MADRID.- Alrededor de 430 familias españolas desahuciadas han solicitado el alquiler
de una de las 5.891 viviendas del fondo social impulsado por el Gobierno
y con un precio máximo de 400 euros, tras finalizar el 31 de marzo el
primer plazo para presentar solicitudes, según han informado fuentes del Ministerio de Economía.
El fondo social, creado para dar una salida a aquellas familias
desahuciadas tras un proceso de ejecución desde el 1 de enero de 2008,
facilita contratos de alquiler de una duración de dos años prorrogable
uno más.
"Es una primera cifra que irá aumentando en los próximos meses a
medida que vaya siendo mayor el conocimiento del público", han explicado
desde el departamento dirigido por Luis de Guindos sobre el saldo de
este primer plazo.
En este sentido, las fuentes han subrayado que es "importante" la
colaboración de todos los sectores implicados, sobre todo, de los
ayuntamientos. El Gobierno impulsó el fondo social a través de un
convenio suscrito por los Ministerios de Economía, Fomento y Sanidad,
por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), por la Plataforma
del Tercer Sector y por 33 entidades financieras.
Desde Economía han señalado que el objetivo pasa por que las cerca
de 6.000 viviendas en disposición de ser alquiladas se ocupen y así se
logre paliar el problema de los desahucios. "Durante todo el proceso se
va a ser flexible respecto de los requisitos y plazos para incorporar a
todas las personas y familias que deban ser protegidas", han explicado.
El próximo 15 de mayo termina el plazo de celebración de contratos
relativos a las viviendas que durante este primer periodo hayan sido
adjudicadas.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto de manera
continua y cada mes y medio se valoran las solicitudes presentadas. Está
previsto que, al menos, se puedan presentar solicitudes durante dos
años desde la creación del fondo el pasado 17 de enero.
El procedimiento de solicitud de una alquiler de una de estas
viviendas, que se prolongará durante un máximo de mes y medio, se inicia
cuando la persona desahuciada acude a la entidad de crédito que ejecutó
su hipoteca y presenta un formato de solicitud en el que declara y
acredita que cumple los requisitos socioeconómicos.
Tras la valoración preliminar de la entidad de que se cumplen
dichos requerimientos, ésta informa al Ayuntamiento correspondiente para
que sus servicios sociales estudien la solicitud. Finalmente, se
procede a la adjudicación de la vivienda y a la firma del contrato de
arrendamiento.
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