MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado este
miércoles una moción sobre seguridad ciudadana que plantea tipificar la
violencia urbana como delito y modificar la Ley reguladora del derecho
de reunión para lograr "una mejor regulación de las medidas y servicios
de seguridad en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas".
La iniciativa, que ha logrado el apoyo del PP y fue presentada por
CiU, apuesta por establecer una tipificación específica del delito de
violencia urbana posibilitando la aplicación de la prisión provisional
como medida cautelar. Además, aboga por una nueva definición del delito
de "alteración del orden público" y del delito de atentado.
Durante el debate de esta iniciativa que tuvo lugar ayer en el
Pleno, el portavoz de Seguridad Vial de CiU en el Congreso, Jordi Jané,
explicó que la moción busca ofrecer una mejor respuesta a los supuestos
casos de violencia urbana que se producen en reuniones y
manifestaciones, y que revelan una especial peligrosidad, como por
ejemplo, la ocultación de identidad o la posesión de material de alto
riesgo o de instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones
ilegales.
También se plantea la modificación del Código Penal en cuanto a la
difusión de información, que tenga como objeto organizar y promover la
participación en acciones de alteración de orden público, y la
aplicación de penas alternativas a la privación de libertad, fomentando
los trabajos que beneficien a la comunidad.
Además, propone actualizar el catálogo de infracciones y sanciones
para adaptarlo a nuevas conductas como la ocultación del rostro o la
posesión de determinados instrumentos, la resistencia pasiva y la
desobediencia a las autoridades.
La mejora de la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad es otro de los puntos que pretende mejorar con el objetivo de
crear una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad en
las manifestaciones y concentraciones ciudadanas.
Además, insta al Gobierno a colaborar con las comunidades
autónomas para desarrollar el Registro Nacional de Faltas con la
finalidad de responder con mayor eficacia al fenómeno de la
multirreincidencia delictiva. Igualmente, promueve un acuerdo político y
social para incrementar los valores de respeto y generar una mayor
conciencia cívica en contra de la violencia urbana. "Sin seguridad
ciudadana no es posible desarrollar la vida en libertad y para ello
necesitamos un gran acuerdo", sostuvo Jané.
Por su parte, el portavoz de Interior del Grupo Popular, Conrado
Escobar, aseguró que la propuesta "refleja las medidas anunciadas por el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por el titular de la
cartera de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón", en esta materia. "Se trata
de proteger los derechos de todos", recalcó.
Para Escobar, la moción de CiU "no significa apostar por ningún
estado policial sino, todo lo contrario, aportar por un estado de
libertad".
"Entendemos que no puede existir libertad sin una adecuada
seguridad ciudadana", dijo.
Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión de Interior, Pedro José
Muñoz, advirtió de que la moción de CiU "tiene un antecedente que
recuerda al Código Penal del franquismo". Además calificó de
"absolutamente innecesaria" la modificación de "la ley que regula el
derecho de manifestación y reunión" ya que, a su juicio, "lo que
envuelve es la criminalización de aquellas personas que se manifiestas
contra medidas injustas".
Por su parte, el portavoz de Defensa de ERC en el Congreso, Joan
Tardá, reconoció no entender qué es lo que persigue CiU ni tampoco
"tanta chapucería" y "tanta inoportunidad política" y calificó de "muy
lamentable" la moción. Además, preguntó a los diputados de Convergencia
que "¿cómo pueden hacer de liebre del PP?".
El diputado del PNV Aitor Esteban se mostró "un tanto sorprendido"
con esta moción porque "al principio comenzaba en un planteamiento
razonable" que "fue inflándose". Así, mientras que apoyó la revisión del
protocolo policial, que se propongan penas alternativas a la prisión o
la interconexión de las bases de datos, defendió que la modificación de
la Ley de Reunión necesita de un "amplio consenso".
Durante su intervención, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, indicó
que la "violencia callejera y la multirreincidencia tienen un
tratamiento bien distinto desde cualquier punto de vista".
"¿Qué es lo
que se persigue?", preguntó Díez, que apuntó que, o es una "regulación
innecesaria, o no es el sitio o se está hablando de otra cosa".
"Noto
cierto tufillo de intervencionismos policial y de negación de derechos",
apostilló.
Finalmente, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA)
Ricardo Sixto, puso de relieve que el debate de la moción se produjo
"con un Congreso acordonado", lo que calificó de "aberración política".
En su opinión, una moción que liga conceptos como "carteristas" o
"ladrones de cobre con la protesta social es lamentable".
"Fíjese si es
un error político que el PP ni se la enmienda y va a votar a favor",
concluyó.
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