BRUSELAS.- Los eurodiputados del PP se han enfrentado
este miércoles, durante la reunión de la comisión de Peticiones de la
Eurocámara, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a su
portavoz, Ada Colau, a la que han acusado de "acoso e intimidación" por
los escraches, y han defendido las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy
para paliar los desahucios.
Tras el debate, la comisión de Peticiones ha decidido mantener
abierta la queja de la PAH, que reclama la dación en pago y una
moratoria sobre los desahucios, y seguir de cerca los trabajos para
completar la nueva directiva europea sobre hipotecas, según ha dicho su
presidente en funciones, Willy Meyer. Por su parte, la Comisión ha dicho
que la regulación de la dación en pago es competencia de los Estados
miembros y no de la UE.
"Aquí tienen una ocasión para demostrar que Europa sirve para
algo. Europa no puede dar la espalda a los ciudadanos que están
sufriendo violaciones de derechos humanos", ha dicho Colau a los
eurodiputados, a los que ha pedido que envíen una misión a España para
conocer el problema de primera mano.
Sólo en 2012 se produjeron en España 40.000 desalojos de primeras
viviendas lo que, según ha dicho, constituye "una anomalía absoluta en
el contexto europeo" y responde a una "mala praxis bancaria" que incluye
"estafas, clausulas abusivas y coacciones y amenazas" por parte de las
entidades. Las familias afectadas, ha proseguido, viven en una
"situación límite", que se ha traducido en "suicidios directamente
vinculados a esos desalojos".
En su opinión, las medidas antidesahucios aprobadas por el
Congreso con el único apoyo del PP no recogen "los mínimos" que
reclamaba la iniciativa legislativa popular por la dación en pago y "no
resuelven el problema". Y ha acusado al Gobierno de "criminalizar" a los
ciudadanos que participan en escraches, que según ha subrayado no
tienen carácter violento.
"Se nos llama terroristas y nazis desde el Gobierno, se nos ponen multas de miles y miles de euros", ha resaltado.
La réplica se la ha dado el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz,
que ha acusado a Colau de "estar detrás de los escraches", a los que ha
tachado de "acoso e intimidación".
"He vivido y vivo con el acoso y la
amenaza. En 1996 tuve el primer escrache en mi casa y además lo denuncié
y lo gané en los juzgados", ha señalado en referencia al ex dirigente
de Herri Batasuna, Koldo Celestino.
"Como ellos, ustedes están cometiendo un error. Están
intentando socializar el dolor de lo que ustedes representan, intentando
que ese dolor angustie a otros y a sus familiares", ha sostenido. "Al
PP, lejos de intimidarnos, esas actuaciones suyas de los escraches nos
dan fuerza para seguir defendiendo nuestros ideales", ha agregado
Iturgaiz.
"Nos han dicho que no representamos a la ciudadanía y nos han
señalado, no en nuestro discurso público, sino en nuestras casas, y eso
es todo menos democrático", ha dicho el eurodiputado del PP Juan Andrés
Naranjo.
Por su parte, el parlamentario popular Pablo Zalba ha asegurado
que "no hay ninguna sola incongruencia, ni una sola discrepancia" entre
las medidas del Gobierno español para paliar los desahucios y la nueva
directiva de la UE sobre créditos hipotecarios que fue acordada el lunes
y cuyo ponente es el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo.
"Por eso no entiendo que la señora Colau diga que es una anomalía
en el contexto europeo", ha dicho Zalba. "Algo estará haciendo bien el
Gobierno español cuando está en línea con lo que ha hecho este
Parlamento", ha apuntado.
Sánchez Presedo le ha contestado que la nueva directiva europea
obligara a España a "adoptar nuevas iniciativas" para paliar los
desahucios, y ha resaltado que su grupo apoyaba la iniciativa
legislativa popular, aunque a su juicio "la dación en pago es una
solución pero no una panacea".
El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva, ha
criticado a Iturgaiz por comparar los escraches con el terrorismo y ha
pedido al Gobierno que atienda a la "mayoría ciudadana" que apoya la
dación en pago y la paralización de los desahucios. Y la representante
del BNG, Ana Miranda, ha reclamado "no criminalizar" a los
representantes de la Plataforma.
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