Caceroladas contra Felipe VI durante el discurso a la nación

MADRID.- Ciudadanos de varias ciudades españolas han protestado contra el Rey Felipe VI con caceroladas desde los balcones y ventanas de sus casas durante el discurso televisado que el monarca ha dirigido este miércoles a la nación. La protesta contra el Rey ha tenido desigual seguimiento según las ciudades y los barrios.

La iniciativa se ha convocado a través de las redes sociales y cadenas de mensajes en 'WhatsApp', en la que se emplazaba a los ciudadanos a salir a los balcones para realizar una 'cacerolada por la república' y hacerlo coincidir con la emisión del mensaje del Rey a las 21.00 horas. Esta manifestación, sin embargo, ha sido menos sonora que los aplausos diarios a favor de los sanitarios y profesionales que trabajan contra la pandemia del coronavirus.
Se trata de la segunda protesta convocada por las redes sociales contra la monarquía que se ha desarrollado este miércoles. A las 12:00 horas, ciudadanos de todo el país han pedido, con otra cacerolada desde los balcones, que el Rey Juan Carlos done a la sanidad pública los 100 millones de euros que recibió, presuntamente, de comisiones de Arabia Saudí para investigar sobre la pandemia del coronavirus.
Además, se han abierto recogidas de firmas en la plataforma 'change.org' en las que se pide a Felipe VI que destine su herencia y la asignación del rey emérito a la sanidad pública.
Las protestas también han llegado a las redes sociales con la etiqueta en Twitter #CoronaCiao, en la que numerosos usuarios han mostrado su rechazo a la monarquía. Estas críticas también se han mezclados con otros comentarios en los que exclamaban mensajes de 'viva el Rey'.

 En Madrid, la cacerolada ha tenido un seguimiento desigual entre los distintos barrios y distritos de la ciudad, aunque según testigos preseniales, ha sonado con más fuerza en Vallecas, La Latina, Ciudad Lineal o Arganzuela.

Por otra parte, vecinos de los distritos de Barcelona también han protestado contra el Rey Felipe VI. Òmnium Cultural había llamado a protestar contra la "gran farsa de la monarquía española" con una cacerolada, propuesta a la que se han sumado los partidos independentistas de Cataluña, Euskadi, Galicia y Baleares.
La protesta ha contado con el apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que horas antes ha escrito en su cuenta de Twitter: “A las 21h repetimos #cacerolada y aún con más fuerza. Basta ya de #coronacorrupción, que todo el dinero vaya a la #SanidadPublica!”.
La cacerolada ha sido la segunda que se ha oído este miércoles en Barcelona, después que este mediodía se había convocado otra con la misma reivindicación, pedir que la supuesta fortuna del Rey emérito Juan Carlos I, que investiga la Fiscalía suiza, se done a la sanidad por la pandemia de coronavirus.
El ruido de esta protesta se ha podido oír en ventanas y balcones de la mayoría de los distritos de Barcelona, como la plaza Sanllehy y en otros puntos del distrito de Horta-Guinardó-, en la Sagrera (distrito de Sant Andreu), en el Raval (Ciutat Vella), Sants y Font de la Guatlla (Sants-Montjuïc), Esquerra de l’Eixample (Eixample), Poble Nou-Diagonal Mar (Sant Martí), Putxet (Sarrià Sant Gervasi) y los distritos de Les Corts y Gràcia.
También se han sumado a la cacerolada vecinos del barrio de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ciudad colindante con Barcelona.
En localidades como Sabadell, Montcada i Reixac, Mataró y Premià de Dalt (en Barcelona) también se ha hecho sentir la protesta que, en algunos casos, se ha prolongado más allá del discurso de Felipe VI.
Esta iniciativa se une a varias recogidas de firmas organizadas en la plataforma Change.org, que piden que esos fondos pasen a ser dinero público. Dos peticiones diferentes, bajo los títulos “Destinar la herencia de Felipe VI y la asignación del Rey Emérito a la Sanidad Pública” y “Felipe VI, exige a tu padre que transfiera el dinero de Suiza a Sanidad” acumulan cada una alrededor de 160.000 firmas.
Esta reivindicación, organizada de nuevo en los balcones, se ha convocado a través de mensajería instantánea y redes sociales y se inició durante esta mañana.
En informaciones publicadas el pasado fin de semana se asegura que Felipe VI es beneficiario de una sociedad “offshore” creada por el Rey Juan Carlos vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.
La Fiscalía suiza considera que 100 millones de dólares procedentes del Rey saudí Abdul Aziz Al Saud llegaron a una cuenta en Panamá de la Fundación Lucum de la mano de sus gestores en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana, presuntos testaferros del rey Juan Carlos.
Según las informaciones publicadas por algunos medios, de los 100 millones de dólares, don Juan Carlos habría transferido el equivalente a unos 65 millones de euros a Corinna Larsen.

Felipe VI, el rey más protegido de Europa

MADRID.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido contundente. Los reyes y jefes de Estado no merecen mayor protección frente a las críticas e insultos que cualquier otro ciudadano. Es más, la lógica democrática dicta que debe ser más bien al contrario: los ciudadanos (sean reyes o no) que ocupan las instituciones de todos deben estar más expuestos a la crítica, según recoge Público. 

Y la crítica política, afortunada o desafortunadamente, no siempre es correcta. A veces es agresiva. Zafia. Maleducada. Hiriente. En otras ocasiones, incluso, la crítica se manifiesta en forma de hoguera. Pero, sea como sea, es crítica política y, por tanto, se debe permitir.  A España, concretamente, el TEDH se lo ha dicho en dos ocasiones con sendas sentencias condenatorias contra el Estado. La primera en el caso de Otegi, que fue condenado por decir que el rey Juan Carlos era "el jefe de los torturadores". 

La segunda, en el caso de los dos jóvenes de Girona que quemaron una foto de los reyes Juan Carlos y Sofía durante una protesta. En las dos ocasiones la justicia europea explicó a España que la crítica política no se puede censurar con este delito. 

La misma lógica se aplica con el resto de instituciones del Estado y símbolos, tales como el himno o la bandera. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otros muchos, han señalado que los estados no deberían prohibir la crítica a las instituciones, como el Ejército o la Policía, y que deplora la existencia del delito de "difamación del Estado" o el ultraje a sus símbolos.

Todos estos delitos, sin embargo, siguen presentes en el Código Penal español. Tanto el de injurias a la Corona (con las recientes condenas a los raperos Hasel y Valtonyc) como el de injurias a las instituciones del Estado (por el que también fue condenado Hasel) o ultraje a España, por el que Santiago Espot fue sentenciado a pagar 7.200 euros euros por haber impulsado la pitada al himno de España en la final de la Copa del rey. 

La lista es aún más larga. A estas sentencias habría que añadir la condena contra El Jueves por su ya célebre portada con los entonces príncipes Felipe y Letizia, o las condenas contra el que fuera alcalde de Puerto Real por decir que al rey es “hijo de crápula” o contra el coronel Martínez-Inglés. También en los años 80 se produjeron condenas contra dos ciudadanos vascos que publicaron un artículo dudando del papel del monarca Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23-F.

¿Pero somos los únicos países europeos que ignoramos las recomendaciones del TEDH y de las organizaciones supranacionales especializadas en Derechos Humanos? ¿Es España una excepción dentro de los principales países de la Unión Europea con los que nos gusta compararnos? ¿Es España el único país que sobreprotege al jefe del Estado?

La respuesta a estas preguntas es complicada y tiene dos vertientes. Por un lado, hay que analizar los diferentes códigos penales de los países de la Unión Europea y comprobar si el delito de injurias a la Corona o a la jefatura del Estado todavía existe o si ha sido eliminado, como en el caso de Francia. 

Por otro lado, hay que analizar la parte práctica: cómo se interpreta y se aplica este delito en el resto de países.  Es decir, si es un delito activo o en desuso y si se usa para perseguir la crítica política o, por contra, solo para perseguir los ataques a la vida íntima de los jefes de Estado, sean reyes o no.

Por partes. El estudio Leyes de difamación e insultos en la región OSCE, elaborado por el Comisionado de la OSCE para la libertad de prensa y facilitado a Público por la PDLI, refleja cómo los reinos de Bélgica, Dinamarca, Suecia y Holanda, junto con el de España, mantienen en sus legislaciones el delito de lesa majestad. Sin embargo, ninguno de estos reinos tiene un nivel de condenas por delitos de lesa majestad, en los últimos años, al nivel del de España. 

"El problema en España no es la existencia del delito de injurias a la Corona en sí mismo. El problema es que se está utilizando, tal y como nos ha dicho el TEDH, para perseguir la crítica política. El delito puede existir sin contradecir las sentencias europeas si solo se utilizara para perseguir los insultos o ataques dirigidos contra la vida íntima del rey. Es decir, los reyes o jefes de Estado deben tener los mismos derechos que todos los ciudadanos a defender su honor, pero no más", explica a Público el exletrado del Constitucional Joaquín Urías

El análisis del informe de la OSCE permite concluir que España, a pesar de tener una de las penas más bajas por el delito de injurias a la Corona, es de los países de la Unión Europea, si no el que más, que más persigue y castiga por los ataques contra la jefatura del Estado. Para alcanzar esta conclusión es necesario realizar un repaso, país por país, tanto de las legislaciones vigentes como de la aplicación e interpretación del delito de lesa majestad. Este análisis se realizará en primer lugar de las monarquías y, posteriormente, de las diferentes repúblicas. 

Los reinos de Suecia y Dinamarca recogen su Código Penal penas más altas que las de España. En Suecia, este delito tiene un castigo potencial de hasta seis años de prisión. En Dinamarca, cuatro. Sin embargo, como es apreciable en el informe de la OSCE, no se ha registrado en los últimos años ningún procedimiento judicial por este delito. En el caso de Gran Bretaña, por su parte, no hay ninguna ley que proteja el honor de la Corona de manera especial y tampoco se ha registrado ningún procedimiento judicial por este delito.

Por último, quedaría por analizar el caso de los reinos de Holanda y Bélgica. Los dos recogen en su Código Penal artículos que prohíben las ofensas a la Monarquía. En el caso de Bélgica, la ofensa hacia el monarca y la familia real y el insulto público al rey está castigo con penas de seis meses a tres años de y una multa. Si el insulto se dirige a cualquier otra persona de la familia real la pena desciende de tres meses a dos años de prisión, más la correspondiente multa. 

No obstante, no se ha registrado ninguna condena en el país por este delito. Eso sí, tal y como informa Alexandre Mato en CTXT, la Casa Real belga sí acudió al Consejo de deontología periodística del país para protestar por un libro que versaba sobre presuntas infidelidades en el matrimonio real y la supuesta homosexualidad del entonces Príncipe Felipe. El Consejo resolvió que el periodista había recurrido a insinuaciones y abusado de la práctica del off the record. No hubo multa ni proceso judicial.

El caso de Holanda es diferente. Tras España, posiblemente sea el país de las democracias occidentales que más uso ha hecho de este delito, aunque la cuantía de las multas y castigos no es comparable. En 2007 un hombre sin hogar fue multado con 400 euros por decir que la reina era "una puta". Una semana después, un periodista acudió a una rueda de prensa con una camiseta que rezaba 'La reina Beatriz es una puta'. El periodista fue arrestado, aunque finalmente no fue acusado de ningún delito.

El editor de la revista Spunk, a la que pertenecía el periodista, explicó que la intención era denunciar la condena que se había producido una semana antes. El último caso de este tipo que se vivió en el reino holandés fue cuando el activista Abulkasim al-Jaberi dijo en una manifestación de 2014 lo siguiente: “¡Que se joda el Rey! ¡Que se joda la Casa Real”, tal y como recoge el informe de la OSCE. No obstante, la causa fue archivada poco tiempo después.

El análisis comparado de las legislaciones y condenas por delitos contra el honor de los monarcas, por tanto, tumba el argumento habitual de que España no se sale de la normalidad europea dictando condenas por el delito de injurias a la Corona. España, tal y como se refleja, es el país que más está condenado por este delito en las monarquías de la Unión Europea. 

"La reciente sentencia del TEDH pone en evidencia que la existencia de este tipo penal en España no es el único problema en España. También lo es cómo se está aplicando: por su uso desproporcionado (fuera de los parámetros de las Naciones Unidas) por parte de la Fiscalía y por una posterior interpretación de los tribunales ajena a los estándares internacionales de Derechos Humanos. 

Así lo entendió también el magistrado del Constitucional que emitió un voto particular en el caso de la quema de la foto de los reyes", explica a Público Yolanda Quintana, portavoz de la PDLI, que considera que el tipo penal de las injurias a la Corona es una "amenaza" tanto "real como latente" contra un derecho fundamental como es "la libertad de expresión". "Por ello pedimos que este delito sea eliminado del Código Penal esta misma legislatura", sentencia. 

Las repúblicas de nuestro entorno

La protección de los jefes de Estado no es una particularidad de las monarquías. También sucede en las repúblicas. De hecho, en nuestro entorno, los estados de Alemania, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portugal y Eslovenia mantienen una ley especial que castiga las injurias y las difamaciones contra los jefes de Estado.

La gran excepción, en este caso, sería la República de Francia, que eliminó en 2013 el artículo de la Ley sobre libertad de prensa, de 1881, que penaba las ofensas al presidente de la República con una multa máxima de 45.000 euros. 

Antes, en el año 2000, el país galo había eliminado las penas de prisión por delitos relacionados con las injurias y la difamación. Sin embargo, la eliminación de la sobreprotección del jefe del Estado no es total, ya que el presidente de la República se encuentra entre la lista de funcionarios públicos que goza de una mayor protección contra las injurias y la difamación que el resto de ciudadanos (artículo 30 y 31 de la Ley sobre Libertad de prensa de 1881).  

La última vez que el país galo vivió un caso de este tipo fue en el año 2008, tal y como muestra el informe de la OSCE facilitado por la PDLI. El militante socialista Hervé Eon fue condenado a pagar 30 euros por sostener una pancarta en la que podía leerse “Cállate, pobre cabrón”. El TEDH condenó a Francia por vulnerar la libertad de expresión de este militante socialista y la Asamblea francesa actuó rápido para eliminar de la Ley de libertad de prensa este delito. 

En Alemania, por su parte, la difamación del presidente de la República está castigado con penas de tres meses a cinco años de prisión, pero el delito está prácticamente en desuso. El informe de la OSCE recoge que los enjuiciamientos por difamación del presidente son "raros" aunque no "desconocidos". Así, también cabe destacar que para poder iniciar un procedimiento judicial por este delito es necesaria la aprobación del presidente.

La última vez que ocurrió un caso similar fue en 2011 cuando el presidente Christian Wulff otorgó permiso para que se juzgara a un bloguero que había realizado un montaje en el que la esposa del ahora expresidente aparecía realizando el saludo nazi. Finalmente, Wulff retiró el permiso y el caso fue archivado. "Entre 1990 y 2004, por ejemplo, el permiso para juzgar se otorgó en dos ocasiones", recoge el informe.

Un caso más llamativo en Alemania, aunque se sale de los márgenes de este texto, es la petición que presentó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en 2016 para que Alemania iniciara un procedimiento judicial contra el presentador de televisión y humorista Jan Böhmermann por el delito de injurias contra un jefe de Estado extranjero, un delito inexistente en España. 

Un mes después de la solicitud, Merkel anunció que autorizaba el procedimiento, aunque también anunció el procedimiento para retirar ese artículo del Código Penal. Poco tiempo después, la Fiscalía alemana anunció que archivaba la causa contra Böhmermann ya que el poema denunciado estaba protegido por "la libertad artística".

Condenas aisladas

En el caso de Italia, el artículo 278 del Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión por "ofender el honor o prestigio del presidente de Italia". Sin embargo, las condenas por este delito son más bien raras de encontrar. 

El informe de la OSCE no recoge ninguna, mientras que el periodista Pierluigi Morena, en CTXT, se hace eco de una condena a 18 meses de prisión al político de la Liga Norte Umberto Bossi por decir que Giorgio Napolitano, hoy ya expresidente de la república italiana, era un "terùn", es decir, un garrulo del sur, mientras hacía el gesto de los cuernos con la mano.

Portugal castiga el insulto o la difamación contra el presidente con la pena de tres meses de prisión o una multa, aunque si el delito se ha cometido con publicidad el castigo asciende a entre seis meses y tres años de prisión. El informe de la OSCE no recoge ninguna condena por este tipo penal, aunque sí llama poderosamente la atención el alto número de condenas por difamación de funcionarios públicos o políticos. 

Por último, cabe destacar el caso de Grecia. La república helena castiga los insultos al jefe del Estado con hasta tres meses de prisión y autoriza la incautación de publicaciones que contienen insultos al presidente de Grecia. Mientras que la difamación, el insulto y la injuria está penada en Eslovenia con un máximo de un año de prisión. El informe de la OSCE no recoge ningún caso específico de personas condenas por insultar al jefe del Estado en estos países.

‘Fariña’ se vende en el mercado de segunda mano a precios que llegan a alcanzar los 300 euros

MADRID.- El libro ‘Fariña’ se vende en plataformas y aplicaciones digitales dedicadas a la venta de segunda mano a precios que llegan a alcanzar los 300 euros. La publicación, cuyo secuestro ha sido ordenado a través de un auto por el Juzgado de Collado Villalba, se vende en estas plataformas a precios superiores a los 50 euros, aunque “aún sigue habiendo en librerías” al “precio habitual”, según han confirmado fuentes de la editorial responsable, Libros del K.O.

Estas fuentes han asegurado que ayer viernes “aún” no había llegado la orden de secuestro, por lo que el libro “se puede seguir adquiriendo” en formato físico y en formato digital. Respecto a esta última opción, han recordado que se trata de un formato que “no se agota” y que está disponible en las distintas plataformas digitales.

Desde la editorial han señalado que a raíz del auto del Juzgado han registrado un “repunte muy importante en las ventas” de libro, que se encuentra en su décima edición.

Además han explicado que del libro está publicada la décima edición, y desde que se puso a la venta la primera edición, se han vendido más de 30.000 ejemplares, contabilizados hasta hace aproximadamente un mes. La primera edición de ‘Fariña’ se publicó en septiembre de 2015.

Una condena con muchos matices

MADRID.- El arco conformado por los países en los que la fe musulmana es mayoritaria resulta demasiado amplio y diverso como para extraer unas conclusiones generales sobre su respuesta al atentado yihadista perpetrado contra la revista Charlie Hebdo en París. 

Sin embargo, sí parece posible destacar algunos elementos recurrentes en las actitudes de los líderes políticos, los medios de comunicación (muy a menudo controlados por los primeros) y el sentir general de las sociedades. La condena al ataque a la revista es prácticamente generalizada, pero también lo es la reprobación a las caricaturas que reproducen al profeta en el último número de la publicación. 

El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, sintetizó este jueves un sentimiento muy extendido: “La libertad de expresión no significa la libertad de insultar”. Significativamente, durante su gira en Asia, el papa Francisco expresó conceptos cercanos a los del dirigente turco. “Hay un límite. No se puede provocar. No se puede insultar la fe de otros. No se puede bromear con la fe de los demás”.

La crisis de Charlie Hebdo pone en evidencia pues la extrema debilidad de las voces liberales en las sociedades de tradición islámica. La esperanza suscitada en Occidente por el desarrollo de las primaveras árabes a principios de esta década encuentra en esta circunstancia la triste constatación de su fracaso. Incluso en Egipto, donde la contrarrevolución del mariscal Al Sisi ha derribado a los Hermanos Musulmanes, la dirigencia muestra extrema sensibilidad a las quejas que expresan el sentir mayoritario entre los musulmanes.

Afortunadamente, a diferencia de la crisis desatada por las viñetas publicadas por el diario danés Jyllands-Posten en 2006, de momento no se han registrado incidentes de relieve alimentados por el rechazo a la reproducción del profeta.

La periodista libanesa Diana Mukalled sostiene en la cadena Al Arabiya que el mundo árabe aún está “atrapado en tratar de resolver si el crimen [el atentado contra Charlie Hebdo] es absolutamente condenable o no”. Menciona que “a pesar de la ausencia de datos precisos sobre la opinión pública, no es difícil detectar un atrevido tono general en la cobertura de los medios, los titulares, los debates y las redes sociales que refleja una innegable tendencia a justificar y rebajar el odioso crimen”.

En definitiva, que detrás de las condenas siempre hay un “pero”.

El CGPJ multa con 1.000 euros al juez Silva por hablar del 'caso Blesa' a los medios

MADRID.- La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una multa de 1.000 euros al juez Elpidio José Silva por revelar datos conocidos en el ejercicio de su función como instructor del 'caso Blesa' ante los medios de comunicación, según informaron fuentes fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

   Esta institución ha considerado que el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha cometido una falta grave, tras estudiar la propuesta de los servicios de Inspección del Consejo del Poder Judicial de suspenderle tres meses por sus aparición mediática. La Fiscalía aumentó su petición de suspensión a cinco meses.

   Silva, que está siendo investigado por presunta prevaricación en la instrucción sobre el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se encuentra actualmente suspendido por el órgano de gobierno de los jueces.

   El Consejo le impuso el pasado julio una suspensión de cuatro meses y siete días de suspensión y una multa de 600 euros por dos faltas muy graves y una grave de retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y de consideración a sus funcionarios cometidas en otros procedimientos ajenos al caso Blesa.

Snowden espera poder salir el miércoles del aeropuerto de Moscú

MOSCÚ.- El extrabajador de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) Edward Snowden espera tener pronto, quizá el miércoles, la documentación necesaria para salir de la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional Sheremetievo de Moscú y poder así desplazarse hasta el centro de la capital Rusa, según ha explicado este lunes el abogado de Snowden Anatoli Kucherena.

   El abogado ha explicado que Snowden considera que aún no es seguro viajar a América Latina debido a la postura de Estados Unidos, que acusa al informático de un delito de espionaje. El pasado 16 de julio presentó una solicitud formal de asilo temporal a las autoridades rusas. "Debería tener este certificado dentro de poco", ha explicado Kucherena.

   Normalmente las autoridades rusas suelen tardar tres meses en tramitar una solicitud de asilo temporal, pero una respuesta provisional a la misma le podría permitir pasar el control de aduanas, ha explicado Kucherena. El abogado ha señalado que no se ha descartado que Snowden solicite la ciudadanía rusa.

   Snowden, quien reveló la existencia de un programa estadounidense de espionaje masivo de las redes de telecomunicaciones, se encuentra confinado en Moscú desde el 23 de junio debido a que Estados Unidos ha anulado su pasaporte. Desde entonces ha solicitado asilo a decenas de países y Venezuela, Bolivia y Nicaragua ya han expresado su disposición concedérselo.

Cientos de personas manifiestan su solidaridad con el informante de Wikileaks

WASHINGTON.- Cientos de personas se congregaron hoy frente al centro militar de Fort Meade (Maryland, Estados Unidos) para expresar su solidaridad con el soldado Bradley Manning, quien el lunes próximo comparecerá ante una corte marcial por entregar documentos gubernamentales al portal WikiLeaks.

"Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a Manning y en protesta por su encarcelamiento", dijo Natan Fuller, uno de los organizadores de la concentración, que reunió a personas procedentes desde Nueva York hasta Pensilvania, Connecticut y Nueva Jersey.

Manning está acusado de ayudar al enemigo y de violación de la Ley de Espionaje de 1917 y, si es declarado culpable, puede ser condenado a cadena perpetua.

En Fort Meade, a 43 kilómetros al nordeste de Washington y que alberga más de 90 organizaciones militares incluida la Agencia de Seguridad Nacional, se encuentra recluido Manning, de 25 años y acusado de la mayor revelación de documentos confidenciales (700.000) en la historia estadounidense.

Los manifestantes se congregaron frente a la entrada principal de Fort Meade, donde sólo se permite la entrada a quienes pueden demostrar su residencia en la instalación militar.

En el acto está como orador, entre otros, Daniel Ellsberg, exfuncionario del Pentágono que en 1969 copió y entregó al diario "The New York Times" documentos secretos del Gobierno de Estados Unidos sobre la guerra en Vietnam.

Otras oradoras son la coronel retirada del Ejército Ann Wright, quien renunció a su trabajo en el Departamento de Estado en protesta por la invasión estadounidense de Irak en 2003, y la parlamentaria islandesa Birtitta Jonsdottir, productora de un vídeo divulgado por WikiLeaks que muestra un ataque en Bagdad desde un helicóptero estadounidense que mató a varios civiles.

Los simpatizantes de Manning han llevado a cabo varias manifestaciones frente a Fort Meade durante los trámites previos al juicio desde noviembre de 2011.

El 21 de mayo, la juez militar Denise Lind cerró un año y medio de vistas preparatorias y fijó las reglas para el juicio, que se celebrará bajo fuertes medidas de seguridad.

Manning está acusado de "ayudar al enemigo" con sus filtraciones, las cuales ha reconocido y justificado como un medio paracambiar la injusticia de la guerra.

El soldado, analista en Irak hasta su detención en mayo de 2010, se ha declarado culpable de 10 de los 22 cargos de los que se le acusa, los menos graves, lo que en el mejor de los casos le podría suponer pasar 20 años en prisión.

La Infanta Cristina protagoniza la portada más polémica de la revista 'Mongolia'

MADRID.- La revista satírica Mongolia es conocida por sus mordaces y polémicas portadas. En su último número, la publicación se atreve con la que quizás sea su portada más atrevida hasta la fecha. Sobre una foto de la Infanta Cristina, se puede leer "Hija de Puta" debajo del nombre de la revista, escrito con la misma tipografía, según relata "Bekia".

Para curarse en salud, el rótulo viene acompañado del comentario "esto nos lo dicen mucho" señalando la polémica frase. El comprador de la revista descubre después que la portada es doble y el rótulo completo reza "Hija de Imputa", aunque el "im" queda relegado a la contraportada.
La revista asegura tener "Todos los emails de la Casa Real sobre el Caso Nóos, Urdanga, Torres, el Rey y la madre que los parió". La portada ha causado un gran revuelo en las redes sociales y muchos temen que acabe secuestrada como la ya famosa portada de El Jueves sobre los Príncipes de Asturias. Se da la casualidad que el número se publica un 3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa.

No es la primera vez que la revista Mongolia elige a la Casa Real para una de sus comentadas portadas. La publicación, que ya causó cierto revuelo cuando publicó la esquela de Mariano Rajoy, ha elegido a Juan Carlos I en al menos dos ocasiones: en su segundo número tituló en grande "El Rey podría violarte" para especificar luego que "no le pasaría nada porque el artículo 56.3 de la Constitución Española lo declara inimputable". Más recientemente pudimos ver la figura de don Juan Carlos extraida de los antiguos billetes de pesetas sobre dos tomates.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la "amiga entrañable" del Rey, también apareció en una contraportada de la revista. Bajo el título "CORONA" escrito en mayúsculas y con una O desplazada hacia arriba por un miembro viril masculino formando la palabra "CORINA", la revista se preguntaba "¿Cómo entrar en ella?".

Con la portada de la revista Mongolia de mayo muchos han recordado el caso de El Jueves de 2007. En aquella ocasión, el Juez Del Olmo ordenó el secuestro de la portada por incurrir en "delitos contra la Corona". En aquella portada aparecían caricaturizados los Príncipes Felipe y Letizia desnudos en actitud íntima haciendo referencia a la ayuda de 2.500 euros aprobada por el Gobierno de Zapatero.

El secuestro provocó una amplia difusión de aquella portada en redes sociales, logrando el efecto contrario al que pretendía el juez, que en teoría actuó de oficio sin ninguna petición de la Casa Real. Más recientemente, la Reina Sofía interpuso una querella personal contra la empresa Ashley Madison por un fotomontaje en el que aparecía con otro hombre bajo el título "por qué pasar la noche sola".

http://www.bekia.es/realeza/noticias/mongolia-hija-de-puta-infanta-cristina-protagoniza-portada-mas-polemica/

UPyD denuncia el "retroceso" por el arresto del presidente de AUME

MADRID.-   La portavoz de Defensa de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Irene Lozano, ha denunciado el "retroceso" que para los derechos y libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas supone, a su juicio, el arresto impuesto al presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, por criticar en los medios los recortes de Defensa.

   La diputada de UPyD ha criticado el "anacronismo" que supone que un militar pueda ser privado de libertad sin haber pasado ante un juez y ha insistido en que la sanción impuesta a Bravo, por unas declaraciones en julio del año pasado, va en contra de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, que garantiza su libertad de expresión.

   Por ello, el partido liderado por Rosa Díez va a presentar una batería de preguntas parlamentarias para pedir explicaciones al ministro de Defensa, Pedro Morenés, por este "atropello" y está valorando también otro tipo de "iniciativas" en apoyo al subteniente, que esta misma tarde ingresará en un establecimiento disciplinario militar en Colmenar Viejo, donde deberá permanecer un mes y un día.

   Para Lozano, la resolución que firma un general de división tiene "muchas lagunas jurídicas". "Es un retroceso sobre todo lo que se había avanzado en los últimos años para ampliar derechos y deberes de los los militares, para dar más cabida al asociacionismo militar, para cambiar las relaciones incluso dentro del Ejército y la participación de los militares en decisiones que les afectan", ha insistido.

   Además, ha denunciado la "arbitrariedad" de la norma, por la que el general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra ha impuesto un mes de arresto a Bravo, una sanción que no aplicó a otro subordinado, el jefe de la Revista Ejército, general Angel Pontijas, que perdió su puesto pero no fue arrestado por un editorial en el que criticaba al presidente de la Generalitat, Artur Mas.

   La diputada de UPyD ha criticado que el Ejército se haya apoyado para esta sanción en el Régimen Disciplinario de 1998, que considera una infracción grave hacer "reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", cuando la Ley de Derechos y Deberes de 2011 garantiza el derecho a la libertad de expresión de los militares.

   Esta ley establece que el militar tiene derecho a "comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos".

   Sin embargo, el anteproyecto del Régimen Disciplinario aprobado recientemente por el Gobierno sigue considerando una falta grave que los militares hagan "peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", así como "formularlas a través de los medios".

   Aunque UPyD sigue estudiando el texto propuesto por el Gobierno, que todavía no se ha remitido a las Cortes, asegura que la reglamentación de esta infracción ya es un motivo para "enmendar la totalidad" del reglamento.

   Además, ha criticado la actitud de PP y PSOE, que coinciden en "dejar tirado" cuando están en el Gobierno al que defienden en la oposición. Por eso, ha dicho que no le "sorprende" que los socialistas defiendan ahora a Jorge Bravo, que ya fue arrestado en otra ocasión por hacer declaraciones ante los medios, criticando la gestión del accidente del Cougar en Afganistán, y por acudir a una manifestación de guardias civiles, durante la pasada legislatura.

El Gobierno español dice que el presidente de la AUME ya debería conocer los "límites de la libertad de expresión"

MADRID.- El Gobierno considera que el presidente de la Asociación Unificada de Militares (AUME), Jorge Bravo, al que el Ejército de Tierra abrió un expediente disciplinario tras realizar en julio unas declaraciones en las que pedía que se recortase en gastos superfluos antes que en el salario de los militares, ya debería conocer "los límites a la libertad de expresión de quienes visten uniforme", después de que en 2011 fuera sancionado por su participación en una manifestación de Guardias Civiles.

   Así lo pone de manifiesto el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la pregunta registrada por UPyD en la que solicitaban al Gobierno información acerca del expediente abierto a Bravo y sobre las medidas que tendrían previsto adoptar para que no se vulnerase su derecho a la libertad de expresión.
   "En cuanto a la posible vulneración de derechos del expedientado, el artículo 12 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece como límites a la libertad de expresión de quienes visten uniforme, además de los impuestos por la seguridad y la Defensa Nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las instituciones y poderes públicos, los derivados de la disciplina" señalan.
   Asimismo, añaden que aunque será la resolución del expediente la que determine si en esta ocasión "esos límites se han trasgredido", dicho "umbral infranqueable" no debería ser desconocido por Bravo "al habérsele puesto de manifiesto en la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2011", que le sancionó por participar en la citada manifestación de Guardias Civiles.
   A este respecto, el secretario general de la AUME, Mariano Casado, ha criticado que el Gobierno haga referencia a esta sentencia, ya que cuando se emitió ni siquiera estaba en vigor la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que data del mes de julio de 2011. "Han huido por el resquicio que les quedaba para no dar una respuesta seria", ha denunciado, para añadir que "si el criterio del Ministerio es imposibilitar la libertad de expresión, esa respuesta está muy bien".
   "Desde la AUME entendemos que ese proceso es un ataque frontal al asociacionismo profesional, y desde luego, si se materializa, aquellos que están diciendo que estamos viviendo un retorno a las instituciones más oscuras del régimen disciplinario les vamos a tener que dar la razón", ha lamentado, en relación al expediente abierto este año al Suboficial, sobre el que el Ejército de Tierra debe todavía pronunciarse.
   Por otra parte, el partido liderado por Rosa Díez también criticaba en su pregunta parlamentaria el hecho de que fuera el General de división jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército el encargado de resolver el expediente, después de haber sido él mismo el que lo incoara.
   Según el Gobierno, esto "no sólo no es arbitrario, sino consustancial al ejercicio de la potestad sancionadora en el orden administrativo, donde habitualmente el órgano que ordena la apertura del procedimiento, en función de la potestad y competencia legalmente atribuida, es el que dicta resolución, salvo que por razón de la sanción que se estime procedente se encomienda su terminación a una autoridad superior".
   Asimismo, el Ejecutivo aclara que los derechos del expedientado aparecen salvaguardados "por el otorgamiento de los más amplios términos del derecho de defensa" y por la posibilidad de recurrir la sanción, en ultimo caso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
   Además, preguntado sobre si creen que "el descontento creado en las Fuerzas Armadas por los recortes del Ministerio se soluciona tomando represalias contra los militares, el Gobierno responde que en ningún caso la decisión de abrir expediente es una actuación arbitraria sino "severamente reglada", que exige "la previa existencia de una norma legal que defina las acciones punibles".
   "Cuestionar una medida prevista legalmente y sometida a la postre a la revisión de los tribunales de justicia, supone poner en entredicho el funcionamiento mismo del Estado de Derecho", agregan.

La FeSP pide a los ciudadanos que exijan medios veraces y plurales

MADRID.- Con motivo de la jornada "En pie por el periodismo" que, un año más, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha convocado hoy en todo el mundo, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) hace un llamamiento a la ciudadanía para que defienda y exija unos medios de comunicación públicos y privados que ofrezcan información veraz, plural y de calidad. 

En un comunicado de la junta ejecutiva federal de la FeSP, se dice:

"La existencia de unos medios con esas características es la única manera de que sea realidad el derecho a la información que tienen los ciudadanos, uno de los fundamentos de los sistemas democráticos.

La crisis económica mundial repercute seriamente en los medios de comunicación, lo que se traduce en que está afectando de manera muy negativa al derecho a la información de la ciudadanía. La FeSP reitera su llamamiento al Gobierno y a todas las administraciones públicas para que defiendan a los medios de comunicación y al periodismo y les pide que no adopten medidas que perjudiquen la mala situación de esas empresas y la precariedad de sus profesionales, porque eso es un ataque directo a la calidad de la democracia.

Los grandes grupos de comunicación han aprovechado el abaratamiento del despido aprobado por el Gobierno para desprenderse de buena parte de sus plantillas. Abc, El Mundo, Marca, Expansión, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y, ahora, El País, además de varios grupos regionales de comunicación y otros muchos medios, han despedido a buena parte de sus trabajadores, lo que repercute negativamente en la calidad de la información que ofrecen.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP pide al Gobierno, a las administraciones públicas, a las empresas y, de manera especial, a la ciudadanía que consideren a los medios de comunicación como lo que son: unos instrumentos indispensables para la construcción de la democracia y para el progreso de la sociedad.

Con motivo de la jornada mundial "En pie por el periodismo", la FeSP insiste en la necesidad de constituir una mesa de diálogo,integrada por el Gobierno, las asociaciones empresariales, las organizaciones profesionales de periodistas y los sindicatos, para analizar la gravísima situación por la que atraviesa este sector y buscar soluciones a la misma".

Google y Facebook rechazaron identificar a los convocantes del 25-S fuera de la Justicia

MADRID.- La Audiencia Nacional solicitó los datos personales y los dispositivos desde donde se estaban utilizando los correos electronicos habilitados para organizar la convocatoria del 25-S. Google y Facebook facilitaron a la Policía más de 50 IPs de ordenadores, es decir la clave numérica que identifica el dispositivo, además de un número de móvil asociado a uno de los correos, según revela la Cadena SER.

La investigación a la convocatoria del 25-S se judicializó el pasado 14 de agosto. El objetivo era identificar a los promotores de la protesta. Con este fin, los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, responsables de las investigaciones, solicitaron varios mandamientos judicales. El primero a Facebook para que identificara al creador del evento 'Ocupa el Congreso'. Además, los agentes señalan un video de la convocatoria con enlace a Youtube colgado el 29 de junio y detallan las principales páginas desde donde se difunde la convocatoria.

Sobre estas páginas la Policía pide al juez los mandamientos judiciales correspondientes para investigar e identificar las IPs de los dispositivos desde donde se utilizan las cuentas de correo electrónico creadas ad hoc para la convocatoria del 25-S. En concreto, info.ocupaelcongreso; contacto.ocupaelcongreso; medios.ocupaelcongreso; paseeoalcongreso.contacto, todas de Gmail por lo que se dirigen a Google Inc. El mandamiento a Facebook es similar, los agentes solicitan "todos los datos relacionados con el creador del evento 'OcupaElCongreso", concretamente el perfil, las direcciones IPs, fechas, horas de creación y los datos asociados al perfil que lo creó.

Una vez acotan los dispositivos, los agentes intentan cerrar el círculo y piden a las empresas de telecomunicaciones, según se lee en el sumario, "cuantos datos de identificación tengan en sus archivos sobre los usuarios a quienes les fueron asignadas las direccones IPs y en concreto el teléfono físico asociado para la conexión a Internet".

Ambas compañías norteamericanas facilitaron a los agentes de la brigada de Investigación Policial un listado con las IPs utilizadas desde donde se mandaron correos electrónicos, revelando 50, además de un teléfono móvil asociado a uno de los correos. Sin embargo, Google y Facebook rechazaron ir más allá, es decir, aportar nombres, apellidos y datos personales de los usuarios e instaron a la Policía a utilizar los cauces habituales. En este caso, una comisión rogatoria a través del Departamento de Justicia Norteamericano. Los departamentos de seguridad de Facebook y Google Inc recuerdan también a la Policía que para obtener esa información sobre datos personales de los usuarios de sus redes se requiere, al menos, acudir al Tratado de Asistencia Legal Mutua.
Compañías españolas.

La Policía quiso investigar e identificar a los usuarios que accedían a estas cuentas de corre, para lo que pidieron a cinco empresas proveedoras de accesoa a Internet facilitar la titularidad de las mismas. Los cinco mandamientos judiciales fueron a Vodafone, R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, Jazztel Telecom, Telefónica y Orange. Todas identifican las IP?s de los ordenadores y por el momento no han remitido las identidades de los usuarios.

La convocatoria "Ocupa el Congreso" se judicializó el pasado 14 de agosto por posibles delitos de subversión del orden Constitucional y alteración de la paz pública a raiz del primer comunicado que circulaba en Internet bajo el título 'Ocupa el Congreso'. En dicho manifiesto se instaba a un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, entre otros puntos. El evento se publicó por primera vez en Facebook el pasado 17 de junio de 2012 de forma anónima. La investigación policial la ha llevado a cabo Brigada de Información de Madrid - dedicada al seguimiento de grupos extremistas y violentos - y los agentes del Grupo de Fraudes en el Uso de las Telecomunicaciones de la Policía Nacional.

¿Cómo empezó la investigación judicial del 25-S?

Las últimas acciones legales contra el entorno de los convocantes y simpatizantes del 25-S no estaban motivadas por una escalada de tensión entre los convocantes de la protesta y la Policía sino por la propia investigación de la Audiencia Nacional. Las identificaciones en las asambleas celebradas en el retiro, las detenciones en la manifestación de los sindicatos el pasado 15 de septiembre ante el intento de desplegar una pancarta con el lema "Ocupa el Congreso" e incluso los registros policiales dentro de los autocares que trasladaban a los participantes hasta Madrid eran el resultado de la instrucción judicial contra la protesta "Rodea el Congreso". Se inició de oficio, por parte de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional. 

El pasado mes de junio y a raíz de la publicación del primer manifiesto difundido el 17 de junio bajo el nombre "Ocupa el Congreso" hecho público en Facebook. El comunicado llamaba a "permanecer en el Congreso de manera indefinida, la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente", entre otros objetivos, lo que podía suponer delitos contra la Constitución.

La denuncia por este posible delito contra las instituciones del Estado recaló en el juzgado de instrucción número 17 de Madrid el pasado mes de julio. El juzgado, con el visto bueno de la Fiscalía, rechazó abrir diligencias al considerar que la urgencia alegada por la Policía no estaba justificada. Finalmente, el juzgado número 35 abrió diligencias previas para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al tratarse del artículo 494 del Código Penal. Fue entonces cuando el atestado recabó en el juzgado de instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, a manos del magistrado Santiago Pedraz.

La instrucción de la Audiencia Nacional es la primera investigación a los miembros activos de este tipo de convocatorias y protestas basadas en la desobediencia civil. En Estados Unidos no hay precedente de instrucciones judiciales en el entorno del movimiento Occupy Wall Street, tampoco en el resto de países europeos.

Fases de la investigación

Según se desprende de la lectura del sumario, en la investigación policial y judicial al 25-S hay varias fases. En la primera la Policía se centra en identificar a los promotores de la concentración vía Internet: a través de las redes sociales, sus correos electrónicos y números de teléfono asociados a las cuentas de la convocatoria, además de intentar localizar a los grupos de apoyo de la convocatoria "Rodea el Congreso". 

En una segunda fase, a partir del 24 de agosto, los agentes mantienen la vigilancia en las redes y en cada movimiento de la convocatoria a través de Internet; ya tienen los nombres y apellidos de alguno de los promotores y centran la instrucción en seguirles e identificar a los miembros del entorno. Además, tratan de localizar a cualquier persona que quiera participar en una manifestación bajo sospecha, al poder estar incurriendo la convocatoria en un delito contra las Instituciones del Estado.

 Así lo demuestran los mandamientos a los bancos para que faciliten a la Policía el nombre y apellido de los titulares y de quienes ingresan donaciones o el precio del billete de autobús para venir desde otras provincias a Madrid. Dos días después de la firma de ese mandamiento, el juez imputó a ocho de los promotores de la convocatoria de un delito contra el Estado.

El día de la manifestación, ya legalizada por la Delegación de Gobierno, los GEO identificaron a los viajeros con controles y registros establecidos a la entrada de la capital. Según la instrucción, desplazarse a Madrid para participar en la convocatoria "Rodea el Congreso" el pasado 25-S podía suponer un delito de colaboración por participar en hechos delictivos. Los 35 detenidos vinculados con los altercados del 25-S han acabado en la Audiencia Nacional, tras la inhibición de una jueza de Madrid que entendía que sobre todos los arrestados podía haber "sospechas bastantes" de haber atentado contra las Cámaras.

La APM condena las agresiones policiales a periodistas y rechaza las restricciones al ejercicio de la profesión

MADRID.- La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha examinado los acontecimientos de los últimos días en torno a las manifestaciones desarrolladas bajo el lema “Rodea el Congreso” (días 25 y 29), y en un comunicado emitido condena las agresiones y rechaza las restricciones al ejercicio del periodismo, ya que impiden que los medios cumplan su misión de aportar a los ciudadanos todos los datos posibles que les permitan conformar su propia opinión.

Varios asociados denunciaron a la APM que en la manifestación del día 29, la policía prohibió a los medios audiovisuales instalar sus grúas y cámaras en Neptuno y les obligó a desmantelar los dispositivos que habían montado alegando "motivos de seguridad nacional". Varios medios se quejaron también a la APM de las agresiones de algunos policías hacia periodistas y reporteros gráficos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y en la estación de Atocha el pasado día 25.

La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condena estas agresiones y rechaza las restricciones al ejercicio del periodismo, ya que impiden que los medios cumplan su misión de aportar a los ciudadanos todos los datos posibles que les permitan conformar su propia opinión.

La APM considera que el hecho de que las manifestaciones no estén autorizadas no impide la colocación de dispositivos por parte de los medios, ya que el derecho de información sigue prevaleciendo en esos casos.

Consecuentemente, la APM insta al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a que eliminen las barreras al ejercicio del periodismo, faciliten el trabajo a los periodistas, garanticen su seguridad, habilitando si fuera necesario espacios en los que puedan desarrollar su tarea sin problemas, y respeten sus acreditaciones.

También recomienda a sus asociados que exhiban permanentemente la acreditación de la APM y, para mayor seguridad, que recurran a los chalecos que facilitan la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) y la ANIGP-TV (Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión).

El Barça reclama la libre expresión de sentimientos en la final de Copa

BARCELONA/MADRID.- El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha respondido este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y a su petición de que la final de Copa del Rey entre el club blaugrana y el Athletic Club se juegue "a puerta cerrada" y en otro lugar que no sea el Vicente Calderón para evitar una pitada contra el SAR el Príncipe de Asturias o el himno español, pidiendo a sus aficionados que se "expresen libremente".  

  "Este viernes tenemos una final importantísima por jugar, y me gustaría muchísimo que pasase, y pido y deseo, que todos los barcelonistas y aficionados que vayan a la final puedan expresar libremente sus sentimientos, sólo faltaría", aseguró Rosell durante la presentación de las nuevas camisetas oficiales del FC Barcelona.
Aguirre ha asegurado esta mañana que la final de la Copa del Rey "se debe suspender y celebrarse a puerta cerrada en otro lugar" ante la posibilidad de que, como ya ocurrió hace tres años en la final que jugaron los mismo equipos en Valencia, se produzca una pitada contra el Príncipe o durante la reproducción del himno de España.
   "Los ultrajes a la bandera o al himno son delito en el Código Penal. No se deben consentir y por lo tanto, mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse a puerta cerrada en otro lugar", ha manifestado en una entrevista en Onda Cero.
   En este sentido, Aguirre ha asegurado que aunque esta decisión puede causar "mucho follón", es necesaria porque este tipo de cosas "no se deben consentir". "Este es el campeonato de España. Esta Copa la entregaba el presidente de la República cuando había República, Franco cuando estaba Franco, y ahora es la Copa de su Majestad el Rey, pero es la Copa de España", ha defendido.

  La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reiterado luego que si hay equipos que no quieren jugar este campeonato "pues que no lo jueguen".

  Según Aguirre, la final de Copa del Rey, que se celebrará en el Vicente Calderón, "no puede convertirse" en un acto de "manifestación hostil hacia España y los españoles".

   "Esto es la Copa de España, pone Campeonato de España, Copa de su Majestad el Rey. Si hay equipos que no lo quieren jugar el Campeonato de España, pues que no lo jueguen, pero esto es el campeonato de España y por lo tanto me parece que lo que no puede es convertirse en un acto de manifestación hostil hacia España y los españoles. Por ello, si se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir", puntualizó Aguirre, reiterando así sus declaraciones de primera hora.

   No obstante, ha señalado que la "inmensa mayoría" de las aficiones del Athletic de Bilbao y del Barcelona "no son antiespañolas". Además ha indicado que si en un "país serio" se produce una pitada contra la bandera, el himno o el Jefe del Estado, el partido "no se debe celebrar".

   "Las aficiones del Athletic de Bilbao y del Barça, en su inmensa mayoría no son aficiones antiespañolas. Tendrán algunos que serán antiespañoles y organizarán la pitada, pero no son la mayoría. Si la pitada se produce porque no son capaces los unos, que son mayoría, de acallar a los otros", añadió.

   De este modo, ha basado sus afirmaciones en lo ocurrido durante una final en Francia, cuando el ex presidente Sarkozy dijo que si se volvía a producir una pitada mientras sonara el himno nacional se suspendía el partido.

   Aguirre ha recordado que "hace mucho tiempo se celebró una final en Francia y el entonces presidente Nicolas Sarkozy dijo que la próxima vez que se pitara la marsellesa se suspendía el partido".

 "Siempre he pensado que en un país serio, cuando se está cometiendo en el fondo un delito --está en el código penal, contra la bandera, el himno o al jefe del Estado, no se le debe pitar--, creo que el partido no se debe celebrar", concluyó.

Aunque las plataformas en favor del reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas y vascas --la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes y el colectivo vasco ESAIT-- sólo han pedido de momento a sus aficiones llenar Madrid y el estado Vicente Calderón de senyeras e ikurriñas el próximo viernes, la plataforma Catalunya Acció sí está animando a llevar a cabo una "pitada por la independencia" durante la final.   

 "Pita por la lengua pita por la libertad, pita por las elecciones, pita contra el robo y pita por el nuevo Estado catalán", es el llamamiento que el grupo independentista está haciendo a través de su página web para hacer visibles sus reivindicaciones durante el partido.

El rapero de YouTube será juzgado en Marruecos

RABAT.- El ministro marroquí de Justicia dijo que no detendría el juicio de un rapero al que se ha acusado de insultar a las autoridades en sus canciones, pese a las protestas de defensores de derechos humanos que dicen que el caso es un ataque contra la libertad de expresión.

Activistas de derechos humanos habían esperado que este tipo de procesos cesaran después de que el partido islamista moderado en la oposición, el PJD, fuera elegido para presidir el Gobierno el año pasado con una promesa de reformas. Pero su influencia en el Gobierno parece limitada por el poder del monarca y sus tribunales.

Conocido como El Haqed o "El resentido", el rapero está a la espera de juicio por un video musical colgado en YouTube que muestra una foto de un policía con cabeza de burro y una foto de sirvientes reverenciando al rey Mohamed VI.

Preguntado por el caso del rapero, el ministro de Justicia, Mustafa Ramid, dijo: "Los activistas de derechos humanos están haciendo su trabajo al demandar lo que consideran apropiado, pero no podemos renunciar a la fiscalía estatal".

"Los tribunales considerarán este caso y decidirán qué consideran apropiado, ya sea una condena o un veredicto de inocencia, y nosotros no podemos interferir en este asunto", dijo el ministro, miembro del PJD que se hizo conocido por su defensa contra las detenciones injustas.

El Haqed, cuyo nombre verdadero es Muad Belrhuat, ofende a algunos marroquíes con sus letras provocativas, especialmente en lo concerniente al monarca, una figura reverenciada en el país norteafricano.

Pero sus canciones - con títulos como "Perros del Estado" - tienen una legión de seguidores entre los muchos jóvenes desencantados por la falta de trabajo, la corrupción generalizada y la brecha entre ricos y pobres.

La audiencia contra Manning multiplica las quejas de los movimientos de protesta

WASHINGTON.- La vista preliminar contra Bradley Manning, supuesto "garganta profunda" de Wikileaks, que reunió durante seis días a un variopinto grupo de activistas, expertos y periodistas, multiplicó las quejas sobre un proceso lleno de secretos y normas estrictas.

Tras 18 meses de confinamiento, el soldado Manning pudo ver en la sobria sala del tribunal militar donde se le ha sometido a una vista preliminar un desfile de compatriotas indignados con la Casa Blanca, frustrados con el Ejército o interesados en su compleja historia.

Él hizo caso omiso al desfile de personas, sin apenas dirigirles miradas, más preocupado en escrutar a los testigos, tomar notas o susurrar a los tres miembros de su defensa.

En los recesos o los momentos en que se discutía información secreta a puerta cerrada, veteranos de la guerra de Vietnam, activistas del movimiento "Occupy" o expertos en derecho discutían sobre cómo mejorar la democracia estadounidense.

Los simpatizantes de Manning critican que el joven fue sometido a un confinamiento cruel durante casi once meses en la prisión especial de Quantico (Virginia) y recuerdan que durante la vista se pusieron dificultades para que la defensa presentara a sus testigos o profundizara en los atenuantes.

Manning, que celebró su 24 cumpleaños el sábado en la sala del tribunal militar de Fort Meade, llegaba cada día en una furgoneta negra y accedía a través de una pasarela cubierta para que interactuase lo menos posible con las menos de cuarenta personas que podían acceder a la vista.

Pese a las extremas precauciones, la audiencia para decidir si Manning se somete a una corte marcial no estuvo exenta de altercados, como cuando Daniel Ellsberg, el analista que filtró en los 70 los "Papeles del Pentágono" sobre la Guerra Vietnam, quiso dirigirse al soldado en un receso el lunes.

La media decena de soldados que controlaba que el público asistente mantuviese el orden actuó de inmediato al ver que Ellsberg intentaba tocar el hombro de Manning y arrastró al octogenario de la sala, aunque pudo volver a las siguientes sesiones.

La decena de activistas que diariamente acudieron a la vista coinciden en que el tribunal militar de la base de Fort Meade no fue flexible, pese la importancia del caso, además de restringir la labor de la prensa, que no pudo utilizar aparatos de grabación ni siquiera en la sala habilitada para su trabajo.

Tampoco se facilitaron transcripciones de lo que ahí se dijo o se cerró al ojo público parte de la vista con el argumento de que afectaban a la seguridad nacional, aunque algunos aseguraban que debido a Wikileaks queda poco que no se sepa ya.

Pese a todo, Manning escuchó impasible las quejas de su abogado defensor, David Coombs, que tras ver rechazada su petición de recusación del presidente de la audiencia, Paul Almanza, se centró en los problemas mentales de su cliente.

La defensa de Coombs durante este proceso ha querido presentar a Manning como un frágil joven con graves trastornos de personalidad, inseguridades y una homosexualidad con tintes de transexualidad vetada en la estructura castrense.

Manning, que supuestamente cometió las filtraciones a principios de 2010 cuando tenía 22 años, daba la impresión de un adolescente frágil, algo que acentuaba su baja estatura y su delgadez en contraste con sus corpulentos guardias.

Uniformado en traje de camuflaje y con gafas, Manning mantuvo la compostura los seis días de vista y tan sólo habló cuando se le preguntó si entendía los 22 cargos presentados contra él, que le pueden acarrear la cadena perpetua, y para rechazar su derecho a un alegato final.

Por contra, la Fiscalía ha presentado numerosas pruebas que vinculan el ordenador personal de Manning con servidores confidenciales y con WikiLeaks.

Tras la conclusión de la audiencia, corresponde ahora a Almanza presentar antes del 16 de enero sus recomendaciones acerca de la conveniencia o no de someter a Manning a una corte marcial.

Después del ruido, las protestas a la entrada de la gigantesca base de Fort Meade (Maryland) y las peticiones para que se le considere un héroe por revelar las injusticias cometidas por el Ejército, el soldado se encuentra ahora en la soledad de su celda, donde a buen seguro prepara el más que probable inicio de un mediático juicio castrense.

'Anonymous' amenaza con difundir datos secretos del 11-M antes de los comicios

MADRID.- Un mensaje atribuido a 'Anonymous' y difundido a través de Internet avisa a la Fiscalía de que en breve recibirá documentación reservada sobre el 11-M, que será "liberada" en los días previos a las elecciones generales del 20-N si no existiera ninguna diligencia abierta.

El mensaje difundido en varias páginas de descargas publica también un archivo con nombres y datos personales de una decena de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la unidad de elite de la Policía Nacional.

La semana pasada fueron publicados también en Internet los datos personales de una treintena de policías nacionales destinados en el servicio de escoltas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras lo que la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer la difusión de dicha información.

En ese caso, al igual que este martes, también un mensaje que llevaba la firma de la misma red de activistas comunicaba que había conseguido vulnerar las medidas de seguridad de la red corporativa de la Policía Nacional y robar información de carácter reservado, al tiempo que advertía de que en breve publicaría datos personales de agentes del GEO.

El Gobierno confirmó el "ataque" sufrido por la página de la Policía, aunque 'Anonymous' se desmarcó de la filtración y culpó a la propia Policía, a la que acusó de querer criminalizar y "demonizar" a la red de activistas.

En concreto, el archivo colgado este martes en varios sitios de descargas, incluye un listado con los nombres y apellidos de diez agentes del Grupo Especial de Operaciones, además de su DNI y su categoría.

En otro apartado, dirigido a la fiscal delegada para la lucha contra la delincuencia informática, Elvira Tejada, avisa de que en breve la Fiscalía obtendrá documentación reservada sobre los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, y advierte de que si no existiera ninguna diligencia sobre dichos documentos "serán liberados días previos al 20-N".

Según dicen, cuentan con tres documentos relacionados con los atentados de Madrid, un "dossier", un "informe versión borrador" y un "informe definitivo".

El mismo mensaje advierte también de que en breve, y según el proceso, habrá datos sobre el 'caso Faisán', que investiga el chivatazo que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión en 2006.

A partir de ahí, el documento arremete contra Rubalcaba con mensajes como "20N-No con Rubalcaba" y hace una adaptación de su lema electoral: 'Escuchar. Hacer. Explicar'. Los 'hackers' lo transforman en "Escuchar-al pueblo tu pueblo. Hacer--dimitir, jubilarte. Explicar la violencia policial, manipulación de informes y pruebas, expediente al policía que apoyo el 15M".

También utilizan una célebre frase del primer discurso de Rubalcaba como candidato socialista para, a continuación, cargar contra él: "Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives". Y añaden: "Por qué buscar enemigos tan lejos, estando tu [sic] tan cerca". El documento se despide en inglés diciendo "We are Anonymous, Anonymous are legion, we do not forget, we do not forgive, expect us", (Somos Anonymous, Anonymous son legión, no olvidamos, no perdonamos, esperadnos).