BRUSELAS.- El plan para imponer a partir de 2014 una
tasa a las transacciones financieras en 11 de los países miembros de la
Unión Europea, incluido España, "infringe" los tratados de la UE y
resulta "discriminatorio" para los países no firmantes de la iniciativa,
según recoge un documento elaborado por los servicios legales del
Consejo de la UE, el órgano que reúne a los Gobiernos de los 28, al que
tuvo acceso 'Financial Times'.
A pesar de que las conclusiones de este organismo no son
vinculantes, representan una significativa intervención que
probablemente supondrá que cualquier posible acuerdo para una tasa común
sea mucho menos ambicioso de lo previsto.
La Comisión Europea ha arremetido contra este dictamen y ha
sostenido que la tasa a las transacciones financieras es "jurídicamente
sólida y plenamente compatible con los tratados de la UE y el derecho
internacional".
"No plantea ningún riesgo de discriminación contra
ningún Estado miembro, participe o no en la tasa", ha dicho la portavoz
de Fiscalidad, Emer Traynor.
"En cualquier caso, esta opinión es una más entre las muchas que
han alimentado las discusiones sobre esta propuesta y no implica la
necesidad de ninguna ralentización en el trabajo para hacer avanzar la
tasa", ha subrayado la portavoz.
Los once países firmantes de la iniciativa, entre los que se
incluyen España, Francia, Alemania e Italia, pretenden llegar a un
acuerdo para la imposición de una tasa común a las transacciones
financieras, pero las conversaciones al respecto se han estancado en los
detalles respecto a cómo debería aplicarse y qué alcance debería tener.
En su documento, los servicios legales del Consejo cuestionan uno
de los puntos fundamentales del proyecto, el denominado "principio de
residencia", que plantea gravar a las entidades en función de dónde se
ubique su sede en vez de dónde se realice la transacción.
En este sentido, los expertos de la UE llegaron a la
conclusión de que la definición de dónde se establece una compañía
"excede la jurisdición de los Estados miembros para aplicar tributos
bajo las normas del derecho internacional consuetudinario, tal como se
entienden en la UE".
Por otro lado, los juristas indicaron que la medida "no es
compatible" con los tratados de la UE, ya que "infringe las competencias
fiscales de los Estados no participantes" y encontraron que la
provisión era "discriminatoria y probablemente llevaría a distorsionar
la competencia en detrimento de los miembros no participantes".
Las conclusiones de este órgano supondrán un impulso a las tesis
defendidas por Reino Unido, que ha argumentado que la proposición era
ilegal y superaba la jurisdicción de los países implicados.
Asimismo, la opinión representa un gran golpe para la Comisión
Europea, que había insistido en la legalidad del amplio alcance de la
propuesta.
De hecho, un funcionario de la UE consultado por el diario
británico e involucrado en el diseño de la tasa defendió que la Comisión
se mantenía en su valoración legal y discrepaba significativamente con
los argumentos esgrimidos por los servicios legales del Consejo.
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