BARCELONA.- Un informe de la Agencia Tributaria sitúa al
secretario general de CDC, Oriol Pujol, como "colaborador necesario"
del grupo de cargos públicos y empresarios del sector de las ITV
investigados por presuntamente tratar de obtener adjudicaciones de
estaciones de manera irregular.
Según consta en el sumario del caso, dirigido por el Juzgado de
Instrucción nº9 de Barcelona y llevado a cabo por la Agencia Tributaria y
la Guardia Civil, que publican este jueves varios medios de
comunicación, Pujol es "el hombre encargado de aportar influencia
política" y de mediar para conseguir beneficios a este grupo de
empresarios.
Uno de los empresarios imputados, Sergio Alsina, y la esposa de
Pujol, habían trabajado en la misma empresa, la asesora industrial Alta
Partners, y los investigadores sospechan que ella presuntamente habría
emitido facturas falsas por conceptos genéricos ya que al dejar de ser
asalariada, empezó a hacer trabajos esporádicos para ellos.
Según los medios, el horizonte fijado por este grupo de
empresarios no es solo el negocio de las ITV sino el negocio de las
certificaciones de eficiencia energética en edificios industriales y
públicos, y luego residenciales, según se desprende de las
investigaciones.
Los imputados en este caso son el subdirector de Seguridad
Industrial, Isidre Masalles; Josep Tous --cuya designación como número
dos de la Diputación está en suspenso--, y tres empresarios del sector
de las ITV: Sergio Pastor, Sergio Alsina y Ricard Puignou.
Por el juzgado, además de estos cinco imputados, han pasado a
declarar una decena de testigos, pero en ningún caso se ha citado ni a
Oriol Pujol ni a su esposa, que no tienen ningún vínculo judicial con la
causa.
Según las pesquisas, que parten del sumario del caso Campeón en
Galicia, Josep Tous, que fue contratado a dedo por la Generalitat para
pacificar el mapa de las ITV después de que se abriera este sector a más
empresas pero el proceso se paralizara por disputas judiciales, es "la
mano ejecutora de Oriol Pujol".
Todo parte de la reforma que hizo el tripartito del mapa de las
ITV catalanas, un mercado hasta el momento dominado por dos empresas que
gestionaban 44 centros, las dos de Applus+, que lanzó dos concursos con
dos lotes y tres estaciones cada uno, ganados por Atisae e Itevelesa,
con lo que el mapa de ITV alcanza las 50 estaciones.
El primer concurso lo recurrió Certio ITV ante un juzgado
contencioso administrativo porque consideró que se ha hecho mal, ya que
algunas de las condiciones se establecieron después de que las empresas
presentaran su oferta y la sala quinta del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) paralizó este concurso
El magistrado ponente de aquél recurso fue Joaquín Ortiz,
investigado dentro de este mismo caso por reunirse en un almuerzo con
Ricard Puignou y los servicios jurídicos de la Generalitat.
Un segundo recurso, presentado por Oca, dificultó aun más que se
normalizara la situación del mapa de las ITV, este recurso, además, lo
resolvió el TSJC tumbando el decreto del tripartito que creaba un nuevo
diseño de este sector, dejándolo todo en el aire.
Es en este momento complicado cuando presuntamente estos
empresarios habrían tratado de crear una nueva sociedad mediante la
búsqueda de influencias políticas, aunque fuentes consultadas han explicado que en ningún caso se creó dicha sociedad ni se
consiguió nada.
Además, aseguran que toda la instrucción se basa en el pinchazo
telefónico a los empresarios Sergio Pastor y Sergio Alzina, pero que no
hay ninguna base sólida para imputarles de los delitos de tráfico de
influencias, falsedad documental, contra la hacienda pública y
malversación.
En dichas conversaciones aparecería Sergio Pastor jactándose de sus buenas relaciones con el alto cargo de Convergencia.
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