 2011 al 1,5 por
ciento este año y el 0,7 por ciento el próximo.
En un clima de creciente malestar social, y con la amenaza de la
intervención de las cuentas regionales encima de la mesa, el presidente
catalán elevó el miércoles el tono abogando por una rebelión autonómica
ante el Gobierno central del Partido Popular que cuenta con una amplia
mayoría en el Parlamento y controla también gran parte del mapa
territorial.
El nacionalista Artur Mas escenificó su malestar pidiendo un
plante regional general por considerar un "acto de deslealtad total" los
esfuerzos exigidos por parte del Ejecutivo, mientras que Andalucía y
País Vasco, ambas gobernadas por socialistas, están estudiando presentar
un recurso de inconstitucionalidad a los recortes si ven invasión de
competencias.
Las quejas contra los nuevos ajustes se suman a la decisión del
Gobierno de no trasladar a las comunidades autónomas (CCAA) parte de la
flexibilización del déficit concedida por Bruselas a España, lo que ya
había colocado al límite la paciencia de algunas regiones.
Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está empeñado en
demostrar a sus socios europeos que puede controlar las cuentas públicas
del país, tampoco quiere señalar con el dedo a ninguna comunidad, y
está manteniendo con secretismo los nombres de aquellas que han recibido
una advertencia aún informal, que algunos sitúan en hasta 11 del total
de 17.
"Hacienda está intentando evitar la imagen de enfrentamiento
entre administraciones y está revisando las cuentas con las comunidades
que puedan estar más cerca del incumplimiento para no llegar a
procedimientos formales", dijo a Reuters el jueves una fuente del
Gobierno.
"Estamos en una fase aún muy inicial, no está corriendo ningún
plazo oficial, no hay ninguna amonestación formal, aunque eso no quita
para que, si tiene que hacerse, se haga más adelante", añadió la fuente.
En la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno se
reserva el derecho de intervenir las finanzas de las regiones que no
cumplan con los objetivos de déficit marcados y que no presenten planes
de reequilibrio para cuadrar sus cuentas, aunque después de un proceso
que cuenta con diferentes plazos.
Ejemplo de las tensiones que están generando los tiras y aflojas
entre el Gobierno central y los autonómicos fue la reunión celebrada la
semana pasada entre Hacienda y los responsables económicos de las
regiones, en la que se fijaron las metas presupuestarias para los
próximos años.
Durante la votación de esos objetivos, dos regiones gobernadas
por el PP, Extremadura y Castilla y León, rompieron filas y se
abstuvieron para mostrar su disconformidad con las cifras propuestas
para el próximo año, mientras que Cataluña, Andalucía, Asturias y
Canarias - con gobiernos socialistas y nacionalistas - votaron en
contra.
Tanto Extremadura como Castilla y León han tratado desde entonces
sin embargo de minimizar sus diferencias con Hacienda, y han asegurado
que sus Gobiernos están absolutamente comprometidos con los objetivos
fijados.
"Nos estamos dejando la piel para que esto se cumpla en tiempo y
forma", dijo el jueves a Reuters un portavoz de la consejería de
Economía y Hacienda de Extremadura.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, rechazó
ya el miércoles cualquier tipo de "plante" al Gobierno tras el órdago
lanzado por Artur Mas, y aseguró que este tipo de actuación sería
"suicida para los intereses generales de España, y para los de cada una
de sus comunidades autónomas".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también utilizó el
miércoles un tono dramático para describir la situación de las arcas
públicas, subrayando en varias ocasiones que "no hay dinero", y hablando
incluso de riesgo de impago de nóminas a empleados públicos si no se
llevaban a cabo subidas de impuestos.
Lo que parece claro es que la crisis está poniendo a prueba la
fortaleza del sistema autonómico español, creado hace más de tres
décadas y en cuyo desarrollo participó activamente a finales de 1990 el
ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando era ministro de
Administraciones Públicas.
El lehendakari Patxi López dijo esta semana que las medidas
tenían una utilidad incierta y condenaban a la población más
desprotegida "a un viaje a los infiernos", mientras que desde Andalucía,
el presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, dijo esta
semana que el Gobierno había sobrepasado el límite en la imposición a
las comunidades autónomas.
Esta escalada de la tensión política, social y económica se
produce en un momento en el que los gobernantes en Europa insisten en
que la supervivencia del proyecto común europeo pasa inevitablemente por
una creciente cesión de soberanía nacional.
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