MADRID.- Una protesta realizada a primera hora de este jueves por miembros de
Greenpeace en el Congreso de los Diputados se ha saldado con el arresto
por parte de la Policía Nacional de los ocho activistas de la
organización que han participado en la acción, han confirmado fuentes policiales.
Tras una rápida intervención, los
agentes lograron neutralizar a todos los activistas, a los que
retuvieron en la plaza de las Cortes y les pidieron la documentación.
Posteriormente, fueron detenidos y trasladados a las dependencias
policiales de Moratalaz, según las mismas fuentes consultadas.
Los activistas de Greenpeace, que iban vestidos con monos naranjas, se
habían encaramado al tejado del Congreso de los Diputados para protestar
contra la Ley de Costas y llegaron a mostrar una pancarta en la que se
podía leer 'El PP vende nuestras costas', pero fueron desalojados
rápidamente por la Policía.
Minutos antes de que esto
sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al
perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que
se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta
principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a
subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro.
Los
agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de la valla, pero al
menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y
llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que
hay en torno al mismo por las citadas obras.
Tras mostrar la
pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse
con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.
A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la
estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección
ambiental de la costa y ahondar en su privatización.
Es más, el
grupo ecologista sostiene que la desprotección ha ido acompañada de
grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde
el comienzo de la reforma.
En su opinión, ésta podría favorecer
intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han
quedado recogidos en el informe 'Amnistía a la Destrucción' y que
ocasionó una demanda por parte de la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal.
La organización destaca, como puntos más
negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán
exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de
protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la
desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el
desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral
español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.
"Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el
Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían
dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual
hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la
organización ecologista, aunque reconoce que la enmienda se corrijió en
último momento.
"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El
Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente
regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe
con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel
del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja
inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de
Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
La organización ecologista
tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de una
memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a
suponer la reforma, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que
dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de
Justicia que había ganado el Estado.
"Provocará un grave
quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos
aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la
Ley", ha sentenciado..
Greenpeace presentará una queja ante la
Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva
europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva
europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la
conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la
conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el
convenio de Aarhus, la Directiva de 2003 de medidas para la
participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente.
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