MADRID.- El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ)
ha propuesto que los secretarios judiciales asuman el trámite de
conciliación entre las entidades financieras y los deudores con el fin
de frenar los desahucios y buscar soluciones amistosas entre las partes.
El SISEJ ha emplazado a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se introduzca, "con carácter obligatorio"
y sin comportar ningún coste añadido para la ciudadanía, este trámite
de conciliación ante los secretarios judiciales en el marco de la
ejecución hipotecaria.
Esta vía podría dar lugar a soluciones amistosas como la dación en
pago, el alquiler social, la reducción de la deuda o en el importe de
las cuotas, o moratorias en el pago, que garantizarían el mantenimiento
de la vivienda y facilitarían "las condiciones para ambas partes o la entrega de la vivienda con extinción de la obligación".
El SISEJ ha expresado su "enorme preocupación" por el
"imparable" aumento de los lanzamientos de viviendas habituales y que
los secretarios judiciales observan a diario con "indignación" al ser
los responsables de la ejecución de las resoluciones de los jueces ante
el impago de las hipotecas.
"Observamos con indignación cómo familias con menores a su cargo o
personas con problemas de movilidad o salud, al tiempo que pierden su
hogar, asumen por completo el importe de una deuda generada en plena
'burbuja inmobiliaria', condenando a estos ciudadanos a una segura
exclusión social", ha destacado en un comunicado.
Los secretarios judiciales recuerdan su experiencia en actos de
conciliación tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009 y añaden que,
hoy en día, tratan de buscar, cuando la situación lo permite, soluciones
para demorar los lanzamientos y minimizar los "gravísimos perjuicios" que comportan.
Sin perjuicio de esta propuesta, el SISEJ insta a recoger también
la posibilidad de derivar a las partes a un proceso de mediación ante
especialistas en esta materia en los casos que el secretario judicial
entendiera que resulta necesario o así lo solicitaran las partes.
A su entender, estas vías deben ser garantizadas por la Administración Pública
para no agravar aún más la situación de los deudores. Entiende que esta
solución "no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes, al
compromiso social de muchos ciudadanos implicados ni a la concienciación
de entidades aisladas".
"La principal causa de oposición a este tipo de reclamaciones es
que las obligaciones deben cumplirse de la manera pactada. Esto puede valer en circunstancias ordinarias, pero ahora estamos ante una situación excepcional, y por ello reclamamos el establecimiento urgente y sin más demora de mecanismos que detengan esta sangría social, a la que los Secretarios Judiciales asistimos diariamente", remarca.
Por otra parte, la organización se muestra favorable a la
regularización de la dación en pago de manera que, al menos, pueda
extinguirse la deuda en los casos "más sangrantes", si la vivienda hipotecada es la habitual y la única del deudor y la imposibilidad de pago está acreditada y "no responde a su simple voluntad de no pagar"
Entre tanto, el SISEJ no descarta estudiar ninguna opción que, en
el marco de la legalidad, permita atenuar el daño que se causa
diariamente a cientos de ciudadanos.
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