MOSCÚ.- Las fuerzas de seguridad rusas han mantenido
este miércoles el registro contra las sedes de diversas organizaciones
no gubernamentales, como Human Rights Watch o Transparencia
Internacional, en el marco de una oleada de inspecciones realizadas por
el Gobierno desde que aprobó una serie de normas que restringen las
actividades de varias ONG.
El Kremlin ha destacado que estas leyes son necesarias para evitar
que las organizaciones realicen tareas de espionaje para gobiernos
extranjeros. Sin embargo, las redadas de las autoridades estatales son
consideradas, por los más críticos con el presidente Vladimir Putin,
como parte de una campaña para sofocar la disidencia.
La Fiscalía General de Rusia ordenó el lunes el registro a las
oficinas de Amnistía Internacional en el país. Este miércoles, le ha
tocado el turno a los grupos HRW, Transparencia o la kazaja Agora, entre
otras, según la agencia de noticias RIA Novosti.
La subdirectora para Europa y Asia Central de HRW, Rachel Denber,
ha criticado que "la ola de inspecciones sólo puede explicarse como un
intento de crear una ambiente amenazante para las organizaciones
envueltas en la defensa" de los Derechos Humanos.
La organización Agora, que ha dado apoyo legal a activistas
políticos, ha informado de que su director, Pavel Chikov, ha sido
llamado para declarar ante la Fiscalía en Tatarstán, suroeste de Rusia.
Las autoridades han solicitado a las ONG inspeccionadas datos de
sus actividades, el registro de personal y sus cuentas. A finales del
pasado año, el Ejecutivo ruso aprobó una ley que calificaba de 'agentes
extranjeros' a las organizaciones que estuviesen financiadas desde el
exterior.
El martes, Agora informó de que en la reciente oleada de
inspecciones, las autoridades rusas han registrado dependencias de un
total de 88 organizaciones diseminadas en 24 regiones. A principios de
esta semana, se produjeron los registros en Amnistía o de la Fundación
Konrad Adenauer, lo que motivó la condena de la Unión Europea, que
criticó que sin una justificación legal clara, los registros "parecen
estar dirigidos a socavar más las actividades de la sociedad civil".
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