MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
señala en su Informe Anual 2012 que existen muchas viviendas de
protección pública (VPO) vacías que podrían ser utilizadas por familias
que han sido desahuciadas, y añade que para ello habría que diversificar
las fórmulas de cesión que actualmente contemplan las administraciones.
Con este ánimo, Becerril avanza que la institución está
investigando de oficio con las comunidades autónomas y con las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, así como con 10 municipios de más de
350.000 habitantes, para conocer con detalle la situación de ese
"importante" número de viviendas que no han sido adjudicadas.
Con la información que se está recopilando, la Defensora del
Pueblo está preparando un informe monográfico, que previsiblemente será
presentado a las Cortes Generales "en los primeros meses de 2013".
En este informe se tratarán de exponer las causas de por qué esas
viviendas se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para
ponerlas en uso, y se realizarán recomendaciones para fomentar el
mercado del alquiler para las viviendas pública y para fomentar que las
administraciones "flexibilicen" los requisitos de acceso a las mismas,
de modo que pueda ampliarse el número de beneficiarios.
En el Informe Anual 2012, Becerril trata de dejar claro que la
situación de muchas familias que no cuentan con un hogar exige una
respuesta rápida.
Así, la institución constata un cambio en el perfil de las
personas que acaban ocupando una vivienda, "pues comienzan a aparecer
familias estructurales que han sido desalojadas por el impago de
hipotecas o alquileres".
Asimismo, atestigua que "se ha recibido un número considerable de
quejas de familias, otrora con una situación normalizada, afectadas por
el desempleo de varios de sus miembros, que tras ser desahuciadas se ven
abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos
económicos y con hijos a cargo".
Además, aunque señala que en el caso de familias que ya habitan en
un vivienda de protección, las administraciones "no hacen un uso
extensivo de los desahucios", recuerda que en este segmento también se
producen estos procesos y que ello implica también "considerables
esfuerzos e incluso perjuicios económicos para la Administración".
Entre ellos, Becerril menciona los costes del procedimiento, la
obligación de arreglar en un tiempo prudencial la vivienda desalojada y
el asumir los gastos comunitarios de estos inmuebles que permanecen
vacíos.
En este sentido, la Defensora del Pueblo abunda en que "el gran
número de viviendas que se encuentran vacías pertenecientes a entidades
financieras y a las administraciones públicas hace difícil justificar
ante los ciudadanos, que muchas veces están viviendo situaciones
límites, que no puedan tener acceso a una vivienda con una premura
acorde con sus necesidades".
Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha venido observando un
incremento de las renuncias de las viviendas con algún tipo de
protección pública por parte de los adjudicatarios, derivadas de la
supresión de ayudas a la compra, la denegación de préstamos por parte de
la banca, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la
unidad familiar o la pérdida de ingresos por el desempleo.
"Ésta es una realidad que necesariamente debe tomarse en
consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de
vivienda", señala Becerril.
Ahora bien, recuerda que ante esta situación transmitió una
recomendación a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
del Ministerio de Fomento para que adoptase las medidas necesarias para
que en la concesión de los préstamos cualificados no se apliquen
criterios estrictamente bancarios, sino aquellos encaminados a facilitar
el acceso a un "bien social básico". Según apunta, hasta la fecha de
elaboración del informe aún no había obtenido respuesta por parte de
Fomento.
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