MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz por el que rechazó investigar, por falta de competencia, las
denuncias sobre las supuestas cuentas en el extranjero de la familia del
expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y ha pedido que interrogue a la expareja de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, antes de definir qué juzgado debe asumir estas diligencias, informaron fuentes jurídicas.
El Ministerio Público ha presentado este miércoles un recurso de
apelación para que la Sala de lo Penal revise la decisión del juez
instructor, que envió las diligencias el pasado 28 de diciembre al
Juzgado nº 43 de Madrid, que dirige la juez Coro Cillán.
Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional por el financiero
Javier de la Rosa, que aseguró estar sufriendo amenazas por disponer de
información sobre el patrimonio de los Pujol, y la expareja de Pujol
Ferrusola, María Victoria Álvarez Martín. La UDEF mandó la denuncia de
De la Rosa tanto al juzgado de Madrid como a la Audiencia Nacional.
El recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que será estudiado por
la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, sin pasar por el trámite de
reforma ante el juez instructor, sostiene que antes de definirse sobre
la competencia Ruz debería tomar declaración a Álvarez Martín.
El magistrado se inhibió de estas diligencias después de que la
Fiscalía alegara la falta de relación de los hechos denunciados con los
que aparecían expuestos en una querella y una denuncia sobre estos
mismos hechos presentados anteriormente por el abogado Joaquín Yvancos y
el sindicato Manos Limpias.
La acción judicial intervenida por este colectivo se dirigía contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol;
su esposa, Marta Ferrusola; y sus hijos Jordi y Oriol por presuntos
delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones
prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias.
Además, Yvancos incluía en su querella al presidente de la Generalitat,
Artur Mas; su consejero de Interior, Felip Puig; y al empresario Carlos
Riva.
Ruz argumentaba en su auto que las declaraciones de De la Rosa,
realizadas en dependencias policiales el pasado 5 de diciembre, amplían
las que dieron origen a unas diligencias incoadas por el Juzgado nº
43 de Madrid por presuntos delitos de amenazas y coacciones, sobre los
que la Audiencia Nacional no es competente.
El magistrado también se refería a la petición realizada por la
Fiscalía Anticorrupción instando la declaración de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola,
quien denunció en dependencias policiales la existencia de viajes
realizados por éste a Andorra portando una mochila con gran cantidad de
dinero en billetes de 500 euros, así como a la realización viajes a
México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres
para invertir en una empresa de comunicaciones.
En esta última ciudad, según Álvarez, se mantuvo una reunión con
una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que,
según su exnovio, "les llevaba muchos negocios a su familia".
Esta mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol hijo realizó
viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del
Rosario.
Sobre esta declaraciones, Ruz señalaba que no aparecen acompañadas
por informe alguno de la Unidad Policial Actuante, que es la UDEF, "que tampoco ha practicado gestión alguna para verificar los extremos objeto de la declaración prestada". Añadía también que la propia Fiscalía subrayaba que Victoria Álvarez expuso ante la Policía "presuntos malos tratos físicos y psicológicos", cuya autoría atribuyó a su exnovio.
Ruz coincidía con la Fiscalía en que los datos aportados por la mujer "resultan manifiestamente insuficientes e inconcretos par iniciar una mínima investigación criminal", aunque rechazó tomarle declaración porque, en todo caso, no se trataría de delitos competencia de la Audiencia Nacional.
Los hechos, según explicaba, no son de su competencia porque no se
desprende que sean constitutivos de una defraudación "que produzca o
pueda producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico
mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una
generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
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