GRANADA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha abierto diligencias por un presunto delito de usurpación
contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla),
Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la
finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada
Militar del ejército.
En este sentido, fuentes judiciales han
informado que ha sido el magistrado del Alto Tribunal
andaluz Jerónimo Garvín el encargado de abrir las diligencias por dicho
presunto delito de usurpación contra el parlamentario de IU, al que ha
citado a declarar como imputado el próximo día 4 de abril.
La
causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes y simpatizantes del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre los que se encuentra su
secretario general, Diego Cañamero, la llevaba el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n 2 de Osuna, pero éste se ha inhibido en
favor del TSJA dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda,
han añadido las fuentes.
El Juzgado de Osuna que llevaba la
instrucción del caso ya llamó a declarar el pasado mes de noviembre a
gran parte de los simpatizantes del SAT, quienes se negaron a declarar,
así como al propio Diego Cañamero, que no obstante desoyó la citación y
no compareció después de haberse declarado "insumiso" judicial, lo cual,
como viene sosteniendo, "no es un empeño ni una chulería", sino un acto
de "protesta".
Los 53
militantes del SAT denunciados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan
Manuel Sánchez Gordillo, ocuparon la finca de Las Turquillas el pasado
día 24 de julio y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron
desalojados del lugar.
El SAT ya apuntó que la finca,
dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa
mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para
la Yeguada. Por ello, pidió que "las tierras públicas pasen a concurso
para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en
desuso".
Hay que recordar que, por medio de un auto conocido
el pasado mes de febrero, el TSJA archivó una causa abierta contra
Sánchez Gordillo a raíz de su actuación como piquete informativo durante
la huelga general del día 29 de marzo de 2012, mientras que, en
relación también a su actuación como piquete, derivó una segunda causa
al Juzgado de Estepa por la posible existencia de una infracción penal
calificada como falta de amenazas leves, para cuyo conocimiento no es
competente el TSJA.
La
primera de las causas, que fue archivada, se refería a la actuación como
piquete del parlamentario andaluz en un instituto de educación
secundaria de El Rubio (Sevilla), mientras que la segunda causa,
derivada al Juzgado de Estepa, era la relativa a su actuación también
como piquete en un supermercado, una oficina de la Diputación de
Sevilla, una oficina de empleo, una finca y una tienda de Estepa
Exceptuando el caso del supermercado, el TSJA asevera que "no es
constitutivo de infracción penal afear la conducta a quienes no secundan
la huelga ni acudir en masa a los establecimientos abiertos al público
sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física, con la
finalidad de provocar que los responsables tomen la decisión de cerrar
el establecimiento, a menos que, manifestada por éstos la decisión de
mantenerse en el puesto de trabajo, el piquete lo impida físicamente o
mediante amenazas verosímiles".
Añade que en los "incidentes"
reseñados --y siempre exceptuando el caso del supermercado-- "sólo se
advierte la existencia de conversaciones, acompañadas de la presión
ambiental típica de un piquete de huelga".
"Más dudas" le suscita al TSJA el caso del supermercado, donde los
piquetes se dirigieron y, a su entrada y en presencia de la Guardia
Civil, Sánchez Gordillo se entrevistó con el responsable y le instó a
cerrar, "previniéndole de que no lo abriera cuando el piquete se
marchase", no obstante lo cual el responsable se negó a ello.
Entonces, Sánchez Gordillo le dijo "como vengamos y esto esté abierto,
entramos dentro, esté la Guardia o no esté la Guardia... y además mañana
hay huelga general, y pasado, y nosotros estamos organizados, como
sindicato... es decir, si no hacéis casos y ahora cerráis, y dentro de
media hora tenemos que venir otra vez, mañana, pasado y el otro podemos
venir 500 y hacer lo que pensamos hacer. Y es que te tiramos todo lo que
hay ahí, porque tiramos todo al suelo y va a tener que poner aquí a
trabajar 20 días a la gente... me has entendido, ¿no?".
Pese a
que un testigo y un guardia civil manifestaron que Sánchez Gordillo dijo
que si volvía a abrir el establecimiento volverían a "comprar sin
dinero", el TSJA señala que la grabación efectuada con videocámara por
la Guardia Civil "demuestra sin lugar a dudas que tal manifestación no
fue hecha" por el denunciado al responsable del supermercado, "si bien
es cierto que, en el exterior del mismo, cuando la conversación de ambos
ya había terminado, Sánchez Gordillo sí hizo alusión a esa posibilidad"
en palabras al piquete.
Sobre este caso, el TSJA concluye que Sánchez Gordillo "quiso forzar la
decisión" del responsable de mantener cerrado el local, "advirtiéndole
de manera creíble y verosímil de que, de no hacerlo, en los días
siguiente acudirían y causarían desórdenes".
"Ello comporta la
amenaza de la producción de daños con cierta significación económica
que sí roza el límite de lo admisible en el contexto de un piquete de
huelga", una conducta que "podría constituir todo lo más una falta de
amenazas" pero no un delito, ya que, entro otros aspectos, "el daño con
que amenazaba, aún siendo verosímil, resulta de escasa incidencia para
un establecimiento con un importante volumen de negocio".
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