ESTRASBURGO.- El pleno de la Eurocámara ha respaldado este
martes una norma cuyo objetivo es acabar con los excesos en la concesión
de créditos hipotecarios como los que provocaron la burbuja
inmobiliaria en España o Irlanda y mejorar la protección de los
consumidores frente a los desahucios en caso de impago.
La directiva no ha sido sin embargo aprobada de forma definitiva,
ya que persisten las diferencias entre el Parlamento y los Gobiernos
sobre cómo supervisar desde la UE que los Estados miembros la incorporen
correctamente a sus legislaciones nacionales. Una vez que se pacte esta
cuestión, los países tendrán un plazo de dos años para transponerla.
"La nueva directiva pone fin a la desregulación del mercado
hipotecario europeo y consolida el préstamo responsable", ha dicho el
eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, ponente parlamentario
de la norma. Su objetivo, ha resaltado el comisario de Servicios
Financieros, Michel Barnier, es "prevenir los comportamientos de
préstamos irresponsables en Europa y proteger a los consumidores".
Por su parte, el eurodiputado del PP, Pablo Zalba, ha respaldado
la nueva norma y ha sostenido que la legislación española antidesahucios
"sigue la línea" de esta directiva. El representante de Izquierda
Unida, Willy Meyer, ha apoyado la directiva, aunque ha acusado a la
Comisión de ser una "sucursal de la gran banca" por haber vetado el
decreto andaluz antidesahucios.
La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la
dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato
de crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente
tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y que
hagan "todos los esfuerzos razonables para resolver la situación" antes
de iniciar un procedimiento de desahucio.
Cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, la norma exige que
la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco
facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los
consumidores estén sobreendeudados durante largos periodos. Así, se
prevén mínimos inembargables en salarios y pensiones.
La directiva obliga al banco a evaluar la capacidad del consumidor
para reembolsar el crédito, introduciendo por primera vez estándares a
nivel europeo. Si el resultado de la evaluación de solvencia es
negativo, la entidad deberá denegar la hipoteca.
Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto
estandarizado de información sobre la hipoteca que, según Bruselas, les
permitirá comparar ofertas e identificar la más barata y que más se
ajusta a sus necesidades. El folleto deberá avisar de los riesgos
asociados con la oferta, por ejemplo si es de tipo variable o está
contratada en una divisa extranjera.
Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia porque
la directiva prohíbe, en términos generales, ligar la concesión de la
hipoteca a la adquisición de otro producto financiero. No obstante, este
vínculo se permitirá en algunos casos como cuando se trata de seguros o
de productos de ahorro.
La directiva reconoce el derecho de los consumidores a reembolsar
la hipoteca antes de su vencimiento. Y deja a los Estados miembros
libertad para imponer el pago de una "compensación justa" al banco. Los
consumidores se beneficiarán de un plazo de tiempo garantizado de siete
días antes de quedar vinculados por el contrato de hipoteca, mediante un
periodo de reflexión, un derecho de desistimiento o ambos.
La nueva norma pretende además crear un mercado único hipotecario
que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte
europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un
Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por
ejemplo con los fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho
además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre
historial de crédito de sus clientes.
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