MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
pidió el jueves que se deje investigar a la Fiscalía Anticorrupción para
llegar "hasta el final" con los supuestos pagos irregulares en el seno
del Partido Popular, un caso que ha sacudido a la formación en el poder
en España.
"Estamos en una fase previa, conviene no sacar más
conclusiones", dijo Torres-Dulce en unas declaraciones realizadas a
periodistas tras un acto en Logroño.
"No creo que haya nadie, a estas alturas, que no desee
que estos hechos se esclarezcan (..) mientras tanto la valoración de las
pruebas las hará el Ministerio Fiscal", añadió.
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una
investigación con el objetivo de averiguar si hay indicios de la
existencia de una presunta contabilidad secreta en el seno del PP en la
que se reflejaban aportaciones de empresarios y pagos a dirigentes del
PP entre 1990 y 2008, según publicó la semana pasada el diario El País.
El presunto autor de los cuadernos manuscritos cuyas
fotocopias publicó el periódico, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas,
imputado por corrupción dentro del caso Gürtel, negó el miércoles ante
el fiscal la veracidad de esas cuentas.
Su predecesor en el cargo hasta 2008, el octogenario
Álvaro Lapuerta, que la semana pasada emitió un comunicado negando que
se hubieran producido esos pagos, hizo lo propio el jueves ante
Anticorrupción.
Una tercera persona vinculada al PP, el ex diputado
Jorge Trías, compareció ayer ante el fiscal, ante el que, según sus
palabras, cumplió con su obligación tras haber afirmado previamente que
estaba al tanto de pagos irregulares durante años a la cúpula del
partido.
El alcance del escándalo Bárcenas amenaza la
credibilidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuyo nombre
aparece en los documentos publicados como receptor de esos pagos, en un
momento en el que desde el Gobierno gestiona una profunda recesión en el
país.
Analistas políticos y expertos en corrupción dicen que
la lentitud de la justicia en España podría beneficiar a Rajoy ya que
los tribunales tardarán años en determinar si hay delitos que puedan ser
juzgados.
La propia investigación preliminar de la Fiscalía, en
la que se espera que se llame a declarar a una quincena de personas que
aparecen en las listas como donantes o receptores, podría tardar hasta
seis meses en cerrarse.
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