MADRID.- Las asociaciones de memoria histórica estiman que hay cerca de 88.000 cuerpos enterrados en cualquier cuneta de España. Una cifra a la que se suman las cerca de 20.000 víctimas del franquismo que están enterrados junto a su verdugo en el Valle de los Caídos.
"Sólo el régimen de Pol Pot en Camboya supera a España en número de desaparecidos", señaló Miguel Ángel Rodríguez Arias, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, hoy en 'Público'.
Este
jueves se celebra el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas y España tiene el dudoso honor de ser la única
democracia mundial que no ha investigado el terrorismo de Estado
una vez superada la dictadura, según Rodríguez Arias. De poco sirvieron
las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008 o
el informe de Amnistía Internacional Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España,
publicado el 9 de mayo de 2012, que insta a España a derogar la ley de
amnistía, investigar los crímenes y exhumar las fosas comunes. El Estado
español, más allá del tímido intento que supuso La Ley de Memoria
Histórica de 2007, no ha hecho nada por sacar de las cunetas a sus
desaparecidos.
Las cifras que se barajan son inexactas, se basan en teorías y en
cálculos aproximativos y siempre hablan en términos mínimos, pero son
escalofriantes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica que preside Emilio Silva calcula que 88.000 personas,
aproximadamente, continúan enterradas en fosas comunes en cualquier
rincón de España. “En casi todas las capitales de provincia hay una fosa.
Pero el número de personas que hay dentro es difícil de calcular porque
se ha destruido mucha documentación de la dictadura y porque hay casos
de personas que no han sido reclamados por familiares”, relata a Público Emilio Silva.
La cifra inicial de la que se parte es que, en 1975 cuando Franco
falleció y se inició el período de transición, las cunetas españolas
albergaban alrededor de 93.000 muertos. A esa cifra total, Emilio Silva
resta una cifra que oscila entre los 1.000 y 2.000 cuerpos que fueron
exhumados desde la transición hasta el golpe de Estado de Tejero en 1981
y otros 6.000 que han sido recuperados desde el año 2000 hasta la actualidad.
“Las
cifras que barajamos siempre se quedan cortas”, apunta José María
Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria,
que señala que siempre que se analiza a fondo cualquier provincia de
España aparece al menos una fosa de la que no había ninguna prueba
documental.
Está más claro el número de fosas comunes que se encuentran a lo largo y ancho del territorio español, en total, 2.246 señaladas en la Península, de las que prácticamente la mitad se encuentran repartidas entre Aragón (594) y Andalucía (492).
Tras estas dos comunidades, están el Principado de Asturias (320),
Castilla y León (187), Catalunya (151), Castilla-La Mancha (139), País
Vasco (92), País Valencià (85), Madrid (51), Extremadura y Galicia (46
en cada una), Navarra (16), Cantabria (7), La Rioja y Murcia (6 en cada
una), Balears (4), Canarias (2) y Ceuta y Melilla (una fosa en cada
ciudad autónoma).
Futuro incierto
El futuro de los
miles de cuerpos de asesinados durante la Guerra Civil que continúan en
las fosas comunes es aún hoy, 37 años después de la muerte de Franco,
incierto. Las reticencias de algunos sectores de la sociedad para su
apertura, el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica y
la falta de fondos ha repercutido negativamente en las investigaciones y
exhumaciones. Las asociaciones de memoria histórica siguen denunciando
el “sin sentido” que supone que sean las familias de los desaparecidos
las que tengan que promover las investigaciones y posteriores
exhumaciones.
“Los familiares no sólo tuvieron la desgracia de haber sufrido la pérdida de un ser querido y su estigmatización, sino que aún hoy tienen que hacerso cargo de las exhumaciones.
Es un sin sentido”, denuncia Emilio Silva, quien, no obstante, asegura
que a pesar de las dificultades encontradas no tienen intención de cesar
en este trabajo.
En este sentido, José María Pedreño asegura que el movimiento memorialista “no va a parar”.
“No se trata sólo de la defensa a ultranza de los derechos humanos sino
de luchar contra la impunidad. No se puede permitir que muchos
herederos de los que declararon la guerra a un sistema democrático,
eliminaron sistemáticamente a sus rivales políticos y gobernaron a base
de Consejos de Guerra, hoy estén disfrutando de muchos privilegios
económicos y políticos”, denuncia.
El Gobierno incumple sus compromisos internacionales
La
Red ciudadana de apoyo a la querella argentina (Red AQUA), en la que
están integradas más de 30 organizaciones sociales, denuncia que el
Estado español no investiga las desapariciones forzadas “incumpliendo
sus obligaciones internacionales”. En este sentido, la Red señala que ni
el Gobierno español ni la Judicatura han respondido a los
requirimientos judiciales de la Justicia argentina de “identificación de
los personajes políticos, militares policiales del periodo que va desde
el alzamiento militar-fascista hasta las primeras elecciones de 1977".
Asimismo,
la Red denuncia que el Gobierno de Rajoy, así como el de Zapatero, no
han cumplido con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de
la ONU de 2008, que instaban a España a abolir la Ley de Aministía
aprobada durante la Transición y a investigar los crímenes del
franquismo. “España, al no investigar las desapariciones forzadas, no
sólo está incumpliendo sus obligaciones internacionales sino que está
contribuyendo a que perdure el crimen como tal, y a
aumentar los daños
que las desapariciones provocan. Esto es particularmente grave:
conmemoran la lucha contra un crimen que en realidad contribuyen a
agravar”, denuncia la Red en un comunicado de prensa.
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