MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha
anunciado hoy que se ha creado ya un grupo de trabajo para poner en
marcha las reformas legales contra para prevenir la corrupción que se
aprobaron tras el debate del estado de la nación.
Sáenz de Santamaría explicó, al ser preguntada si el Gobierno no
teme un estallido social por los casos de corrupción política que van
apareciendo, que ya se ha constituído un grupo de trabajo presidido por
el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, al que también
asisten los subsecretarios de Presidencia, del Ministerio del Interior,
del Ministerio de Justicia y de Hacienda.
Precisó que este grupo está encargado de "poner en marcha" las
distintas normas legales que se pactaron en las propuestas de resolución
realizadas por los grupos tras el debate del estado de la nación. Se
refirió en concreto a la Ley de Control económico financiero de los
partidos políticos y a las leyes orgánicas económicas reguladoras del
ejercicio de funciones públicas y afirmó que el objetivo de este grupo
es ponerlas en marcha "a la mayor brevedad posible".
Además, afirmó que el Gobierno también está entablado contactos
con el Consejo de Estado para que estudie los aspectos que requieran un
análisis más profundo y el Ejecutivo pueda tener el "asesoramiento de
ese Consejo", ya que puede presentar informes y luego serán examinados
por el Gobierno antes de la elaboración de las leyes.
La vicepresidenta señaló que "la mejor forma de reaccionar ante la
corrupción" es que los tribunales y la fiscalía "actúen" y añadió que
estaba "convencida" de que esto es lo que "quieren y valoran" los
ciudadanos.
Y expuso que, por la parte que compete al Gobierno, lo que debe
hacer es dar a Fiscalía y Tribunales los "instrumentos, especialmente
legales, para que puedan perseguirse o prevenirse ese tipo de
conductas".
"El Gobierno está en eso", apostilló y añadió que "después
del debate del Estado de la nación y después de haber obtenido un apoyo
muy amplio, el Grupo Popular en sus propuestas de resolución, el
Gobierno tiene el encargo parlamentario de poner en marcha una serie de
leyes".
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