MADRID.- El grupo parlamentario del PP ha
propuesto modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria
extrajudicial para que el deudor pueda iniciar el proceso ante el
notario, figura que tendrá potestad para paralizarlo si el afectado ha
denunciado previamente en un juzgado la existencia de cláusulas
abusivas.
Con este cambio, que el PP ha incluido en sus enmiendas al proyecto
de ley sobre dación en pago, se permite
al deudor acceder a un procedimiento más rápido que el judicial, lo que
permitirá un ahorro en intereses de demora, y se da rango de ley a las
ejecuciones hipotecarias extrajudiciales.
En la normativa actual, cuando en un contrato hipotecario se había
pactado el procedimiento de ejecución (algo que es la práctica habitual)
sólo el acreedor tiene potestad para instar al notario a ejecutar la
hipoteca.
Tras los cambios, que previsiblemente saldrán adelante dada la
mayoría absoluta del PP, el deudor puede pedir la ejecución y la
paralización del proceso antes de que produzca el desalojo de la
vivienda siempre que haya recurrido previamente ante un juzgado que
existen cláusulas abusivas.
Además, los cambios legales en la ley de enjuiciamiento civil
propuestos en las enmiendas del PP abren la vía para que el juez
paralice los desahucios en el trámite judicial, con lo que se da
cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Desde el momento en que entre en vigor la nueva legislación, el juez,
de oficio o a petición del deudor, puede parar una ejecución
hipotecaria de forma cautelar hasta determinar si existen cláusulas
abusivas.
Si se concluye que no hay abuso, el proceso se reanudará. Si el
juzgado sentencia que es abusiva, el juez puede parar totalmente el
desahucio, mientras que si se considera abusiva pero no en un grado
suficiente para suspender el proceso, el juez podrá estipular una
compensación para deudor.
El grupo Popular ha destacado que estos cambios permitirán
"equilibrar" las posiciones entre deudor y acreedor "sin afectar a la
seguridad jurídica", al tiempo que contribuyen a mantener la cultura de
pago de la hipoteca que existe en España, según las fuentes consultadas
por Efe.
Las enmiendas del PP también amplían aspectos ya recogidos en las
presentadas el pasado mes de febrero en otro proyecto de ley sobre el
mismo asunto que tramita el Congreso (el de protección a deudores
hipotecarios).
Entre ellas, se amplía la reducción prevista en los tipos de interés
de demora (tres veces el tipo de interés legal del dinero) a los
devengados y no pagados.
Los discapacitados podrán acceder a las denominadas hipotecas
inversas (las que permiten convertir en dinero el valor patrimonial que
representa la propiedad sin perderla), posibilidad abierta hasta ahora
sólo a los mayores de 65 años.
Asimismo, amplían todos los umbrales para poder acogerse al Código de
Buenas Prácticas de la banca, incluyen a los avalistas entre el
colectivo de beneficiarios y elevan de tres a cuatro veces el IPREM
(1.597,53 euros brutos mensuales) el baremo que da derecho a ser
considerado en umbral de exclusión.
El texto recoge también la obligación de que el deudor haga constar
por escrito que comprende el funcionamiento y alcance de las cláusulas
complejas, tales como las suelo y techo, los tipos de interés asociados a
derivados, las hipotecas multidivisas; y fija en tres el número de
impagos de la cuota para iniciar la ejecución (ahora es uno).
Las enmiendas a este proyecto de ley se fusionarán con las del
proyecto de protección a deudores hipotecarios, con lo que la nueva
normativa previsiblemente se aprobará en la segunda quincena de mayo,
indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.
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