BARCELONA.- El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, ha avanzado este martes que la federación propondrá este miércoles al resto de grupos la reapertura inmediata de la ponencia conjunta para aprobar una ley catalana de transparencia y derecho a la información pública, cuyos trabajos decayeron en la anterior legislatura tras el avance electoral.
Los partidos
recuperarán los trabajos sobre esta norma para "poner al día" el
redactado que ya tenían elaborado, y confían en que una vez reabierta la
ponencia conjunta los trabajos no se dilaten demasiado.
El goteo de casos de corrupción en Cataluña y la presunta
implicación en ellos de varios responsables políticos ha empujado a los
partidos catalanes a acelerar la toma de medidas para combatir las
irregularidades, por lo que en las ruedas de prensa de este martes todos
han apostado por buscar mecanismos contra la corrupción.
Antes de la intervención de Turull, el resto de grupos habían
manifestado también la necesidad de atajar la proliferación de casos de
corrupción, recuperando los trabajos para una ley electoral propia de
Cataluña que incluya medidas para aumentar el control sobre los partidos
y los cargos electos, y celebrando una cumbre anticorrupción entre
todos los partidos.
Turull ha apostado también por constituir cuanto antes la ponencia
conjunta para una ley electoral catalana, y ha esbozado la posibilidad
de que, si no hay acuerdo sobre el sistema electoral, sí se desarrolle
por lo menos la parte referente a la creación de una administración
electoral catalana.
Esta parte, sobre la que sí se lograron consensos en la ponencia
conjunta cerrada en falso hace dos legislaturas, podría aprobarse en
como una ley a parte, y serviría para regular aspectos como el límite de
gasto electoral y aumentar la fiscalización de los partidos durante las
campañas electorales.
Los portavoces de PP y C's en el Parlament, Enric Millo y Jordi
Cañas, han reclamado este martes la comparecencia del presidente de la
Generalitat, Artur Mas, en el Parlament para dar explicaciones sobre los
casos de presunta corrupción que en los últimos meses han afectado a
CiU.
En sendas ruedas de prensa, ambos diputados han confiado en que el
resto de partidos apoyen su propuesta, y han aludido directamente a
ERC, que en la anterior legislatura evitó que Mas compareciese ante la
Cámara por el 'caso Palau'.
El portavoz del PSC en la Cámara, Maurici Lucena, ha abogado por
esperar hasta que se conozcan los detalles del caso de Lloret de Mar
antes de pedir comparecencias, y la secretaria general de ERC, Marta
Rovira, ha explicado que su formación todavía no ha decidido si apoyará o
no esa petición.
Sin embargo, la dirigente republicana ha subrayado que si
ocurriese una situación similar dentro de ERC, "suspendería de
militancia a la persona presuntamente afectada y lo apartaría de todos
sus cargos públicos", y ha remarcado la necesidad de que el proceso
soberanista abierto en Cataluña esté tutelado por personas ejemplares.
La comparecencia del presidente de la Generalitat ha sido una de
las medidas que los partidos han puesto sobre la mesa este martes, en el
que, a raíz de la 'operación Clotilde' con epicentro en Lloret de Mar
(Gerona), se ha reavivado el debate sobre la necesidad de actuar contra
la corrupción.
Los casos de presuntas irregularidades han alterado también la
constitución este martes de las comisiones parlamentarias, después de
que el diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, haya
sido nombrado vicepresidente de la comisión parlamentaria de Empresa y
Empleo.
La designación del diputado de CiU ha sido aprobada por
asentimiento con el único voto en contra del diputado de la CUP David
Fernández, aunque por la tarde, ICV-EUiA ha reconocido "el error" de no
haber votado en contra de su nombramiento.
Los grupos han defendido que la distribución de las presidencias y
vicepresidencias de comisiones se hizo hace días y sin conocer qué
candidato propondría cada partido para cada cargo, por lo que han
considerado responsabilidad de cada formación valorar si los candidatos
propuestos "son los idóneos".
Además del nombramiento de Crespo, han suscitado polémica las
designaciones del diputado del PSC, Daniel Fernández --cuyo nombre se
relacionó con el 'cas Mercurio'-- como presidente de la comisión de
Juventud, y la del diputado de CiU Ferran Falcó --imputado en el 'caso
Adigsa'-- al frente de las comisiones de la Sindicatura de Cuentas y de
Bienestar Social y Familia.
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