MADRID.- El Tribunal Constitucional ha inadmitido el
recurso de amparo presentado por el exjuez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a
11 años de inhabilitación, por autorizar las escuchas de los cabecillas
de la red "Gürtel" con sus abogados en prisión, "dada la manifiesta
inexistencia de violación" de sus derechos fundamentales.
Garzón alegaba en su recurso que el fallo del Supremo pone en peligro la
independencia judicial que garantiza la Constitución. Sostenía que la
condena del Supremo es "gravísimamente inconstitucional en términos
hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático", en cuanto que
le condena por "un delito que no existe en las leyes españolas".
En una providencia fechada el pasado 29 de octubre los magistrados Pablo Pérez Tremps, Francisco
Hernando y Francisco Pérez de los Cobos señalan que tras examinar el
recurso han acordado no admitirlo a trámite "dada la manifiesta
inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo,
violación que, de acuerdo con el
art. 44.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela".
Las actuaciones se archivarán "sin más trámite" si la Fiscalía no recurre esta decisión, añade la providencia.
Una vez rechazado este recurso, Garzón podría recurrir su condena ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una posibilidad que él
ha contemplado en diversas manifestaciones públicas.
A juicio
de Garzón la cuestión de las escuchas telefónicas está pendiente de la
aprobación de una ley que las regule, que se "ha exigido el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe".
Por ese
motivo, Garzón defenfía que el Supremo le condenó por "ir en contra" de
los criterios particulares de los magistrados del alto tribunal, hasta
el punto de que los integrantes del tribunal construyeron "a la medida"
el delito de prevaricación por el que fue condenado.
En su
opinión, su condena "supone la puerta abierta a cualquier juicio y
condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de
cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la
independencia judicial".
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