MADRID.- El Gobierno español, junto a bancos, organizaciones no
gubernamentales y ayuntamientos firmaron esta seman a la constitución de
un Fondo Social de Viviendas (FSV) que contará con 5.891 viviendas con
alquileres reducidos destinados a familias que hayan sido expulsadas de
sus hogares.
Las viviendas han sido aportadas por 33 entidades
financieras y se alquilarán a familias "de especial vulnerabilidad" que
hayan sufrido un desalojo hipotecario desde el primero de enero de 2008,
informó el ministerio de Economía en un comunicado.
"Podemos
discutir si las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero
sobre todo con este convenio nos ponemos en la piel de toda esa gente
que confió en su futuro, que invirtió en sacar adelante su familia y que
no le fue bien", afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Soraya
Sáenz de Santamaría, tras la firma del convenio.
Los alquileres de
las viviendas oscilarán entre los 150 y los 400 euros al mes "con un
límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad
familiar", según la misma fuente.
Cada una de las entidades
financieras que aporta las viviendas constituirá su propio fondo con las
mismas, las cuales se ofrecerán "a las familias que hayan sido
desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de
la misma entidad propietaria del fondo", según el Ministerio.
El
FSV se enmarca dentro de las medidas puestas en marcha en España con la
intención de frenar el drama de las expulsiones, después de que en
noviembre pasado el gobierno anunciara una moratoria de dos años para
los propietarios más vulnerables.
Por "razones humanitarias", las
expulsiones serán paralizadas durante dos años "para los grupos más
vulnerables", como las familias numerosas y las personas dependientes,
dijo entonces Saénz de Santamaría.
En España, las órdenes de
expulsión, tanto para pequeños propietarios como para comercios,
aumentaron un 20,6% en 2012 respecto a 2011 cuando ya era un récord,
para llegar a los 350.000 desde 2008, lo que ha llevado a una cada vez
mayor presión social contra estas expulsiones.
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