miércoles, 9 de enero de 2013

El detenido por querer reactivar Resistencia Galega, ante la Justicia

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interrogará este jueves, al presunto miembro de Resistencia Galega Adrián Mosquera Pazos, que fue detenido el pasado martes en una zona boscosa del municipio coruñés de Ames por querer reactivar las labores de la organización terrorista, informaron fuentes jurídicas. 

   La detención, llevada a cabo tras una operación de la Comisaría General de Información y la Jefatura Superior de Policía de Galicia, tuvo lugar sobre las 22.30 horas en un paraje que estaba siendo vigilado por las Fuerzas de Seguridad al sospechar que miembros de la organización podrían estar preparando el intercambio de armas y explosivos.
   Mosquera Pazos, militante de la Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) de 27 años de edad y natural de Ames, portaba tres artefactos explosivos en el momento de su detención. Venía siendo investigado desde septiembre pasado, cuando agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron en una operación conjunta a cuatro jóvenes vinculados a Resistencia Galega que portaban explosivos y preparaban un atentado "inminente".  
   El arrestado, que fue conducido a dependencias policiales en Santiago de Compostela, también fue detenido en 2005 en el marco de la denominada 'operación Castiñeira'. Fue acusado de asociación ilícita, daños y alteración del orden público aunque después quedó en libertad.
   Además, fue sancionado el año 2009 con el pago de 1.100 euros por cometer desórdenes graves en la vía publica, según una resolución dictada por la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra.
   En concreto, se le acusaba de incumplir la Ley Orgánica sobre la Protección de Seguridad Ciudadana mediante "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en la Ley Orgánica, Reguladora del Derecho de Reunión" y de "originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público".

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