BARCELONA.- La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y
la Delincuencia Organizada ha pedido este lunes a la juez que impute al
secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta vinculación con
la supuesta trama de cargos públicos y empresarios del sector de las
ITV en Cataluña para la adjudicación irregular de estas estaciones, han
informado fuentes de la Fiscalía.
Debido a que
Pujol es diputado en el Parlament, y por tanto es aforado, la titular
del Juzgado de Instrucción nº9 de Barcelona, Silvia López Mejía, no tiene
potestad para imputarlo y deberá remitir el caso al Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) que es el competente para adoptar esta
decisión.
La Fiscalía ha pedido al juzgado de Barcelona que
eleve al TSJC una exposición razonada al entender que existen indicios e
un delito de "tráfico de influencias" y participación en la trama junto
con los otros imputados en el caso: el subdirector de Seguridad
Industrial, Isidre Masalles, Josep Tous, y tres empresarios del sector
de las ITV: Sergio Pastor, Sergio Alsina y Ricard Puignou.
La
petición de la Fiscalía ha llegado después de que un informe de la
Agencia Tributaria que forma parte del sumario situase al único hijo del
expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se ha dedicado a la
política como "colaborador necesario" de la trama de las ITV.
Según consta en el sumario, Oriol Pujol es "el hombre encargado de
aportar influencia política" y de mediar para conseguir beneficios a
este grupo de empresarios.
Alsina, y la esposa de Pujol, habían
trabajado en la misma empresa, la consultora industrial Alta Partners, y
los investigadores sospechan que ella pudo haber emitido presuntamente
facturas falsas por conceptos genéricos.
Este lunes, Oriol Pujol ha comparecido en rueda de prensa y ha vuelto a
negar cualquier implicación en la trama, y ha asegurado que si
finalmente lo imputan será la manera que tendrá para poder defenderse.
"Nadie debe estorbar al proceso histórico que ha puesto en marcha esta
formación política", ha asegurado, vinculando su posible imputación con
el proyecto soberanista de su partido, con lo que no descarta acabar
dimitiendo si lo imputan.
En julio del pasado año tras salir a
la luz el informe de Hacienda, Oriol Pujol ya había defendido su
inocencia en una comparecencia en el Parlament convocada para defender a
su vez a su partido de las acusaciones de financiación irregular a
través del Palau de la Música: "No soy ni colaborador ni necesario".
El político convergente aseguró que no había "montado" ninguna empresa
del sector de las ITV y que no tiene capacidad para responder de las
conversaciones de imputados en este caso que investiga la justicia en
las que su nombre aparezca citado.
Todo el
caso parte de la reforma que hizo el tripartito del mapa de las ITV
catalanas, un mercado hasta el momento dominado por dos empresas que
gestionaban 44 centros, las dos de Applus+, que lanzó dos concursos con
dos lotes y tres estaciones cada uno, ganados por Atisae e Itevelesa,
con lo que el mapa de ITV alcanza las 50 estaciones.
El primer
concurso lo recurrió Certio ITV ante un juzgado contencioso
administrativo porque consideró que se ha hecho mal, ya que algunas de
las condiciones se establecieron después de que las empresas presentaran
su oferta y la sala quinta del TSJC paralizó este concurso.
El
magistrado ponente de aquél recurso fue Joaquín Ortiz, investigado
dentro de este mismo caso por reunirse en un almuerzo con Ricard Puignou
y los servicios jurídicos de la Generalitat.
Un segundo
recurso, presentado por Oca, dificultó aun más que se normalizara la
situación del mapa de las ITV, este recurso, además, lo resolvió el TSJC
tumbando el decreto del tripartito que creaba un nuevo diseño de este
sector, dejándolo todo en el aire.
Es en este momento
complicado cuando presuntamente estos empresarios habrían tratado de
crear una nueva sociedad mediante la búsqueda de influencias políticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario