MADRID.- El Congreso de los Diputados rechazó el martes, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular,
una iniciativa del principal partido de la oposición, el PSOE, para
regular las elevadas retribuciones de los directivos de grandes empresas
y obligar a los responsables de entidades financieras intervenidas por
el Estado a devolver las primas extraordinarias de los últimos cinco años.
En el debate en sede parlamentaria se hizo referencia a
la reciente jubilación del número dos del Banco Santander, Alfredo
Sáenz, retribuida con 88 millones de euros, o al ejecutivo mejor pagado
del 2011, Pablo Isla, máximo ejecutivo de Inditex, con 20 millones de
euros.
Para los grupos de la oposición, estas cifras resultan
indignantes para una sociedad golpeada por la crisis y el paro.
El diputado socialista Jesús Caldera defendió esta
iniciativa alegando que, a pesar de la crisis, los directivos del
IBEX-35 percibieron en el año 2010 una retribución media de 2,5 millones
de euros, 125 veces más que el promedio de sus trabajadores.
"Sus empresas no han mejorado sus posiciones
competitivas en el mercado, algunas han entrado en pérdidas, y las más
han reducido notablemente sus beneficios", aseguró el ex ministro de
Trabajo, para quien el problema no es la parte fija de las
retribuciones, si no la variable, como primas y pagas extraordinarias.
"Incentivan prácticas de riesgo notable, operaciones
especulativas, búsqueda de grandes beneficios en el corto plazo, que de
tener éxito les benefician, pero de fracasar perjudican a trabajadores y
accionistas", añadió Caldera.
El Partido Popular rechazó rotundamente la propuesta
socialista, apoyada por el resto de la Cámara a excepción de CiU, que se
abstuvo, por aportar "ruido" en lugar de "soluciones".
"Gracias a este Gobierno dichas indemnizaciones están
hoy gravadas, terminan en la Hacienda pública, antes solo en los
bolsillos de los directivos", dijo el diputado popular Ricardo Tarno,
que recordó que el PP limitó el salario de los directivos de empresas
públicas y de las entidades acogidas al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB).
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