FRANCFORT.- El Gobierno español debería adoptar un
conjunto de medidas más amplio para abordar así las causas subyacentes
de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de
evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias, según
refleja un dictamen emitido por el Banco Central Europeo (BCE) en
relación con el proyecto de ley de protección de deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social, ya en vigor en España tras
su aprobación el pasado 8 de mayo.
"Sólo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer
frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias
económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de
los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo
al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para
acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral", señala la
entidad en un documento emitido la semana pasada y firmado por el propio
presidente del BCE, Mario Draghi.
No obstante, el instituto emisor considera que las modificaciones
de la legislación hipotecaria y de ejecución hipotecaria previstas en
este proyecto de ley "deberían basarse en un análisis pormenorizado de
su
impacto en el sistema financiero" y recomienda a las autoridades
españolas "vigilar los efectos que las medidas previstas de protección
de los deudores hipotecarios podrían tener en las provisiones y el
cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las entidades de
crédito".
En este sentido, el dictamen del BCE subraya que la ejecución
hipotecaria debe considerarse "el último recurso", ya que, a su juicio,
los prestamistas garantizados deberían estar interesados en evitarla,
puesto que resulta costosa y generalmente produce menos ingresos que las
ventas voluntarias si el hipotecante continúa cumpliendo todas o una
parte acordada de sus obligaciones de pago.
De este modo, la entidad recomienda que los prestamistas
garantizados adapten sus prácticas actuales de gestión de prestatarios
incursos en incumplimiento a fin de evitar las ejecuciones hipotecarias,
y que el
marco regulador proporcione incentivos a todas las partes interesadas
para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en
caso de incumplimiento.
Por otro lado, "aun cuando debe aplaudirse el establecimiento de
un fondo social de viviendas", el BCE señala que esta iniciativa debería
ser parte de una estrategia amplia e integrada de gestión de las
dificultades relacionadas con las hipotecas que permita un menor número
de ejecuciones y una menor necesidad de un fondo social de viviendas.
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